El grupo de opinión socialista Reactiva ha solicitado por carta al Comité Federal del PSOE, que se reúne este sábado 27 de junio, la convocatoria de elecciones generales antes de que finalice el año, así como la renovación inmediata de los liderazgos del partido con el nombramiento de una Comisión Gestora que convoque un Congreso extraordinario.
La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, va dirigida al Comité Federal, máximo órgano del PSOE entre Congresos, que está dirigido por el presidente del Gobierno y secretario general Pedro Sánchez y en ella piden a los integrantes que hagan un ejercicio abierto de debate ante la situación “crítica” en la que se encuentra el partido.
“Crisis de credibilidad”
Consideran que el PSOE está inmerso en una “crisis de credibilidad” agravada por los casos de presunta corrupción y también por las actuaciones políticas de partido y Gobierno que, dicen, les alejan cada vez más de sus principios socialdemócratas.
Reactiva es un grupo de militantes socialistas que a principios de junio se reunieron en la sede de UGT en Madrid para mostrar sus discrepancias con la actual dirección del partido, pedir elecciones y la celebración de un Congreso.
Mientras, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado a la Audiencia Nacional la nulidad del caso Plus Ultra por presunta vulneración de derechos fundamentales. Así lo ha hecho este jueves el exlíder socialista, investigado en la causa, a través de un incidente de nulidad al que ha tenido acceso Europa Press. Zapatero pide declarar la vulneración de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.
Asimismo, Zapatero solicita que se excluyan del proceso las evidencias obtenidas en “todas las entradas y registros” acordadas tanto por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que empezó a investigar el caso, como por la Audiencia Nacional.
“Conversaciones privadas no autorizados”
La defensa del expresidente considera que el procedimiento “parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados” y apunta a “maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente”. Considera que se ha incorporado al procedimiento prueba “ilícitamente analizada” y que “ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de derechos fundamentales” tanto de él como de otros.
Nulidad “en la propia génesis”
El expresidente sostiene que la nulidad se da “en la propia génesis” del procedimiento de instrucción a finales de 2025 y “arrastra las sucesivas actuaciones”. “Todas esas resoluciones, que no se han notificado a mi mandante y se dictaron cuando mi representado no formaba parte del proceso, vulneraban derechos fundamentales y de terceros que son susceptibles de ser denunciados a través de este cauce extraordinario”, razona.
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