El reparto de menores a la península, bloqueado ‘sine die’ por el choque entre gobiernos

El limbo en el que viven cerca de 2.500 menores en Ceuta tiene difícil resolución en el corto plazo. “La intención es que los expedientes se resuelvan primero en Ceuta”, afirmó Pedro Sánchez hace una semana en entrevista con la Cadena Ser, descartando entonces su traslado a la península. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lleva semanas planteando otras vías (hasta tres), e incidiendo en que al menos las cerca de 500 niñas en situación de vulnerabilidad deben ser derivadas cuanto antes a centros de acogida en las distintas comunidades autónomas.

Sin embargo, fuentes de Juventud e Infancia asumen que no es posible llevar a la práctica ninguna de las fórmulas que hoy tienen sobre la mesa sin el visto bueno del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El mismo que este mismo lunes, en un desayuno informativo, insistió en que su posición, en consonancia con la dirección del PP y de las comunidades autónomas en las que gobiernan, es que estos menores tienen que ser retornados a sus países de origen.

Sostuvo que la ciudad autónoma se encuentra en “altísimo riesgo”, en “situación de alerta máxima para la seguridad nacional”, por la presencia de las 10.000 personas en situación irregular que, según sus números, permanecen en Ceuta tras la entrada masiva entre el 30 y el 31 de julio.

En lo que respecta estrictamente a los menores, las cifras bailan. En palabras de Vivas, son cerca de 1.800 los niños y niñas ya acogidos en la ciudad autónoma, y otros 1.500 los que aún permanecen en las calles. En el Ministerio de Rego apuntan a que son aproximadamente 2.000 los niños y niñas que ya se guarecen bajo un techo, y cerca de 500 los que afrontan una situación más precaria.

Desde el 8 de agosto, hace un mes, la ministra de Juventud e Infancia ha reclamado que los menores se distribuyan entre los centros habilitados en las comunidades autónomas, independientemente de que cuando se tramiten los expedientes individualizados -como exige la ley- algunos puedan retornar a sus países de origen.

La tensión en la relación entre ambas administraciones, central y ceutí, ha ido escalando. Hoy, desde el departamento de Rego, critican el viraje de Vivas con respecto a las posiciones que él mismo defendió hace apenas un par de años. “Confío en el sentido de Estado de todos para aprobar el reparto obligatorio de menores”, afirmó en julio de 2024 en entrevista con El País. En la misma fecha, arremetió contra Vox por su propuesta de devolver a los menores que entonces arribaron en Canarias, asegurando que era “inviable” y respondía a “posicionamientos ideológicos”.

“No se puede entender que el presidente Vivas rechace el traslado de niños y niñas a Península. Hace dos años fue una de las voces que más reclamó la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería para poner en marcha un mecanismo de acogida vinculante y solidaria para la infancia migrante, el cual finalmente se materializó en el aprobado el pasado año”, argumentan desde el Ministerio.

Recuerdan que gracias a esta solución, aprobada en mitad de una fuerte bronca política entre el Gobierno y las regiones gestionadas por el PP, hasta 700 menores procedentes de Ceuta han sido reubicados en otras comunidades autónomas. La ciudad que preside Vivas, precisan, ha llegado a tener “180 niños y niñas tuteladas el pasado 1 de julio, un mínimo histórico en los últimos años”.

Presumen, además, de los 90 millones de euros destinados por el Ejecutivo a la ciudad autónoma: “No hacerlo es una decisión política”, “atender órdenes de la calle Génova”, afirman. “[Alberto Núñez] Feijoó no quiere que haya paso a la península porque eso es lo que le rompió los acuerdos con Vox. Vivas acepta esa orden, así que quiere que se vayan, pero no los deja irse”, denuncian otras fuentes de Sumar en el Gobierno.

Según el presidente de Ceuta, son dos las “cosas relevantes” que justifican su decisión de no distribuir a estos niños y niñas entre los centros de acogida en la península: la gravedad de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, y la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Desde el Gobierno, sin embargo, recuerdan que esta última norma exige garantías individualizadas para los menores no acompañados, como ya lo hacían la directiva previa y la legislación nacional. Por no hablar de que aún no está en vigor, apostillan.

Frustración por el bloqueo: “Es la ciudad autónoma la que debe dar los primeros pasos”

Rego se desplazó a Ceuta el 6 de agosto, una semana después de los hechos del 30 y el 311 de julio, que la Audiencia Nacional ya investiga por “atacar gravemente la integridad territorial de España”. Está previsto que este martes también retorne a la ciudad autónoma el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Marlaska visitará el centro de acogida temporal de extranjeros habilitado por Interior en el polígono industrial El Tarajal de Ceuta, así como el puesto fronterizo de la ciudad. El lunes, en una comparecencia ante los grupos parlamentarios del PSOE (Congreso, Senado y Europarlamento) en la Cámara Baja, Sánchez  aseguró que la ciudad autónoma “recuperará pronto la normalidad”. No pudo precisar cuándo.

La situación de los menores, por lo pronto, permanece enquistada. Por más frustración que genere a la titular de Juventud e Infancia, la ministra de Sumar que más se ha dejado ver en la gestión de esta crisis -y la única con competencias específicas-.

“Es la ciudad autónoma la que debe realizar los primeros pasos para que se produzca esta acogida vinculante y solidaria, ya que es la administración que tiene la tutela. Ante esto, los y las ceutíes deben saber que es responsabilidad del Gobierno autonómico activar este mecanismo”, afirman desde sus filas.

El real decreto aprobado en 2025 tras una difícil negociación modifica la ley de extranjería y permite la declaración de “situación de contingencia migratoria extraordinaria”. Recoge en su artículo 35 bis que esta declaración debe realizarse en cinco días naturales “desde la comunicación por parte de la comunidad o ciudad autónoma afectada”.

También defienden que, más allá de instar a la aplicación del mecanismo para la distribución de migrantes ya en vigor, Rego ha planteado otras dos fórmulas que podrían aplicar mucho más rápido: la acogida de 500 niñas por parte de entidades de atención a la infancia y la celebración de convenios bilaterales entre Ceuta y otras comunidades autónomas.

“Han llegado muchas peticiones de familias de todo el territorio que se han puesto a disposición para acoger a estos niños de manera generosa”, aseveró la ministra en su comparecencia ante el Congreso el 31 de agosto. “En ambos casos, corresponde al Gobierno de la ciudad de Ceuta llevar a cabo estas posibilidades”, insisten fuentes de su departamento.

Además, muestran preocupación por “la violencia que se está desatando”, así como por el “cambio de las coordenadas como sociedad” que ha favorecido esta crisis. “Como sociedad no podemos renunciar a que se siga cuidando de Ceuta, respetando también a quien llega. Y eso ahora mismo pasa por habilitar recursos y trasladar a las personas más vulnerables a península”, insisten. Hasta el momento, Sánchez no ha hecho suya esta bandera.