El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha defendido públicamente su idea original de incentivar “la colaboración de personas que han tomado parte en el delito mediante la rebaja sustancial o la exención de la pena”, como Victor de Aldama, a pesar de la oposición de su superior jerárquica, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien le impidió solicitar una “atenuante muy cualificada” tras las confesiones del comisionista y su señalamiento tanto a Pedro Sánchez (“el 1” en el escalafón de la tramo) como al PSOE por financiación irregular.
Luzón, sin embargo, ha aprovechado su informe final en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra los tres acusados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. (José Luis Ábalos, Koldo García y Victor de Aldama) para afirmar que sin la colaboración de los implicados “es imposible acreditar la existencia de esa organización”.
“Si de verdad queremos combatir las organizaciones criminales y la corrupción debemos recompensar a quienes salen de ese entorno criminal y lo denuncian”, ha defendido.
El fiscal ha señalado que “eso no quiere decir que la declaración deba ser asumida acríticamente y elevada al rango de prueba”, añadiendo que “todo lo que da por probado en cuanto a la declaración de Aldama está corroborado por otros elementos probatorios”.
Por ello, ve “posible, como hace la acusación popular” que lidera el PP, “apreciar la atenuante como muy cualificada” de confesión, aunque Anticorrupción no la contempla, o “admisible”, como hizo la defensa de Aldama, “apreciar o valorar la atenuante privilegiada”, que dejaría al empresario con opciones de evitar entrar en la cárcel.
“Frente a la cansina letanía del pacto con el fiscal, lo único que hay por parte de la Fiscalía es la estricta aplicación de la ley“, ha reivindicado.
Reacción “contundente” contra la corrupción
El fiscal ha remarcado que José Luis Ábalos, Koldo García y Aldama se enfrentan “a penas graves” porque “graves son las conductas que se les imputan”: “Nos encontramos con una corrupción orgánica, organizada, nada menos que desde un ministerio del Gobierno”, lo que “está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten poniéndolas a su servicio”.
Para Luzón, así se “deslegitima el Estado de derecho” y ha criticado “las actuaciones de poderes públicos que normalizan o minimizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguirlas”. “La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y sólo una reacción contundente contra ella puede frenarlas”, ha proclamado.
Además, ha incidido en la “función preventiva” de las sanciones penales para reclamar que se impongan las penas solicitadas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
Sánchez no fue el “1” en la “organización criminal”
Luzón también ha dejado claro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “no era el número uno” en la “verdadera organización criminal” que, ha recalcado, conformaron el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama.
El fiscal ha incidido en que Ábalos era “denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, a la vez que ha hecho hincapié en el “matiz” del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, que aseguró que “quien paga, manda, y quien paga y exige es Aldama”. “Pero habría que hacer también una precisión a esta consideración, y es que Aldama no interviene en algunos de los delitos de que vienen acusados Ábalos y Koldo”, ha puntualizado.
Luzón ha querido dejar “claro” que hay que tener eso en cuenta cuando se compara su petición de prisión para el empresario -7 años- con las que solicita para Ábalos (24) y Koldo (19), que “no han necesitado contar con Aldama para la comisión de conductas”.
“Palmaria confusión patrimonial”
El fiscal ha asegurado que la presunta trama nace en el seno del Ministerio de Fomento -después denominado de Transportes- a raíz de la llegada de Ábalos en junio de 2018 y de unas “relaciones personales” que surgieron y que “pronto” convinieron en el “común lucro”, lo que dio pie a una “verdadera organización criminal”.
“Fuera como líder o al menos como pieza clave”, Ábalos en “raras ocasiones descendía al terreno de juego, a la ejecución de los delitos”, ha continuado, “porque para eso contaba con el fidelísimo Koldo“, que “era el interlocutor natural para hablar con él”.
En cuanto a Aldama, el “elemento corruptor”, ha descrito que fue la persona que, “en beneficio propio y de terceros, aprovechó la influencia” que “se garantizó mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero” para conseguir sus propósitos, “conectando sus intereses con la Administración, en este caso con Transportes”.
También ha comentado que la presunta trama tenía sus “propios códigos”, ya que “utilizaba un lenguaje convenido”, como “las chistorras, los soles, las lechugas” o “el café” para referirse a dinero, con “plena conciencia de antijuridicidad de sus conductas”.
Igualmente, Luzón ha apuntado a la “palmaria confusión patrimonial” entre el exministro y su exasesor, por el hecho de que Koldo “satisfaga numerosos gastos periódicos por cuenta de su jefe, lo que evidencia que este dinero que maneja, en realidad, lo está haciendo por cuenta de Ábalos, con una doble contabilidad”.
“En total, hay al menos 94.800 euros que Ábalos no habría compensado Koldo”, ha expuesto, y ha aplaudido el “excelente trabajo de la UCO”, del que la Fiscalía “desde luego está orgullosa”. “Y creo que los ciudadanos españoles también deben estarlo”, ha apostillado.
La “colaboración” de Aldama con la Justicia “requiere un premio”
El abogado de Aldama, José Antonio Choclán, ha incidido que en noviembre de 2024, cuando se encontraba en prisión provisional por el caso Hidrocarburos, el empresario decidió “iniciar una colaboración con la Justicia”. Una decisión, a su juicio, “muy trascendente porque implica la renuncia a la propia defensa”, así como “la autoincriminación y la entrega a los brazos de la acusación”.
“Eso requiere un premio”, ha demandado el abogado, que ha indicado que Aldama asumió “un rol difícil no solo por la asunción de delitos graves, sino precisamente por la lucha frente al aparato estatal”.
Por otro lado, Choclán ha manifestado que “el pago de comisiones a Ábalos y Koldo ha quedado absolutamente acreditado” y que Aldama “era la persona encargada de proporcionar fondos”.
“Víctor es la persona que llama a la puerta para decirles, ‘oye, si quieres una obra pública, vas a tener que pagar una comisión’. Era un recaudador de fondos, fondos entregados a Koldo y a Ábalos”, ha remachado. Ese dinero, según dijo Aldama y ha recordado el letrado, se destinaría “a financiar al Partido Socialista a través de un sistema de donaciones nominativas, que ya se encargaría Koldo de buscar a los donantes”.
También ha agradecido al fiscal jefe de Anticorrupción haber dejado “la puerta abierta, aunque no lo haya hecho formalmente en su calificación, a los postulados de la acusación popular y de la defensa” sobre la atenuante de confesión, más favorable para el presunto conseguidor que la del Ministerio Público.
Una colaboración contra un “aparato estatal”
Choclán ha manifestado que el “mérito es mucho mayor”, en lo referido a la confesión de Aldama, teniendo en cuenta que “esa colaboración es en solitario de un ciudadano contra un aparato estatal en el que ya aparecía implementada una organización criminal antes de que él llegara”. “Y esta Sala tiene la oportunidad precisamente de sentar doctrina sobre esta situación”, ha apuntado.
Y como ejemplo, el abogado ha citado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentó “una demanda de juicio ordinario” después de su declaración como acusado el pasado 29 de abril.
“Tiene su lectura, como también la tiene el que el PSOE pidiera la prisión de Aldama en la causa que se sigue en el Juzgado Central Número 5”, ha señalado. Unos hechos que, según Choclán, “tienen un sentido de represalia por una actuación procesal y tiene un sentido de desincentivar a Aldama para la colaboración”.
La defensa de Koldo pide su absolución
Por su parte, la defensa de Koldo García ha solicitado en el Tribunal Supremo la absolución del exasesor ministerial, alegando que no decidió en la compra de mascarillas, que “no hay ninguna prueba” de que recibiera mordidas de 10.000 euros de Aldama y que no formó parte de ninguna organización criminal, que “sí que tiene” el empresario acusado y presunto conseguidor, según ha añadido.
“Koldo no decidía absolutamente nada, no solo en los contratos de mascarillas. Su papel era llevar la agenda del ministro y hacerle favores, ser su asesor personal”, ha asegurado en su informe final la abogada Leticia de la Hoz, que también ha reclamado su libertad provisional al entender que no existe riesgo de fuga tras el juicio y el “agravio comparativo” con Aldama, el único de los tres libre.
La letrada ha indicado que Koldo era “la persona de confianza” de José Luis Ábalos no solo en el Ministerio de Transportes, sino también en el PSOE, porque “mientras era ministro, era el secretario de Organización” de los socialistas. “Y en ese rol de hombre para todo”, “como mucho sería un cooperador no necesario, perfectamente sustituible“, ha afirmado, para asegurar que “no está integrado en ninguna organización criminal” y que no se cumplen los requisitos para acusarle de ello.
De la Hoz ha manifestado que “no hay ninguna prueba objetiva acreditada, ningún seguimiento, ninguna foto” de que Koldo recibiera pagos mensuales por parte del empresario, negando que una anotación analizada de “K10.000”, que pueden ser muchas cosas “a la vez” -según ha añadido-, se refiera al exasesor de Ábalos.
Además, ha señalado que los ingresos en efectivo de Koldo eran “lícitos” y ha incidido en que era “por delegación el que manejaba el dinero metálico de la Secretaría de Organización del PSOE”, por lo que tenía “metálico” y lo ingresaba en sus cuentas según consideraba.
Aldama era “el único con un plan para delinquir”
Para su abogada, de los informes de la UCO “se puede ver que Aldama sí que tiene una organización criminal, consigo mismo o con una serie de actores”, socios suyos, que han comparecido como testigos ante el tribunal pero “no han abierto la boca, se han acogido a su derecho a no declarar”.
“La propia UCO considera como el jefe de la organización criminal, en la cabeza”, ha apuntado, antes de querer recordar que cuando los agentes investigadores intervinieron en el juicio “hicieron incluso un gesto así, una pirámide, donde colocaron a Aldama”.
Ha asegurado que “no había un plan preconcebido” y que Koldo “no se integró en una organización para cometer un delito que todavía no sabían cuál iba a ser”. “No había un plan, el único plan para delinquir lo tenía Aldama en la cabeza”, ha considerado.
El abogado de Ábalos dice que Jésica es un”gancho” de Aldama
La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha tildado en el Tribunal Supremo a Jésica Rodríguez, expareja de él, de “gancho” del empresario Víctor de Aldama, al tiempo que ha manifestado que la contratación de mascarillas a una empresa vinculada al conseguidor del caso Koldo “se produjo de forma absolutamente normalizada”.
Así se ha manifestado el abogado Marino Turiel en su exposición del informe final al explicar que el piso en el que vivía Jéssica en el centro de Madrid -uno de los puntos que se están enjuiciando como un presunto favor al exministro- no se trataba de una dádiva.
Además, Turiel ha apuntado que el exministro “no utilizó el inmueble, no tiene las llaves, no es para él, no duerme, no pernocta, no tiene ningún tipo de acceso”, sino que se trataba de “un sitio de contacto con ella”. “No era su inmueble. Con lo cual, la dádiva no era para él. En todo caso, era una dádiva conformada por el señor Aldama en relación a su propio interés, es decir, a ella misma”, ha añadido.
A su entender, “existe un interés por parte del nexo corruptor”, en referencia a Aldama, quien tenía la “intención” de “congratular al ministro”.
No hubo “actuación delictiva” en la compra de mascarillas
Respecto a la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Turiel ha sacado a colación un correo electrónico que establece que la oferta de Soluciones de Gestión -la empresa vinculada a Aldama- “es la más viable”.
“Ese criterio de viabilidad, ese criterio de oportunidad de la viabilidad, no supone una elección indicativa de ninguna actuación delictiva, sino que no había mascarillas en ninguna parte y que realmente esa era la más viable”, ha destacado.
Por ese mismo criterio es por el que ha defendido el abogado que “se contrata con Soluciones de Gestión y, por cierto, se contrata con eficacia y con resultado cierto”. Además, ha indicado que “intentaron contratar con otras entidades, aspecto que se oculta, porque las otras entidades fueron absolutamente fallidas”.
Sobre el cambio del pedido de cuatro a ocho millones de mascarillas, Turiel se ha remitido a la explicación que dio Aldama en su declaración ante el magistrado instructor, achacándolo a un error de Correos, que mandó el dinero de las mascarillas antes de que la empresa tuviera esas unidades.
“El instructor le preguntó por qué se cambia la orden de cuatro a ocho (millones de mascarillas) y Aldama le explica que es que se ha producido un problema con Correos en una devolución, porque no había soporte contractual, les ingresan una cantidad de dinero, la cual tienen que devolver y se han colgado con las mascarillas”, ha explicado. Esto es, a juicio de Turiel, “una explicación profunda, determinante, causalizada, de forma evidente, que pone de manifiesto que efectivamente existió esa situación”.
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