La imputación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, las dos hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya estuvo encima de la mesa en febrero de este año cuando la jueza instructora Esperanza Collazos decidió inhibirse y enviar la causa que investigaba el rescate de la compañía aérea Plus Ultra a la Audiencia Nacional.
Esto es, al ver que la causa tenía muchas ramificaciones en el extranjero, consideró que los juzgados ordinarios no eran competentes para asumir el caso, y por eso remitió al juez José Luis Calama toda la información para que se instruyera desde la Audiencia Nacional.
Si bien, Calama finalmente no acordó citarlas como investigadas, pero sí ordenar el registro de su empresa: Whathefav. Una sociedad que se dedicaba a enmaquetar los informes que realizaba Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martínez, el amigo de Zapatero. La UDEF sospecha que la empresa de las hijas sirvió para emitir facturas falsas con servicios ficticios y poder canalizar fondos procedentes de presuntas comisiones ilícitas.
En el auto, la jueza apunta a Agropecuaria Lucena, sociedad de Julio Martínez que realizó pagos a Whathefav en el ejercicio 2020 por valor de 20.993,50 euros. Las pesquisas de la UDEF sostienen que Agropecuaria era otra sociedad instrumental para canalizar fondos opacos. Resulta que un bróker venezolano llamado Danilo Alfonso Diazgranados realizó transferencias tanto a Agropecuaria Lucena como a Whatthefav “sin declarar esos pagos” de espaldas a la Hacienda Pública.
Las gestiones se las ejecutaba Miguel Palomero, abogado imputado por participar en el entramado. Los agentes reseñan una conversación en la que Diazgranados le ordena enviar dinero a la empresa de las hijas de Zapatero y evita entrar en detalles para que no quede constancia: “A esta segunga mandale 20,000 en persona te cuento de quien es”, le dice. Palomero le pregunta en qué concepto pone la transferencia y Diazgranados le dice que “asesoría de mercado”, de forma escueta y sin más explicación.
En el auto, explica la jueza Collazos al juez Calama parte del funcionamiento de la organización criminal. Apunta a que Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra, “orquestó un plan desde 2020 para apoderarse de dinero proveniente de subvenciones públicas”, con el objetivo de blanquear dinero de procedencia opaca. Conseguir dinero público y, por tanto, legal les servía de herramienta para convertir el dinero negro en dinero corriente.
En uno de los pasajes del auto, la jueza se refiere en concreto a las conversaciones entre Palomero y Diazgranados para apuntar directamente al expresidente del Gobierno. Manifiesta que el bróker venezolano mantiene una relación “personal y económica” con el expresidente al que llama “Zorro”, ” 7″ o “ZZZZ”.
En el chat, la jueza asegura que hay indicios de la comisión de delitos de “cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia”.
También pone bajo la lupa la relación de Zapatero con los ejecutivos de Repsol. Asegura que intervino para que Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 “la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela”.
Asimismo, asegura la jueza que, con la intermediación del Comisario Jesús María Gómez Martín, habría facilitado que en el aeropuerto de Cuatro Vientos de Madrid se realizaran negocios con procedencia ilícita. Para apoyarse en esa tesis, hace referencia a una conversación en mayo de 2021 mantenida con Koldo García, ex asesor del ministro de Transportes.
En suma, la jueza Esperanza Collazos también propuso investigar a Diazgranados y al comisario facilitador con todos los indicios recabados a lo largo de la investigación.
Por el momento, Calama ha evitado abrir investigación a las hijas de Zapatero, pero su condición podría cambiar después de la declaración de su padre el próximo 2 de junio.
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