El Gobierno asume ahora que en Ceuta permanecen entre 9.000 y 10.000 migrantes, y que todavía cerca de 3.000 permanecen en la calle. Que entre ellos hay alrededor de 3.000 menores, y que algunos de estos niños y adolescentes (al menos 300) permanecen en las instalaciones que dan cobijo a los adultos. Por no hablar de las 141 personas que perdieron la vida ahogadas mientras intentaban llegar a la ciudad autónoma a través de la frontera de El Tarajal.
Las cifras ilustran en parte las dimensiones de la crisis que comenzó el 30 y el 31 de julio. Y en el Ejecutivo hay algunas voces que asumen que sus propios errores de partida han dificultado encontrar una solución. El acelerón de los últimos días para ampliar plazas de acogida -con alivio ante la última decisión de la Audiencia Nacional- atestigua el temor a que la crisis se cronifique.
Incluso en el Gobierno hay quienes reconocen que Sánchez no debió desaparecer después de visitar la ciudad autónoma, el 31 de julio. Aspiraban a que la situación estuviera encarrilada en octubre, y hoy saben que ya no llegarán a cumplir su propio plazo.
El lunes, el jefe del Ejecutivo calculó que la normalidad habrá retornado a Ceuta de aquí a finales de año. “La intención es que el mando único se acorte, pero si llega el 31 de diciembre podría también prorrogarse”, reconocen fuentes de Moncloa. Siguen buscando nuevas ubicaciones para abrir más centros provisionales de acogida.
En sus filas no está tan claro que la resolución de la crisis baste para opacar su tardanza a la hora de mover ficha. Hay críticas en la dirección socialista -“Había que actuar antes”- y cierta sensación de zozobra en el grupo parlamentario en el Congreso. También hay quienes defienden que en los últimos días sí perciben un mayor esfuerzo por actuar dentro de las competencias que ostentan. Y, especialmente, quienes arremeten contra el Partido Popular por su rechazo a trasladar a los cerca de 3.000 menores a la Península.
Molestó especialmente que la dirección del partido de Alberto Núñez Feijóo insistiera el miércoles ante los medios de comunicación en que es el Gobierno central quien tutela a estos niños y adolescentes. “Si el PP puede devolverlos a la frontera como dice, ¿por qué no lo hacen?”, cuestionan en el Ejecutivo. “Están diciendo que se les devuelva como sacos de arena, aunque saben que es ilegal. Milagros, a Lourdes”, reprochan. “¿Qué impide al Gobierno de Ceuta hacerse cargo? Si les hemos transferido 25 millones de euros, por qué [los menores] siguen en la calle?”.
Irritó sobremanera que el PP hiciera de altavoz a las imágenes de tensión de primera hora del viernes -hubo incluso cargas policiales-, cuando los agentes trataban de coordinar el tránsito de cerca de 3.000 migrantes hasta el nuevo campamento en el puerto -con capacidad para apenas 1.700-. El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró en declaraciones a los medos que Ceuta se ha convertido en “una ciudad sin ley”, “de la mano del Gobierno”.
“Nunca se movió a tanta gente antes”, replicaron desde Moncloa. “Cuando han visto aparecer a las patrullas han sabido que empezaba [el traslado] y han corrido hasta el puerto”, con un “civismo absoluto”. “El PP parece que vive en un universo paralelo”, “son unos irresponsables”.
De hecho, y aunque ante cámaras y micrófonos se insista en que Marruecos sí cooperará con el trámite de los expedientes en marcha -hay 600 correspondientes a menores por responder, previos a la crisis-, fuera de plano son algo menos optimistas. De momento no quieren ponerse en este escenario, por más que lo tengan presente.
El PSOE coquetea con una reforma de la ley de extranjería, pero no se moverá sin el PP
Hay signos de algunos movimientos bajo el radar. El miércoles, el portavoz socialista en la Comisión Mixta para la UE en el Congreso, Vicente Montávez, tanteó ante el pleno si contaría con los votos del PP para evitar el escollo abierto por la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió las devoluciones en caliente para quienes crucen la frontera a nado.
“Es verdad que hay un vacío legal abierto por el Supremo que solo se cierra reformando la ley”, admitió, antes de señalar al PP: “¿Contamos con sus votos?”. Los conservadores ya han reclamado -y registrado- una modificación legal en esta dirección. Y fuentes del grupo socialista aclararon que, sin contar con su respaldo, no es viable dar más pasos.
En el Gobierno tampoco dan muchas más pistas. “Todo lo que mejore siempre va a estar sobre la mesa”, sostienen. Al mismo tiempo, las mismas fuentes reconocen que este escenario “no es ni remotamente planteable sin el PP”. Otro callejón sin salida.
Fuera de plazo con los Presupuestos y ante el paréntesis de la ONU
Esta misma semana, el Gobierno también decidió activar la maquinaria presupuestaria, para iniciar las reuniones formales entre PSOE y Sumar. Fuentes del Ejecutivo anticipan que las cuentas no llegarán a la Cámara Baja hasta octubre -fuera del plazo constitucionalmente marcado-, y su aterrizaje podría demorarse incluso hasta la segunda mitad de este mes.
Antes de esta cita, la próxima semana, Sánchez acudirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas: una cita marcada en rojo en el calendario que le permitirá defender el multilateralismo o sus políticas migratorias, además de su rechazo a la guerra en Irán o al “genocidio ” de Israel en Gaza. Allí se cruzará con Donald Trump -Moncloa aún no desvela si asistirá a la tradicional recepción ofrecida por el presidente de EEUU- y será el invitado de honor de un desayuno organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
De hecho, Sánchez prevé iniciar la semana entrando de lleno en el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial. El lunes, en La Moncloa, dará cuenta de sus planes para el sector en España y previsiblemente redoblará su cruzada contra los ‘tecnoligarcas’, que después escenificará ante la ONU. La agenda internacional previsiblemente servirá de paréntesis entre los múltiples frentes que Sánchez tiene abiertos en el plano doméstico.
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