Las piezas con las que cuentan empiezan a encajar, por más que el puzzle siga sin estar completo. El Gobierno de coalición ya tiene la fotografía para vender el arranque de la travesía del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2027. Los ministros Arcadi España (Hacienda) y Ernest Urtasun (Cultura) pusieron el rostro este miércoles al “pistoletazo de salida” para la negociación interna entre PSOE y Sumar, que se saldará con la aprobación del embrión de las nuevas cuentas en Consejo de Ministros.
Y, aunque aún no quieren reconocerlo públicamente, fuentes del Gobierno asumen que el proyecto presupuestario no saldrá del Consejo de Ministros rumbo hasta el Congreso en tiempo y forma. Esto es, antes del 1 de octubre, como establece la Constitución. Hoy por hoy contemplan su aprobación en el seno del Ejecutivo hasta las primeras semanas de octubre. A más tardar, en los primeros 20 días del próximo mes, según Moncloa.
De hecho, el Gobierno “prioriza” impulsar antes el nuevo modelo de financiación autonómica, que también deberá remitirse a las Cortes Generales para su aprobación definitiva. El nuevo modelo de financiación -el actual caducó en 2014-, es una de las grandes apuestas del Ejecutivo.
María Jesús Montero, exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda, abrió la caja de los truenos en su propio partido en verano de 2024, cuando anunció el pacto con ERC para desarrollar la “financiación singular de Cataluña”.
Y, aún sin los votos necesarios para garantizar su aprobación -pero con la necesidad de cumplir su acuerdo con los republicanos-, el Gobierno llevará al Congreso este proyecto de ley antes de abrir el melón presupuestario. “Asumimos el coste”, afirman. ERC lo exige.
Superado este hito, y salvo que Pedro Sánchez opte por convocar un Consejo de Ministros extraordinario, los Presupuestos saldrán del Gobierno como pronto el 6 de octubre, para después aterrizar en la Cámara Baja.
El mismo día está previsto que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo del dirigente de Junts Jordi Turull, fijando doctrina sobre la malversación que será extrapolable al resto de condenados y procesados en rebeldía por el procés, entre ellos Carles Puigdemont. El Gobierno lleva meses aguardando que el Tribunal de Garantías posibilite el retorno a España del expresident prófugo. Otra pieza podría encajar entonces. O, al menos, ayudaría a recomponer puentes con Puigdemont.
Una vez en la Cámara Baja, el proyecto de ley presupuestario tiene prioridad sobre el resto de iniciativas en tramitación. El Gobierno tiene cierta mano para alargar o aligerar las comparecencias previas y otros trámites, pero el propio Sánchez ha asegurado que estos números se votarán antes de finales de año. Hoy por hoy están muy lejos de lograr los apoyos, e incluso entre los dirigentes socialistas se asume que los Presupuestos son una suerte de programa electoral para las generales que se producirán pocos meses después, en una fecha aún por determinar.
De paso, recurrir al comodín presupuestario ayuda a Sánchez a introducir un nuevo tema en la agenda pública, toda vez que el Gobierno atraviesa serias dificultades para “pasar de pantalla” y dejar en segundo plano su gestión de la crisis en Ceuta. Como adelantó el lunes Artículo14, dirigentes socialistas planteaban activar la tramitación de las cuentas públicas para así recuperar parte del control de la agenda política, marcando distancia con una crisis que les ha desgastado seriamente.
Un contexto atípico para la foto: el PSOE se abstiene ante una norma de Sumar y los de Díaz amagan con lo propio
La imagen de España y Urtasun llega después de semanas de conversaciones discretas entre los socios para repartirse las distintas partidas presupuestarias. Y se produce un día después de que el PSOE se abstuviera ante una proposición de ley de Sumar para impedir la compra de viviendas a los fondos de inversión.
También llega tras el amago de Sumar de abstenerse ante la votación del real decreto ley del Gobierno -impulsado por los socialistas- para regular la actividad de los lobbies. En ambos casos, ninguna de las iniciativas habría salido adelante con los votos de cada uno de ellos. En el segundo, además, los de Yolanda Díaz rectificaron y votaron a favor.
En lo que respecta a los socialistas, su rechazo a la proposición de ley de Sumar coincide con el retraso del real decreto ley con medidas de vivienda que ambos socios comprometieron para julio. Después, para septiembre. Hoy sigue sin fecha. Desde el Ministerio de Vivienda insisten en que no se aprobará hasta que tengan los votos atados, y tanto Junts como Podemos se dicen lejos de prestar sus apoyos.
Las exigencias del socio minoritario
Si Sánchez cumple con su palabra -ya prometió unas nuevas cuentas en 2025, y nunca llegó a presentarlas-, serán los primeros presupuestos de su mandato. Los últimos se aprobaron en 2022, en la anterior legislatura, y son los que siguen en vigor, modificaciones mediante.
La ausencia de cuentas ha sido especialmente difícil de gestionar para Sumar, que siempre apostó por presentarlas aun a riesgo de recibir un duro varapalo parlamentario. El presidente nunca quiso asumir ese coste político.
Hoy, fuentes del socio minoritario reclaman unos presupuestos “expansivos”, “con un fuerte contenido social”. En concreto, demandan a los socialistas medidas para abaratar el coste de los alquileres de vivienda; la creación de una prestación universal por crianza; un nuevo impulso a la transición energética o un incremento de las partidas destinadas al cuidado de personas dependientes.
También recuperan su apuesta por una reforma fiscal con nuevos gravámenes a la riqueza, nuevos tramos de IRPF para hacerlo más progresivo o una mayor tributación de las rentas del capital. “Un presupuesto se asemeja a un programa electoral”, reconocen fuentes del Ejecutivo. Por el momento, ambos socios amagan con utilizarlo como tal.
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