La Mesa del Congreso ha acordado suspender cautelarmente las acreditaciones de prensa de Vito Zoppellari Quiles y Bertrand Ndongo ante el aumento de denuncias y altercados protagonizados por ambos en las dependencias de la Cámara. La medida, que se aplicará de forma inmediata mientras se resuelven los expedientes abiertos, busca proteger el normal funcionamiento del Congreso y garantizar el respeto hacia diputados y periodistas acreditados.
Según fuentes parlamentarias, el órgano de dirección de la Cámara ha constatado en las últimas semanas un “notable deterioro” de la convivencia en las salas de prensa, con episodios de violencia verbal e incluso ataques físicos denunciados por diputadas. El nuevo reglamento lleva en activo menos de diez meses y, en el caso de Vito Zoppellari Quiles -conocido como Vito Quiles- acumula ocho expedientes abiertos, dos de ellos ya con propuesta de sanción, mientras que Bertrand Ndongo tiene tres expedientes, uno de ellos también en fase avanzada de tramitación con propuesta de sanción y en fase de alegaciones finales.
“Tan solo en su reunión de hoy, la Mesa ha tenido que tramitar cuatro informes emitidos por el Consejo Consultivo de Comunicación, formado por funcionarios, políticos y periodistas, por episodios de intolerable nivel de violencia verbal, e incluso de ataques físicos a diputadas de esta Cámara”, informa el comunicado.
Esas denuncias se han ido viendo en el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) del Congreso, en el que solo tienen voto diputados de todos los grupos salvo PP y Vox, que renunciaron a estar, y que propuso abrirles expediente por distintos episodios.
Derecho a recurrir
La decisión se ampara en el artículo 56.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que permite adoptar medidas cautelares urgentes para proteger los intereses implicados antes de que exista una resolución definitiva. Desde la Mesa insisten en que todos los procedimientos se están desarrollando con “pleno respeto” a las garantías legales y reglamentarias.
El comunicado denuncia el “desprecio” al ejercicio de la libertad de expresión de las diputadas y el derecho a ejercer sus funciones, al igual que “constituye una verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso y un ataque al Estado social y democrático de Derecho que establece nuestra Constitución”.
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