Sólo tres veces se ha utilizado el dispositivo que el Gobierno de Pedro Sánchez activó en la madrugada del sábado al domingo para pasar por encima del Ejecutivo canario que preside Fernando Clavijo y la Autoridad Portuaria de Tenerife. Un protocolo excepcional que se activó de noche y estuvo disponible en tiempo récord y que muestra un proceder radicalmente opuesto en la crisis el hantavirus al que siguió Sánchez en la DANA con la Comunidad Valenciana, con el “si quieren ayuda, que la pidan”, y su negativa a asumir la gestión de la respuesta a la catástrofe.
Clavijo, reticente desde el principio
Clavijo se mostró reticente desde el principio al operativo diseñado por Moncloa cuando el MV Hondius estaba atracado en Cabo Verde. Tras denunciar que no se le había comunicado nada, viajó a Madrid, sin que le recibiera Sánchez, y vendió que en una reunión con Mónica García y mandos técnicos había logrado que en lugar de atracar el barco fondeara.
La llegada del crucero estaba prevista en la madrugada del sábado al domingo, aunque luego se retrasó unas horas. Pues bien, el Gobierno de Canarias no veía clara la situación y en la noche del sábado bloqueó el fondeo del buque, competencia suya. A la 1 de la madrugada los Ministerios de Sanidad, Interior y Política Territorial sobre el terreno advirtieron del plante y Moncloa requirió al Ministerio de Transportes para que activara el artículo 299 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, lo que al filo de las 2 de la madrugada culminó en una resolución, a la que ha tenido acceso Artículo14, que firmó la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco.
La resolución
“La situación actual del buque MV Hondius comporta un riesgo en un doble sentido; desde un punto de vista de la seguridad marítima, existe una necesidad de asistencia sanitaria a bordo, con limitaciones operativas para mantener a las personas en el buque durante más tiempo […] Desde un punto de vista sanitario, las autoridades sanitarias españolas, en coordinación con las de otros países, han organizado un operativo sanitario especial para el desembarco controlado en frente del puerto de Granadilla”, enumera el documento, que advierte de que “las autoridades competentes han determinado que el control sanitario es más eficaz en un puerto preparado que manteniendo indefinidamente el buque en alta mar”.
De acuerdo con estas razones, “se considera justificada la acogida” del buque y la Dirección General resuelve “imponer la acogida del buque […] ya sea mediante fondeo o mediante atraque”, en una resolución que puso fin a la vía administrativa.
El lunes tuvo que intervenir en el mismo sentido el Capitán Marítimo de Tenerife para que se amarrara el barco, ya que la mala mar dificultaba al máximo o impedía el desembarco de los pasajeros que quedaban, pero ya estaba previsto en la resolución.
Lo que dice la ley
La resolución se acoge al artículo 299 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que sólo se ha activado en 2017, en 2021 y en 2022 y 2023 en el mismo caso, y que establece que “el Director General de la Marina Mercante es la Autoridad competente para la toma de decisiones respecto de los buques necesitados de asistencia, entendiendo por tales aquellos que, por su propia situación o por circunstancias externas, se encuentren en peligro de naufragar o que, en general, supongan una amenaza para la navegación o la integridad del medio ambiente marino”.
Esta autoridad “adoptará la decisión que estime pertinente sobre la acogida de buques necesitados de asistencia en lugares de refugio, pudiendo imponerla, si considera que tal acogida es la mejor solución para la protección de la vida humana y el medio ambiente marino”.
Tres únicos precedentes
En septiembre de 2017 se activó en el caso del C-Star, un barco que fletó el grupo xenófobo Generación Identitaria y que se quedó sin combustible y sin medios a cinco millas del puerto de Barcelona y se le obligó a llegar a tierra.
El 25 de febrero de 2021, el Ministerio de Agricultura español ordenó el atraque en el puerto de Cartagena del buque Karim Allah, procedente de Libia, para realizar una inspección sanitaria a los terneros a bordo. La inspección constató que el estado de los animales impedía su exportación tras meses de viaje, ordenando su desembarco.
En 2022 se hundió el barco del narco Nehir cerca del puerto de Gijón y fue intervenido judicialmente por transportar casi dos toneladas de cocaína. En 2023 el Ministerio de Justicia acordó “reflotar y asegurar la embarcación es una operación pionera y de gran envergadura”.
Entre los objetivos de esta operación estaba evitar posibles daños medioambientales y facilitar, con la mayor celeridad, el normal funcionamiento del puerto.
La intervención de emergencia del Ministerio de Justicia respondió al requerimiento judicial de la Audiencia Nacional y al alto riesgo medioambiental que la embarcación suponía para el puerto de Gijón y su entorno.
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