Entre la ley y la moral: el limbo de los homenajes a etarras

Arrancan las fiestas de la última capital vasca que cierran el ciclo festivo de las grandes jaias populares que se celebran en verano en Euskadi y Navarra. La Aste Nagusia de Bilbao pone el broche con nueve días de un intenso calendario de actividades, conciertos y ganas de pasarlo bien. Mientras la mayoría de la sociedad vasca y quienes nos visitan se ponen el pañuelo al cuello e inundan las calles en los diferentes momentos de la exaltación de la fiesta y la convivencia en comunidad del paréntesis vacacional que grita vamos a pasarlo bien, se cuelan resquicios de un pasado que si bien la mayoría ignora por reiterados, cada vez menos frecuentes o por hastío, hay quien no deja de denunciar que el espacio público de las fiestas sigue siendo copado por actos y pancartas que solicitan a liberación de los presos de ETA que aún permanecen en prisión, o bien realizan gestos de reconocimiento a estas personas.

Es lo que denuncia la asociación de víctimas Covite. Este colectivo ha documentado 33 actos de apoyo a presos de la organización terrorista o de legitimación de sus miembros directamente vinculados a celebraciones festivas en diferente localidades vascas y navarras durante lo que llevamos de verano.

Covite apunta directamente a la estrategia que, a su juicio, desarrolla la izquierda abertzale durante la celebración de los festejos populares. Las calles, plazas y recintos festivos se utilizan como espacios de reivindicación política, aprovechando el carácter multitudinario y transversal de las celebraciones para introducir mensajes de apoyo a los presos de ETA. En concreto, entre los episodios denunciados aparecen manifestaciones y pasacalles bajo el lema Etxera (a casa), comidas, cenas solidarias, brindis en favor de los presos de ETA, pancartas y banderas vinculadas a Sare (red de apoyo a los derechos de las presos), jornadas reivindicativas y homenajes individualizados a miembros de la organización terrorista. Covite sostiene que esta dinámica supone un blanqueamiento de la banda terrorista y considera que el problema no se limita a la existencia de los actos reivindicativos, sino a su progresiva integración en la vida cotidiana de los municipios.

En este punto es cuando el debate se divide en dos cuestiones; la puramente legal y la ética: si está bien o está mal. En ocasiones ambas direcciones no convergen en un mismo punto, ya que la jurisprudencia ya ha determinado en numerosas ocasiones que la reivindicación de los derechos de las personas privadas de libertad, ya sea por terrorismo o por delito común, no suponen en sí misma una violación de los derechos que asisten a las víctimas. Es decir, los tribunales no consideran automáticamente delictiva la mera exhibición de fotografías o pancartas de presos de ETA. La cuestión depende fundamentalmente del contexto, del significado que objetivamente tenga la exhibición y de si existe un ánimo inequívoco de enaltecer o justificar el terrorismo o el de sus autores.

Maite Leanizbarrutia, miembro de la asociación Gogoan -Por una memoria digna-, coincide en la denuncia realizada por Covite. Considera que los actos de apoyo a los derechos de los presos de ETA ignorando a sus víctimas, no solo es una afrenta a las propias víctimas, sino que va en contra de los valores de una sociedad democrática. Este hecho, sostiene la imposibilidad de la construcción de una memoria digna y esto ocurre porque hay gente que aún considera que la violencia terrorista estuvo justificada.

Leanizbarrutia, más allá de la dimensión legal, insiste en la órbita social de este tema, ya que le parece incomprensible que se tenga tan claro que no pueden existir elementos de exaltación franquista en virtud a la Ley de Memoria Democrática, algo lógico en un Estado de derecho, y que en el caso que estamos abordando no se tenga igual tabla de medir.

Gorka Landaburu, periodista, es víctima de ETA, quisieron acabar con su vida con el envío de un paquete bomba. No lo consiguieron, así como no lograron ni callarle, ni que el odio anidara en un corazón profundamente democrático. Es de esas personas que podríamos denominar hacedores de puentes a través del diálogo, la razón y el encofrado de unos pilares éticos bien asentados. No tiene reparos en defender férreamente un principio básico como es el de la libertad de expresión, un derecho que transita en dos direcciones, lo que le permite criticar la utilización y la manipulación de las fiestas por determinados sectores. La reflexión a la que apela es moral, mientras se pregunta qué hacen chavales muy jóvenes, de 15 y 17 años, bajo la pancarta que se pudo observar en el arranque de las fiestas de La Blanca en Vitoria -Gasteiz el día de la bajada de Celedón. Si bien es cierto que ya no se ven lemas tan directos como antaño aclara, donde explícitamente se podía leer Gora ETA, no le deja de sorprenderle, y hace un llamamiento a la pedagogía y la reflexión.

Landaburu lanza un mensaje contundente: “Respeto al pueblo, déjenos en paz y hagan los deberes”. La democracia da la bienvenida al ejercicio de la política a todo el mundo, y advierte: “Pasen, pero sin empujar”. El veterano periodista deja otra reflexión ligada a la actualidad, y es la preocupación creciente por otras pintadas y otro lemas, así como amenazas, que empiezan a proliferar procedente de grupos de extrema derecha. Cuidado, la democracia debe poner el foco en todas y cada una de la vulneraciones, arguye.

El papel de los ayuntamientos en el centro de la denuncia

La cuestión institucional constituye uno de los ejes de la denuncia. Covite sostiene que 26 de los 33 actos documentados por la asociación tuvieron algún grado de relación con las administraciones públicas, ya fuera mediante su inclusión en programas festivos, a utilización de instalaciones municipales o la presencia de simbología de apoyo a los presos en edificios públicos.

Interpretan esta situación como una muestra de pasividad ante la legitimación pública del terrorismo. Su crítica no es exclusiva a quienes organizan o participan en los actos, sino también a las instituciones que, según su parecer, permite que determinados mensajes ocupen espacios que pertenecen al conjunto de la ciudadanía.

La controversia pivota sobre qué límites deben establecer las administraciones entre la libertad de expresión y manifestación, y la utilización del espacio público para legitimar y reclamar derechos para las personas vinculadas a una organización terrorista. La respuesta corta es la ley, pero en una dimensión global no es tan sencillo como embridarse exclusivamente en los términos jurídicos. En múltiples ocasiones los tribunales han dictado sentencia sobre la denuncia de los hechos que realiza Covite, y han determinado que tanto la Administración como los jueces no pueden convertir la sospecha de que un acto pueda resultar ofensivo en una prohibición o sanción automática. Cada caso, ante la denuncia perceptiva, es estudiado y durante los últimos años la gran mayoría han acabado en el archivo de la denuncia.

Una polémica que vuelve cada verano

Ya han transcurrido casi 15 años desde que ETA anunciara el cese definitivo de sus acciones violentas y la polémica vuelve año tras año, aunque cada vez con menos repercusión pública o social. Los actos de apoyo u homenajes han dejado de ser un asunto central de la conversación pública, este nudo cada vez más se desliza al fondo del cajón de la memoria de una sociedad que quiere vivir con normalidad.

Tanto Gorka Landaburu, como Maite Leanizbarrutia coinciden en esta visión sobre una Euskadi deseosa de pasar página, aunque nos recuerdan la conveniencia de mirar cada poco por el retrovisor de nuestro reciente pasado.