El PSOE ha lanzado una campaña de recogida de firmas para ejercer “presión” sobre el Tribunal Supremo con el objetivo de que revoque la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’.
Los socialistas han enviado correos electrónicos a sus militantes alertando de una “amenaza real” a la democracia que supone que los ciudadanos españoles que adquirieron o recuperaron su nacionalidad gracias a esta norma puedan perder su voz en las urnas.
“El Tribunal Supremo está evaluando el caso en este preciso momento y la resolución final es inminente” dicen los socialistas en este mensaje. “Si miles de personas nos unimos y alzamos la voz hoy, ejerceremos la presión necesaria para lograr la restitución inmediata de este derecho fundamental antes de que sea demasiado tarde”.
Maniobras de “la extrema derecha y la derecha”
El PSOE advierte a sus bases de que “las maniobras de la extrema derecha y la derecha”, a las que tildan de “herederas del franquismo”, han llevado al Supremo a “congelar el derecho a voto de ciudadanos españoles que adquirieron o recuperaron su nacionalidad” y aseguran que corren “un riesgo inminente de perder su voz en las urnas”.
El objetivo de PP y Vox, sostienen, es convertir a estos españoles en “ciudadanos de segunda” para “obtener rédito político despojándolos del derecho constitucional al voto”.
Desde Ferraz, por tanto, piden a sus militantes que firmen para “defender el derecho a voto de todos los españoles” y alertan de que las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal ponen en cuestión que ciudadanos que tienen reconocida la nacionalidad española “puedan participar en igualdad de condiciones en la vida democrática de su país”.
El Supremo advirtió de “peligro fundado y real”
Los socialistas lanzan esta campaña después de que el pasado 8 de septiembre el TS ordenase suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron su nacionalidad a través de esta disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el año 2022.
El Alto Tribunal apreciaba un “peligro fundado y real” para el resultado de futuras elecciones y justificaba su decisión por una instrucción del Ministerio de Justicia que eliminó la obligación de demostrar documentalmente la persecución por motivos políticos o ideológicos para obtener la condición de exiliado de las personas que salieron de España entre 1936 y 1955.
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