Maniobra totalmente inesperada. El juez Juan Carlos Peinado se va de vacaciones antes de decidir sobre si devuelve el pasaporte a Begoña Gómez para acudir a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la graduación de su hija.
Tras una carambola de asignación de jueces en los juzgados de Plaza Castilla, recae la responsabilidad en Antonio Viejo, el juez que, casualmente, instruye las causas abiertas contra Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Así las cosas, Viejo decide que la mujer del presidente no podrá asistir a la cumbre de la OTAN en Turquía, pero sí a la graduación de su hija en Londres.
El juez levanta la medida cautelar para que acuda a Londres. Le devuelve el pasaporte entre los días 8 y 10 de julio y le pide que lo devuelva el 13 de julio al juzgado. Justifica la decisión por “la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir”.
Turquía no pertenece a la UE
Si bien rechaza que acuda a la cumbre de la OTAN porque cree que está “invitada por razones de cortesía institucional internacional, sin tener una intervención activa en dicha cumbre”. Y además “Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en
asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional”, zanja el magistrado.
Así las cosas, Peinado consigue mantener en vilo hasta el final a la mujer de Pedro Sánchez que pretendía coger el avión oficial este martes tras el Consejo de Ministros rumbo a Ankara donde se celebra este año la cita internacional. Al mismo tiempo, evita pronunciarse sobre el levantamiento de la medida cautelar después de haber originado un huracán en el seno de la justicia con su decisión de retirarle el pasaporte a Gómez.
El abogado de Begoña Gómez solicitó la autorización el 29 de junio. Al día siguiente Peinado dio traslado a las partes para que se pronunciaran en un plazo de tres días sobre la pertinencia de devolverle el pasaporte. La acusación popular liderada por Hazte Oír se opuso a que Gómez viajara. Por su parte, la Fiscalía solicitó que se le devolviera el pasaporte.
El riesgo de fuga
El último día que trabajó Peinado fue el jueves 2 de julio. Después cambió la guardia de juicios rápidos que tenía prevista para el viernes y el lunes oficialmente empezaron sus vacaciones. Así evitó tener que pronunciarse.
La defensa de Gómez alegó que en todo momento iba a estar acompañada del equipo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, lo que “por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos”, aseguraron.
Con esta alegación metía en un brete al juez Peinado que, precisamente, alegó la interposición de medidas cautelares poniendo en duda la profesionalidad de los Policías Nacionales que llevan la seguridad de Moncloa. El juez apuntó a un riesgo de fuga porque procesa a Gómez por cuatro delitos que entrañan penas de prisión de hasta 24 años.
Para justificar ese riesgo añadió este comentario sobre sus escoltas: “Esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.
“Peinado no quería redactar ese auto”
Esto desencadenó toda una tormenta de quejas. El ministerio del Interior, institución responsable de la Policía Nacional, denunció a Peinado ante el Consejo General del Poder Judicial por las referencias a sus agentes.
Eso propició una reunión de urgencia en la comisión permanente del órgano de los jueces que envió al promotor de acción disciplinaria que evaluara si la referencia de Peinado podría entrañar la apertura de un expediente disciplinario.
“Peinado no quería redactar ese auto”, concluyen algunos jueces instructores consultados por Artículo14 que, a su juicio, consideran “extravagante” que haya dejado esa decisión a un sustituto. Quería evitar tener que justificar cualquier decisión que pudiera desencadenar otro revuelo.
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