Ana María Fuentes Pacheco (Ronda, Málaga, 1972) lleva más de ocho años como guardiana de los controles internos del PSOE. En 2021 llegó a la dirección de la Oficina de Cumplimiento Normativo y, desde octubre de 2021, simultanea esta responsabilidad con la Gerencia del partido. La malagueña asumió este último cargo ya con el exsecretario de Organización Santos Cerdán al frente de esta área, tras la salida de José Luis Ábalos.
Esta doble responsabilidad será hoy especialmente relevante para el futuro judicial del PSOE: la persona encargada de velar por el cumplimiento de las normas dentro de Ferraz y la responsable de supervisar las cuentas del partido tendrá que responder como investigada ante el juez Santiago Pedraz por unas actuaciones que pueden terminar situando al PSOE ante su imputación como persona jurídica.
El pasado 16 de julio, el juez Santiago Pedraz acordó nuevas diligencias dentro de la investigación que dirige sobre presuntas irregularidades ligadas a la trama de Cerdán. El magistrado la sitúa como “quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”. Así, fijó la declaración de la gerente del PSOE para hoy a las 10:00 horas. Media hora después, también está llamado a declarar como investigado Ismael Oliver Romero.
Importancia del ‘compliance’
En este sentido, en paralelo al control contable que ejerce como gerente, cobra relevancia el ‘compliance’. Es decir, el conjunto de procedimientos con los que una organización trata de prevenir, detectar y reaccionar ante posibles incumplimientos legales. Su aplicación efectiva puede resultar determinante cuando una organización se enfrenta a una eventual responsabilidad penal como persona jurídica.
El Código Penal prevé que, si se han adoptado y ejecutado eficazmente y cumplen los requisitos legales, pueden eximir de responsabilidad penal a una persona jurídica o, cuando esos requisitos solo se acrediten parcialmente, atenuar la pena. Entre otras condiciones, estos mecanismos deben identificar las actividades en las que exista riesgo de delito, establecer procedimientos y controles adecuados y confiar su supervisión a un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control.
La gerente del PSOE, licenciada en Derecho y especializada en cumplimiento normativo, trabajó en este ámbito en el sector privado. En su comparecencia en el Senado, ella misma puso en valor este conocimiento, señalando que cuenta con formación específica y con la certificación CESCOM (Certificación Española de Compliance). Su trayectoria, sin embargo, está también estrechamente vinculada al partido. En el pasado también ocupó cargos políticos en la Junta de Andalucía, en el Ayuntamiento de Ronda como concejala, además de diputada por Málaga en el congreso entre 2004 y 2011.
Un modelo de control interno
Tras su llegada a la estructura de control de Ferraz en octubre de 2018, Fuentes participó en el diseño de los mecanismos internos de prevención y control. “Lo primero que hicimos, como en cualquier modelo de cumplimiento normativo, fue diseñar cuáles eran los riesgos a los que estamos afectos como partido político“, explicó ante los senadores. A partir de ahí, según relató, se analizó la operativa de los distintos departamentos y se comenzó a establecer “un modelo o un marco de control interno”.
Con este bagaje, tres años después, con Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización, fue nombrada directora gerente. Precisamente, la compatibilidad de esta doble condición llamó la atención de un senador en la Cámara Alta, que cuestionó la independencia de la supervisión al recaer ambas responsabilidades en la misma persona. Fuentes defendió su compatibilidad y recordó que el sistema no depende exclusivamente de ella, sino que cuenta también con un Comité de Cumplimiento Normativo.
Más de 70 millones en caja
Desde la Gerencia, Fuentes ocupa además una posición central en la estructura económica de Ferraz. Las últimas cuentas formuladas bajo su responsabilidad constatan que el PSOE cerró 2025 con 70,36 millones de euros en tesorería, unos ingresos de 72,76 millones y un patrimonio neto de 123,25 millones. Los movimientos de fondos y los pagos realizados desde la sede de Ferraz centran las investigaciones judiciales abiertas tras el caso Santos Cerdán, así como las actuaciones atribuidas a su mano derecha Leire Díez.
Aunque la Memoria de 2025 señala que el PSOE “sigue sometiendo sus cuentas anuales a auditoría externa”, en línea con sus objetivos de transparencia y mejora de los procedimientos administrativos, contables y financieros, no incorpora el resultado de esa revisión extraordinaria. Cabe recordar que el partido ha perdido a su auditor de referencia desde 2020: Grosclaude informó de que no fiscalizará las cuentas de 2025.
Nota de encargo a Ismael Oliver
Hace menos de un año, Fuentes compareció en el Senado para defender la regularidad de las cuentas y los controles de Ferraz. Hoy lo hará como investigada y tendrá que explicar ante Santiago Pedraz su intervención en los documentos que sustentaron algunos de los pagos bajo sospecha.
En su responsabilidad como gerente, el auto del magistrado atribuye a Fuentes la emisión de una nota de encargo para abonar 27.225 euros al despacho Ismael Oliver y Partners, fondos que según la tesis del juez estaban destinados a pagar servicios de Leire Díez y que esta terminó cobrando desde una segunda sociedad, Oliver Gruppe, con el objetivo de “romper la trazabilidad de los fondos”. El juez también señala su intervención en otra nota de encargo relacionada con los pagos al abogado Jacobo Teijelo.
Más allá de su propia situación procesal, si la investigación termina dirigiéndose contra el PSOE como persona jurídica, la eficacia de los mecanismos de prevención y control del partido puede convertirse en una cuestión relevante para su defensa.
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