El Gobierno respalda al ministro de Transportes, Óscar Puente, que este lunes cuestionó la imparcialidad de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. En público, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que Puente “ha puesto en valor la independencia judicial” con sus palabras sobre la instructora de la investigación por la entrada masiva de migrantes en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio.
“Lo que ha hecho es lo que hace siempre como buen jurista”, “como experto procesal”, aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En la misma comparecencia, Saiz también manifestó el “respeto” del Ejecutivo “a la labor judicial”. En privado, fuentes de Moncloa tampoco cuestionaron las declaraciones de Puente, y ratificaron que el ministro es “una voz autorizada”, evidenciando el cierre de filas con el titular de Transportes.
En concreto, el titular de Transportes consideró “bastante extraño” que la jueza exigiera al equipo investigador de la Policía Nacional no transmitir a los mandos policiales las conclusiones de su informe sobre la entrada a Ceuta, por tratarse de cuestiones “relativas a la seguridad nacional”.
“De entrada, denota un cierto principio de desconfianza que de alguna manera estaría hablando muy mal de la imparcialidad del juez, porque no entiendo muy bien por qué la jueza tiene que desconfiar”, planteó Puente en una entrevista en la Cadena Ser.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la desclasificación de “todos” los informes de inteligencia (elaborados por el CNI, por la Policía Nacional, la Guardia Civil o las Fuerzas Armadas) sobre los hechos ocurridos en Ceuta.
El compromiso del Ejecutivo es que 40 documentos, elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, sean publicados íntegramente (anonimizados) este mismo miércoles. “Damos un paso más en nuestro compromiso con la transparencia”, “no tenemos nada que ocultar”, presumió Saiz.
Varapalo del Supremo a la ley de nietos
Por otra parte, el Gobierno reconoce que no comparte la decisión del Tribunal Supremo de suspender la inscripción en el censo electoral de los acogidos a la ley de nietos, salvo que estos acrediten que son hijos o nietos de exiliados. El Alto Tribunal ha accedido así a la petición de suspensión cautelar que abanderaron Iustitia Europa y Vox.
“No compartimos esta decisión”, asumió Saiz, enfatizando que es “contraria” al “criterio” del Gobierno y de la Junta Electoral Central (JEC). “Confiamos en la imparcialidad de la Justicia”, apostilló poco después.
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