Junts y Podemos desbaratan el plan sobre vivienda del Gobierno

No ha pasado un mes y el Gobierno ha tenido que rectificar su plan para aprobar un real decreto ley cargado de medidas de vivienda. Optan por esperar hasta septiembre para dar más tiempo a las negociaciones, vistas sus dificultades para contentar a Junts y a Podemos al mismo tiempo.

Y argumentan que los feroces incendios que han reducido a cenizas decenas de miles de hectáreas durante el fin de semana les han obligado a emplearse a fondo para aprobar nuevas medidas este mismo martes. Esos esfuerzos se materializarán en la aprobación en Consejo de Ministros de una prestación para los trabajadores afectados por los fuegos. El ministro de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, prevé asumir desde el primer día el coste del salario y la cotización.

Aunque no quieran verbalizarlo, este retraso supone desinflar, de nuevo, las expectativas que ellos mismos han alimentado estas semanas. El golpe es especialmente duro para Sumar, que ansiaba cerrar el curso político con un tanto en esta materia, su principal bandera política -y la primera preocupación de los españoles, según el CIS-. El 29 de junio, el Ejecutivo anunció sorpresivamente el real decreto ley, comprometiéndose a introducir en él la prórroga de los contratos de alquiler y otras medidas que ya llevaron a otro decreto en marzo, para acabar naufragando en abril.

Fuentes de Sumar presumieron del logro que suponía este compromiso, y reconocieron que en parte habían presionado para hacerlo público para que sus socios no sintieran la tentación de retractarse: “Ya los conocemos”. Incluso celebraron que el “contexto” había cambiado tanto que el PSOE no podía seguir resistiéndose a aplicar políticas que llevan meses o años rechazando: “Ahora no pueden decir que no por muchos motivos, entre ellos la presión social”.

“Junts nos pedía más tiempo, pero lo determinante han sido los incendios”

El sábado, tres días antes del Consejo de Ministros en el que debían aprobar este decreto, Junts per Catalunya remitió una propuesta que, según fuentes del socio minoritario en el Gobierno, demuestra que el entendimiento es posible. “Nos pedían más tiempo, pero lo que ha sido determinante es que con los incendios ha sido imposible cerrarlo con Hacienda” y con otros departamentos ministeriales, afirman.

“Hemos estado tres días centrados en los incendios“, se excusan fuentes de Sumar en el Gobierno. Las mismas que reconocen que les habría “gustado” que el decreto pudiera llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE) esta misma semana. Y que aseguran que los contactos con Junts han sido constantes durante el fin de semana.

Visto el “papel con propuestas” que les remitió el partido de Carles Puigdemont, según estas fuentes, no creen que la prórroga de los contratos sea el gran “escollo”. En Junts “piden más fiscalidad”,  explican. Entre otras cosas.

En rueda de prensa, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, conjugó la predisposición de los suyos a “aceptar ese tiempo extra para negociar”, con la petición de que “corramos”. “Quiero exigir que vayamos lo más rápidamente posible”; “Que el curso empiece con la vivienda”.

Desde el primer minuto, en las filas del socio minoritario del Ejecutivo han tenido presente la máxima “con Junts nunca digas nunca”. Aunque también repitieron la misma consigna que en abril, cuando se estrelló el anterior decreto con la prórroga de alquileres: “Hay agua”. Han abordado cuestiones como los incentivos a los pequeños propietarios o la exención de recaudar IVA a parte de los autónomos para intentar acercar a los neoconvergentes al texto.

Después de haber amenazado públicamente con tumbar la convalidación del real decreto, este lunes Junts reclamó un giro “de 180 grados” ante esta problemática. Y, pese a haber requerido más tiempo para negociar -según varias fuentes de Sumar-, los de Puigdemont aseguraron que el Ejecutivo no está en condiciones de permitirse “vacaciones políticas“.

Hace meses, registraron en el Congreso un paquete de normas que pasa por instaurar nuevas desgravaciones a alquileres e hipotecas, o por una mayor inversión en vivienda pública. El endurecimiento de las medidas antiokupación es una de las reclamaciones habituales de este partido, que ve como la ultraderecha de Aliança Catalana le adelanta en las encuestas.

Vivienda aspira a un acuerdo “amplio y transversal”

Si algo tienen en común los dos socios del Ejecutivo es que ambos creen que en esta ocasión sí hay margen para que la norma reúna los apoyos necesarios. Fuentes del Ministerio de Vivienda aseguraron que ven mimbres para lograr “un acuerdo amplio y transversal” para que un “ambicioso paquete de medidas que dé estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible” logre ver la luz.

De hecho, el departamento de Isabel Rodríguez puso en valor “la responsabilidad y generosidad de todos los grupos”, que ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura”. Pese a que son precisamente las objeciones de Junts y Podemos las que les han obligado a recurrir al freno de emergencia. “Se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto”.

“Podemos quiere pasar por caja con algo”

La coalición ha oficializado este retraso después de semanas dando por descontado que aprobarían este real decreto ley antes de las vacaciones. Inicialmente, incluso afirmaron que lo remitirían al Congreso de los Diputados en julio, aún sin tener los votos garantizados.

Frente a la prudencia que evidenciaban algunas voces socialistas, particularmente durante la semana pasada, en Sumar no albergaban la menor duda sobre la aprobación del decreto en el último Consejo de Ministros del curso político, a más tardar. Aunque debieran esperar hasta septiembre para su votación en la Cámara Baja.

Sí hay diferencias de diagnóstico en lo que respecta a las posiciones de Podemos. Fuentes de la dirección socialista interpretaron el lunes que el partido morado puede estar “entrando en razón”, rebajando sus posiciones. Inicialmente, la formación de Ione Belarra rechazó nuevos incentivos a los propietarios, y después puso el foco en la importancia de recuperar la prohibición de desahuciar a familias vulnerables.

Desde la semana pasada, sin embargo, son las modificaciones de la ley del suelo lo que han considerado una “línea roja”. “Nos hemos encontrado con que no querían hacer un real decreto de vivienda, querían una reforma de la ley del suelo con medidas de adorno. Les hemos pedido que, antes de llevarlo al Consejo de Ministros, retiren esa reforma, porque supone una autopista a la especulación inmobiliaria”, aseguró la secretaria general morada el lunes, en una entrevista en 20 Minutos.

Cuando se conoció que el decreto no iría a la mesa del Consejo de Ministros este martes, fuentes de Podemos criticaron que se optase por este retraso, “en lugar de aprobar mañana mismo la prórroga de los alquileres y la moratoria de los desahucios, dos medidas de mínimos y urgentes para millones de personas”. Junts no avalaría este texto.

En Sumar, por su parte, interpretaron que Podemos busca “una salida” política para poder prestar sus votos. “Pasar por caja con algo” o “apuntarse algún tanto”. Ideológicamente, su enfoque en lo que respecta a las políticas de vivienda es muy similar al de los morados. Políticamente, sin embargo, en las filas del socio minoritario estaban dispuestos a dejarse algunos pelos en la gatera para sellar un pacto y reivindicar su utilidad en el Ejecutivo.

Como pronto, podrán hacerlo en septiembre, cuando todas las fuerzas políticas  velocidad cogerán de crucero rumbo a las próximas generales, con diferencias más marcadas y el reloj en contra.