El Partido Popular ha llevado este jueves al Tribunal Supremo su pulso con el Gobierno por la negativa de varios ministros a comparecer en el Senado para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta. El recurso, al que ha podido acceder Artículo14, llega apenas 24 horas después de que la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, anunciara una ofensiva contra tres miembros del Ejecutivo por su gestión de la crisis y de que Alberto Núñez Feijóo confirmara desde la ciudad autónoma que su partido acudiría a la Justicia.
El grupo popular en el Senado ha presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno de no atender las comparecencias de Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles ante las comisiones de Interior, Asuntos Exteriores y Defensa. Las tres habían sido solicitadas por la mayoría absoluta del PP y tramitadas por los órganos de la Cámara.
La batalla judicial se suma así a la ofensiva política anunciada por Alicia García. La portavoz popular avanzó este miércoles que el PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para promover en el primer Pleno de septiembre la reprobación de cinco ministros: Marlaska, Albares y Robles, además de las titulares de Sanidad, Mónica García, y de Igualdad, Ana Redondo.
García vinculó directamente esta iniciativa con la negativa de los ministros a comparecer y calificó sus ausencias de “desplante” al Senado. “Si ellos no se van, lo dirá el PP por ellos”, proclamó desde la Cámara Alta.
Horas después, Feijóo elevó el choque al terreno judicial. Desde Ceuta anunció que el PP acudiría al Supremo para que determinase si los miembros del Ejecutivo pueden negarse a comparecer ante la Cámara Alta. “El Gobierno no puede decidir en qué Cámara acepta ser controlado”, sostuvo el líder popular. Un día después, el PP ha materializado ese anuncio.
Un recurso por vulneración de derechos fundamentales
Los populares han optado por presentar el recurso a través del procedimiento especial, preferente y sumario para la protección de derechos fundamentales. El escrito se dirige contra la actuación del Gobierno expresada en las comunicaciones remitidas por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes los días 7 y 8 de agosto y materializada posteriormente con las ausencias de los tres ministros.
El PP sostiene que la negativa del Ejecutivo vulnera el derecho fundamental de los senadores reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, que protege el ejercicio efectivo de las funciones inherentes al cargo representativo.
En este caso, los populares consideran que se ha impedido a los senadores ejercer el control de la acción del Gobierno. El recurso invoca jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del propio Tribunal Supremo sobre las facultades de control parlamentario y su integración en el derecho al ejercicio del cargo público.
Las comparecencias reclamadas por el Senado pretendían abordar diferentes vertientes de la crisis de Ceuta en función de las competencias de cada departamento. Marlaska debía dar explicaciones sobre seguridad ciudadana, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las cuestiones relacionadas con extranjería. A Albares se le reclamó para abordar las consecuencias internacionales de la crisis, mientras que Robles debía informar sobre la misión encomendada a las Fuerzas Armadas.
Los populares justifican esta petición en el calendario parlamentario. El periodo ordinario de sesiones comienza el próximo 1 de septiembre y consideran que esperar a la resolución definitiva del procedimiento “ya no permitiría recuperar el momento político y parlamentario en el que debía ejercerse el control”.
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