¿El fin del ‘Gibraltar español’?

Este martes 14 de julio, la Comisión Europea y Reino Unido firman en Bruselas el Tratado que regula el futuro de Gibraltar, tras la demolición física de la Verja fronteriza el lunes. Un momento histórico que contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La rúbrica corresponderá a Maros Sefcovic por parte comunitaria y a Yvette Cooper por la británica; España, aunque no firma —al tratarse de un acuerdo entre la UE y Reino Unido—, estará representada por José Manuel Albares, que acudirá junto al ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo. Albares, por su parte, ha definido el pacto como un “acuerdo histórico”, en un marco de “prosperidad compartida” con Gibraltar. Así, el Gobierno, sumido en varios casos de corrupción abiertos, volverá a presentar la acción exterior como su mejor carta.

El texto ha generado, sin embargo, varios frentes de debate desde su publicación. Entre ellos,  el asunto de la soberanía española sobre el Peñón. ¿Ha aprovechado España, con este tratado, la ventaja negociadora que le ofrecía el Brexit para reforzar su posición sobre la soberanía de Gibraltar? El acuerdo incluye una cláusula que no prejuzga las posiciones de ambos países, mientras Picardo ha reivindicado ante Naciones Unidas el derecho a la autodeterminación del Peñón y España mantiene su reclamación histórica.

“Reino Unido tenía la posición demandeur por el Brexit”, aseguran fuentes diplomáticas. “Con la salida del Brexit, si España no entra en negociar Gibraltar se habría quedado aislada en cuanto a los acuerdos fiscales, económicos y comerciales”, afirman. “Era nuestro momento para poder presionar sobre nuestros intereses y no lo hemos aprovechado”, afirman.

Se refieren a que Gibraltar, junto con las Islas Malvinas, se distingue de otros casos en que su descolonización no está vinculada a la libre determinación, sino a las negociaciones entre España y Reino Unido. Este factor fue clave en la incorporación del Peñón a las Comunidades Europeas.

Un acuerdo congelado durante años

En 1965, la Asamblea General de la ONU dejó clara su postura: el contencioso de Gibraltar debía zanjarse a través del diálogo bilateral entre Madrid y Londres. Tres años más tarde, en 1968, el organismo instó al Reino Unido —en su condición de potencia administradora del Peñón— a poner fin a la situación colonial antes del 1 de octubre de 1969. Desde entonces, la denominada Decisión ha sido refrendada por consenso cada año, en paralelo al respaldo constante de la Unión Europea a un entendimiento entre las partes.

“El Brexit había colocado a Reino y Gibraltar en una posición de debilidad objetiva, por lo q el acuerdo es una victoria táctica para ambos y una renuncia implícita a la principal palanca negociadora de la que disponía España”, asegura otro diplomático. “El acuerdo técnico elimina los incentivos de Reino Unido para abordar el tema de la soberanía. El principal problema para Londres tras el Brexit queda resuelto sin abordar la cuestión histórica”, y añade: “Hay un riesgo cierto de q se consolide el statu quo q no es favorable a la reivindicación de soberanía”.

Las negociaciones parten del llamado Acuerdo de Nochevieja, sellado por España y el Reino Unido el 31 de diciembre de 2020. Tras la cumbre celebrada entre la UE y el Reino Unido el 19 de mayo en Londres, Maros Sefcovic reclamó a ambas partes capitalizar el “impulso” político generado por los líderes europeos y británicos para cerrar definitivamente un pacto en constante negociación. “La UE podría haber dictaminado que Gibraltar no se beneficiara ni de Schengen, ni del mercado común, ni de la demanda aduanera. Y eso es lo que no podrían soportar porque perderían todas sus ventajas comerciales y privilegios fiscales”, afirman estas fuentes. “Por tanto, hemos perdido una oportunidad con sus consecuencias”.

Los otros flecos

En el plano jurídico, el Gobierno ha optado por no someterlo a votación en el Congreso, al considerarlo un acuerdo celebrado por la UE y no un tratado bilateral clásico entre Madrid y Londres, lectura que PP y Vox cuestionan. En materia de control fronterizo, el acuerdo transfiere un sistema dual entre España y Reino Unido, mientras la oposición ha señalado que, al no figurar España como parte formal del tratado, es la UE y Reino Unido quienes establecen cómo se debe gestionar el futuro de Gibraltar. En cuanto al espacio Schengen, el diseño del pacto mantiene al Peñón fuera de la Unión Europea, pero lo integra funcionalmente en Schengen y en una unión aduanera con el bloque, un encaje híbrido diseñado para eliminar la frontera física.

Lo que defiende el Gobierno

Por su parte, desde Exteriores se explica que “El principal objetivo del futuro acuerdo es garantizar la prosperidad futura de toda la región”. Para ello, “se eliminarán la totalidad de las barreras físicas, los chequeos y los controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen, el Mercado Único de la UE y la Unión Aduanera“. Lo que, a su juicio, traerá “confianza, seguridad jurídica y bienestar a los habitantes de toda la región, promoviendo una prosperidad compartida y unas relaciones estrechas y constructivas entre las autoridades gibraltareñas y españolas”.

Beneficios a corto plazo

“El acuerdo beneficia en el corto plazo a una mayor cooperación policial y aduanera, controles de entrada al espacio Schengen, mejoras sustanciales para el Campo de Gibraltar…q es lo que están vendiendo”, afirman las mismas fuentes.

También han acordado disposiciones sobre visados y permisos y una estrecha cooperación entre las autoridades policiales y judiciales. En el ámbito de las mercancías, las partes han acordado que se mantendrá una estrecha colaboración entre las autoridades aduaneras y se eliminarán los controles de mercancías. “Se ha llegado a un acuerdo sobre los principios de imposición indirecta que se aplicarán en Gibraltar, incluyendo el tabaco”, defienden.

La posición de la Oposición

Desde el PP, por el contrario, se critica que cualquier acuerdo sobre Gibraltar “debe ser debatido y votado en las Cortes por razones constitucionales y por sentido democrático”. Asimismo, echan en falta que se detallen inversiones, programas, qué transferencias se van a realizar… y, principalmente, añaden que no cabe prosperidad compartida sin una equiparación fiscal. “¿Va a poner en marcha un plan de inversiones en la comarca del Campo de Gibraltar para reducir la brecha de renta con los ciudadanos del Peñón?”, se preguntan.