La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado una “decisiva arbitrariedad” y trato de favor en los contratos adjudicados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, enviado a juicio por el juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez. Cabe recordar que el magistrado sospecha que la amistad entre Barrabés y Gómez sirvió para que esta firmara cartas de recomendación en favor del empresario y favorecerse así en el proceso de adjudicación de subvenciones públicas.
Así consta en un informe donde los agentes analizan, a petición de la Fiscalía Europea, correos electrónicos sobre la tramitación de dos expedientes de esa empresa pública. “Cabe tener en cuenta que la valoración de todos los licitadores no se afronta con uniformidad a partir de los criterios preestablecidos”, señalan, para agregar que, “por el contrario, se observan diferentes elementos de los que subyace una decisiva arbitrariedad que marca el devenir de las licitaciones“. Cabe recordar que el juez Peinado acordó abrir una nueva línea de investigación en el caso Begoña Gómez por presunto delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea de Barrabés, ante supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos comunitarios, en concreto ese último expediente que cita la UCO.
Los agentes indican que el principal ejemplo es “la inversión del planteamiento del proceso de valoración”, precisando que “se altera el orden preestablecido”. En este sentido, señalan que, en lugar “de analizar las ofertas para a partir de ahí realizar una valoración y, con base en esta, establecer una puntuación de cada uno de los tres criterios que, en ponderación con los anteriores, da lugar a la puntuación definitiva de la fase”, a lo largo del proceso de valoración “se marcan determinadas pautas o se imponen puntuaciones concretas a las cuales se adapta la valoración textual volcada en los informes publicados”.
Los investigadores exponen que “se realizan adaptaciones adicionales par enmascarar en la medida de lo posible estas modificaciones”, como “revisiones a la baja en la valoración de las ofertas puntuadas de manera similar a la principal damnificada en una penúltima revisión”, “reconsideración que es obviada en la definitiva y más significativa reducción de la puntuación de este licitador”. “De manera indirecta, destaca la adaptación a las puntuaciones finales, una vez terminado el proceso, de las fichas de valoración previstas para recabar las valoraciones de cada evaluador”, añade.
“Predilección arbitraria” por la UTE “Barrabés”
Para la UCO, por tanto, “más allá de resultar el primer clasificado en esta primera fase, con una ventaja considerable respecto al segundo, la UTE The Valley-Barrabés resulta ser el principal beneficiado de la política de funcionamiento descrita”. A ello añaden a continuación un “antecedente” de “trato similar en favor del grupo Barrabés”, concretamente en la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor de otro expediente, en el que “se habría enmascarado en el informe de valoración publicado la supuesta ausencia del ‘Libro blanco’ en la oferta de la UTE“, unión temporal de empresas, de la que el grupo formaba parte, junto con KPMG”. “Este ‘Libro blanco’ era exigido por el pliego como un aspecto a puntuar dentro del criterio, de los que dependen de juicio de valor, en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota de entre todas las licitadoras”, agrega.
Los evaluadores del concurso que ganó la UTE con la que concurría el empresario, que promovió la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, se referían a esta unión de empresas como “Barrabés” la mayoría de veces. A la UCO le resulta “significativo” este hecho, según destaca un informe sobre las adjudicaciones de Red.es, empresa pública que licitaba y que dependía del Ministerio de Economía que entonces lideraba Nadia Calviño.
Los licitadores de Red.es también buscaban liberar de requisitos a la oferta de Barrabés y que el resto no se enterara, según los mensajes que ha volcado la UCO: “Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco como tal”, lo que para la unidad de élite de la Guardia Civil denota una “cierta predilección arbitraria desde Economía Digital por la UTE de la que el grupo Barrabés formaba parte”. Una modificación en el texto “encaminada a enmascarar la ausencia de un documento requerido por el pliego”.
La UCO destaca el precedente que supuso para la relación previa con la empresa pública que dirigía David Cierco, exconcejal socialista próximo a Sánchez, la participación del Grupo Barrabés en el desarrollo de Acelera Pyme, que en principio no le habría supuesto beneficio económico. Un proyecto que se gestó dentro de Moncloa en el inicio de la pandemia y que Sánchez alabó.
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