Juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, en directo | El abogado de Aldama dice que la “colaboración” de Aldama con la Justicia “requiere un premio”

El letrado del exministro niega que el piso de la madrileña Plaza de España en el que vivió Jésica Rodríguez fuera una dádiva para Ábalos. El abogado Marino Turiel señala que quien pagaba el alquiler de ese inmueble era el empresario acusado Víctor de Aldama a través de un intermediario, Luis Alberto Escolano, algo que hacía de motu proprio para mantener una relación con la mujer, y no para beneficiar al exministro socialista.

El abogado de José Luis Ábalos critica que el procedimiento ha venido condicionado y ha generado indefensión. Marino Turiel argumenta, por ejemplo, que se vulneró la inmunidad parlamentaria del exministro cuando fue investigado y todavía era aforado.

Termina la intervención de la abogada de Koldo García después de algo más de dos horas. Leticia de la Hoz finaliza sus conclusiones solicitando al tribunal que acuerde la puesta en libertad de su cliente.

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, dice que los contratos de mascarillas que licitó el Ministerio de Transportes durante la pandemia no contienen irregularidad alguna: "Que se necesitaban mascarillas en la pandemia ni era un secreto ni información privilegiada". Asimismo, asegura que "no ha quedado acreditado" el pago de comisiones. 

Es más, la letrada de Koldo enaltece la gestión de los acusados al señalar que ese material sanitario fue el primero que llegó a España, por lo que "tendríamos que estar agradecidos".

Cabe recordar que la Fiscalía afirma que el exministro socialista y su exasesor cobraron comisiones a cambio de adjudicar los contratos a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Víctor de Aldama.

La representante legal de Koldo García niega tráfico de influencias en la contratación de Claudia Montes, Miss Asturias +30 años en 2017, en la empresa pública Logirail, la cual era dependiente del Ministerio de Transportes.

En este contexto, Leticia de la Hoz ahonda en que, aunque el exasesor del que fuera ministro de Transportes recibió el currículum de Montes y se encargó de pasarlo, ella fue contratada a través de Infojobs.

Por ello, la letrada considera que se trata de "un enchufe de aquella manera" y recalca que la mujer, a diferencia de Jésica Rodríguez, sí llegó a trabajar. 

La abogada de Koldo intenta justificar que el exasesor ministerial afrontara muchos pagos de Ábalos. "Era un ministro que estaba casado, tenía una relación extramatrimonial y tenía que hacer cosas a espaldas de su señora. A veces no hace falta elucubrar", añade al respecto.

En este apartado incluye De la Hoz la pensión de algún hijo y "regalos a Jésica y a otras amigas". "Koldo se hacía cargo de viajes, de joyas...", agrega.

Ahora la representante legal del exasesor ministerial intenta desacreditar las acusaciones contra su cliente al indicar que el dinero que Koldo García tenía en metálico no provenía de fondos irregulares: "Manejar efectivo es legal. Los billetes de 500 eran legales en España en 2021",

El exasesor de Ábalos reconoció en su declaración haber tenido hasta 12.000 euros en efectivo (incluidos billetes de 500) en su casa, una cantidad que formaban parte de los anticipos de gastos del PSOE. Sin embargo, tal y como declaró el gerente de la formación socialista, el partido negó pagar sus gastos con billetes de dicha denominación.

La letrada del exasesor ministerial, Leticia de la Hoz, critica las "valoraciones" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en sus informes sitúa a su cliente en el centro una organización criminal. "Él no está integrado en ninguna organización criminal", añade al respecto.

De la Hoz asegura en que las imputaciones contra su cliente se basan en informes de la Benemérita, los cuales ha desacreditado, y en la declaración de Aldama, que también ha cuestionado.

"Estoy aquí para pedir la absolución de mi representado". Esta es la frase con la que ha empezado la exposición de sus alegaciones la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz.

Terminan las conclusiones del abogado de Aldama, quien indica que "la dimensión de la organización criminal que hoy se enjuicia la ha proporcionado el señor Aldama".

Asimismo, el letrado sostiene que "el delito se comete desde las instituciones, y el señor Aldama no tiene ningún cargo institucional". "El señor Ábalos sí, el señor Koldo también. Las instituciones son los altos cargos del Gobierno de España, no el señor Aldama", agrega.

El letrado del empresario sostiene que su cliente "ha aportado datos relevantes que han permitido avanzar" tanto en la causa que se juzga en el Tribunal Supremo como en las diversas derivadas abiertas del caso Koldo en la Audiencia Nacional.

A lo que añade: "La UCO tenía indicios, pero para alcanzar el grado de certeza es necesaria la declaración de Aldama porque ha enlazado los datos".

El abogado de Aldama sostiene que, estando en prisión, el presunto comisionista de la trama inició una "colaboración con la Justicia, entregándose a los brazos de la acusación". Algo que según el letrado del también empresario "requiere un premio".

Además, el abogado José Antonio Choclán afirma que "no ha existido pacto de conformidad", así como que su defendido ha reconocido los hechos delictivos que le imputan las acusaciones.

Las acusaciones populares solicitan que Ábalos y Koldo García sean condenados por seis delitos: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación. Todos ellos suman 30 años de cárcel para cada uno.

Por otra parte, defiende la aplicación de una pena de cinco años de cárcel para Víctor de Aldama.

Las acusaciones populares, lideradas por el PP, señalan que Ábalos no solo "se contentó con poner un piso a su querida", sino que "había que contratarla también en empresas públicas". Una referencia a la contratación de Jésica Rodríguez en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes.

En este contexto, ha rechazado los argumentos dados por Ábalos. "Cualquier trabajo que pudiera hacer en una empresa sería absolutamente incompatible con sus horarios en la universidad", añade.

El abogado del PP asegura que las "chistorras" hacen referencia a billetes de 500 euros. Para reforzar este argumento señala que Patricia Úriz, exmujer de Koldo, mencionó que con 2.000 "chistorras ya no las vamos a necesitar nunca más". En referencia a que ese dinero cubriría sus gastos.

La acusación popular, encabezada por el PP, señala las inverosímiles explicaciones de Ábalos sobre por qué Javier Escolano, socio de Aldama, "pagaba el piso de la querida de un ministro". Una referencia al inmueble que ocupó Jésica Rodríguez en la Plaza de España.

"El ministro sabía que no iba a pagar un solo duro por esta casa", dice. El abogado del PP, Alberto Durán, expresa que ni Aldama ni Escolano utilizaron esa casa nunca.

El representante del Ministerio Público sostiene las elevadas penas de cárcel que solicita para José Luis Ábalos y Koldo García, ya que las conductas cometidas "son graves". Ha sido ahí cuando ha cargado contra la corrupción "organizada, continuada" que aprecia en el caso, algo que rompe el "normal funcionamiento de la administración pública". "Con esta corrupción política organizada, nada menos que desde un Ministerio, se disminuye la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten", añade el fiscal del caso.

El fiscal sostiene la imposibilidad de "acreditar la existencia" de la presunta organización corrupta sin la ayuda Aldama. Luzón sostiene que  "necesitamos recompensar" a la persona que sale de la organización y lo denuncia. Sin embargo, matiza, ello no significa que su declaración tenga un valor de prueba, pues ello "se debe ver con cierta cautela".

Es por ello que señala que la prueba de cargo no puede depender únicamente de su declaración. Sin embargo, añade, la "declaración de Víctor de Aldama se ha visto corroborada por otros elementos probatorios". "Hay otras cosas que dice que no sabemos si son ciertas, pero no se han tenido en cuenta para la acusación en este acto", agrega Luzón.

Por todo ello, añade, "es posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante de confesión como muy cualificada" en el caso del empresario acusado, algo que podría rebajar su condena final en uno o dos grados.

El representante del Ministerio Público asegura que la compra del chalet de La Alcaidesa fue una "recompensa" por la gestiones realizadas desde el Ministerio de Transportes para que la empresa de hidrocarburos Villafuel obtuviera la licencia de operadora. Cabe recordar que esta sociedad estaba administrada por Leonor González Pani, la hija de la emoresaria que asegura haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

La Fiscalía subraya como un indicio "claro" del delito de tráfico de influencias la contratación de Claudia Montes, quien fuera Miss Asturias +30 2017, en la empresa pública Logirail, dependiente del Ministerio de Transportes. El fiscal destaca las gestiones que realizaron Ábalos y Koldo para que la mujer consiguiera un puesto de trabajo en la citada empresa. 

Asimismo, Luzón indica afea la conducta de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, con respecto al presunto enchufe de Jésica Rodríguez en la empresa pública. Lamenta que Pardo de Vera afirmara que solo se había “limitado” a enviar el currículum de la examante de Ábalos. "Enviar un currículo no significa nada... Bueno, depende de quién lo envíe. Si lo envía la presidenta de Adif sí tiene mucho significado", añade.

El representante del Ministerio Público señala que la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes no fue irregular por el procedimiento o por el precio, sino porque el Departamento dirigido por José Luis Ábalos "se cerró a nuevas ofertas que fueron llegando". Debido a ello, explica Luzón, esas ofertas no se tomaron en cuenta porque "ya había un acuerdo cerrado previo" con Víctor de Aldama y la empresa Soluciones de Gestiones "que no podía ser modificado".

El fiscal Luzón insiste en la idea de que tanto el exministro como Koldo contaron con una fuente de ingresos oculta, "opaca". A ello añade que el también exdirigente socialista "no precisa de sus cuentas para atender a sus necesidades", ya que el efectivo se lo proporcionaba Koldo García.

El fiscal Luzón destaca el importante rol de Ábalos en la presunta trama corrupta, así como el apoyo de Koldo García para ejecutar esos ilícitos: "Ya fuera como líder de la organización, ya como su pieza clave, José Luis Ábalos rara vez descendía al terreno, a la ejecución material de los delitos, porque para ello contaba con el fidelísimo Koldo García".

La Fiscalía Anticorrupción califica de "inconsistentes" las explicaciones del exministro y su exasesor para defenderse de las acusaciones que les imputaban el cobro de 10.000 euros al mes por parte de Aldama.

En este contexto, el fiscal Alejandro Luzón indica que el empresario acusado acordó entregar unas cantidades fijas de dinero para asegurarse el favor del exministro. Es por ello que señala que los mensajes de WhatsApp incautados por la Guardia Civil están completos, "no están cortados". "Tanto da si Ábalos y Koldo se dirigieron a Víctor de Aldama o Aldama a ellos, da igual quién penetró, el delito se cometió", indica Luzón.