La Audiencia Nacional ha puesto el foco en la entrada masiva de migrantes registrada la pasada semana en Ceuta. La jueza María Tardón ha acordado abrir diligencias previas para determinar si los hechos, que dejaron al menos 72 muertos, pudieran revestir responsabilidades penales por delitos contra la Seguridad del Estado y contra la Nación, entre otros. La magistrada quiere saber si la llegada simultánea de decenas de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio responde a “una acción concertada o dirigida” por algún “grupo criminal”.
En un auto dictado este lunes, Tardón reclama a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional un informe sobre “la entrada irregular masiva” de migrantes en la ciudad autónoma. La magistrada pide que se le trasladen “cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones” o cualquier constancia que la unidad tenga sobre los hechos.
Se trata de una diligencia previa a resolver una cuestión de fondo: si la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar la denuncia que ha dado origen al procedimiento. La propia jueza señala en el auto que la “competencia penal” del tribunal sobre los hechos denunciados está todavía pendiente de resolver, y ha acordado además informar de la apertura de diligencias a la Fiscalía.
La decisión parte de una denuncia penal interpuesta por Iustitia Europa a finales de julio contra funcionarios, “integrantes de organizaciones criminales” y autoridades españolas y extranjeras que pudieran ser identificadas. La organización pide investigar delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
En su escrito, la entidad sostiene que la “movilización” de personas migrantes desde Marruecos hacia Ceuta “no puede ser calificada como un fenómeno migratorio ordinario o espontáneo” por la “dimensión temporal y la concentración de miles de individuos lanzándose simultáneamente al mar desde las costas marroquíes”.
La denuncia va más allá y apunta directamente a Rabat. “La pasividad observada en las costas de origen sugiere una relajación deliberada de los controles fronterizos por parte de Marruecos, lo que podría constituir una cooperación necesaria o una tolerancia consciente para permitir la salida masiva hacia España, utilizando la presión migratoria como una herramienta de coacción política o diplomática, no siendo la primera vez que sucede a esta escala”, señala el texto. A juicio de la organización, se trata de “una instrumentalización de flujos migratorios que, por su volumen y forma de ejecución, supone un desbordamiento de las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los servicios de acogida, comprometiendo la integridad territorial y la seguridad pública en una frontera exterior de la Unión Europea”.
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