El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado este jueves 27 de agosto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta.
La transferencia permitirá a Ceuta sufragar gastos que ya se vienen produciendo durante las últimas semanas para atender a los niños y adolescentes pero, desde Ceuta ya advierten de que es “insuficiente” y que tan solo alcanzará para dos meses. Las comunidades se abren a seguir apoyando al gobierno ceutí.
Pero solo eso. Las comunidades del PP han conseguido frenar la intención de la ministra de abordar el traslado de las menores migrantes a la península, tal y como adelantó Artículo14 en su edición de hoy. “Es urgente”, trasladaban desde el Ministerio de Juventud e Infancia. Este punto no había sido incluido en la orden del día de la reunión de la Conferencia Sectorial, pero para el ministerio era importante hablar sobre la atención de los menores en Ceuta para incluirlo y poder debatir el reparto de menores derivado de la crisis migratoria en Ceuta.
De hecho, en la reunión, la ministra ha asegurado que la acogida se llevaría a cabo por parte de organizaciones privadas. Esto es, que las redes de centros autonómicos no se verían afectadas ni tendrían que hacerse cargo los territorios de la tutela, que seguiría asumiendo Ceuta.
Fuentes autonómicas ya aseguraban ayer que no aceptarían hablar del traslado de las menores si la ministra Sira Rego lo intentaba. “No se ha hablado del reparto”, confirman distintas comunidades. Desde el PP defienden el retorno a Marruecos de “todos” los migrantes mayores y menores, al igual que hace Vox al ver imposible que sus comunidades puedan acoger a más menores al verse colapsadas.
La propia titular de Infancia ha reconocido en rueda de prensa al término de la reunión que no se ha podido hablar del asunto de máximo interés para el Gobierno al no poder incluir en el orden del día el asunto dado que tres comunidades autónomas no estaban en la cita. Esto es, Aragón, Extremadura y Castilla y León. Territorios en los que las competencias en inmigración dependen de Vox y que han dado plantón a la ministra por su negativa a acoger menores migrantes. Sus consejeros ya habían avisado por carta a la ministra que no asistirían y anunciaron que impugnarían judicialmente los posibles traslados de menores desde Ceuta.
Las críticas de las comunidades
Desde las comunidades autónomas, las críticas de los consejeros de Familias iban al unísono a criticar la gestión de la crisis migratoria. Por ejempli, la consejera de Familia de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha acusado al Gobierno de promover una estrategia de “repartos forzosos”, criticando, además, que se haya excluido a Cataluña y País Vasco por “interés político”.
Desde la Comunidad Valenciana, la consejera de Servicios Sociales, Elena Albalat, ha exigido al Gobierno “que asuma su responsabilidad y garantice la mayor protección de los menores” que han llegado a Ceuta “empezando por buscar a sus familias y cuando sea posible, facilitar su retorno y reunificación familiar”.
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