Leire Díez nos mostró que no hacía falta ser portavoz, ni dirigente, ni ministra para acumular influencia. Y parecía vanagloriarse. Sin cargo, sin portavocía y sin despacho ministerial, sabía cómo manejar las cañerías del poder. Y acabó con más peso de lo que ella habría imaginado. La fontanera del PSOE. Así se la bautizó por ser esa clase de operadora que vivía en la zona gris entre el partido, las empresas públicas, los medios y los aparatos del Estado. Su utilidad dependía precisamente de no existir demasiado en público.
Pero desde el subsuelo pasó a ser una auténtica celebridad política tras la difusión de grabaciones en las que aparecía conversando con empresarios e investigados sobre posibles vías para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, responsable de investigaciones de la UCO relacionadas con causas que afectaban al Gobierno y al PSOE. En esos audios se hablaba de obtener información comprometedora sobre mandos policiales y fiscales.
En lugar de optar por un silencio estratégico y delegar en abogados, concedió entrevistas, respondió a los mensajes, desafió las versiones periodísticas y apareció repetidamente ante cámaras con una seguridad poco habitual en alguien que ya empezaba a estar bajo sospecha judicial. Parecía sentirse cómoda dentro de la tormenta. En televisión y en sus comparecencias públicas aparecía con una puesta en escena llamativa. Cambios estilísticos, lenguaje corporal firme, mirada frontal y una actitud autodefensiva.
La exmilitante socialista negó haber actuado como operadora del partido y explicó que aquellas reuniones formaban parte de una investigación periodística sobre las “cloacas del Estado”. Sin embargo, las sospechas judiciales fueron creciendo a medida que aparecían nuevas conversaciones y conexiones con empresarios y dirigentes próximos al PSOE.
Ella misma precipitó su caída
La mejor muestra fue su comparecencia tras abandonar el PSOE. Llegó rodeada de una nube de fotógrafos y reporteros, portando documentación e insinuando que disponía de información sensible. Como si quisiera dejar claro que seguía teniendo capacidad de influencia. Pasó de ser una figura completamente desconocida a convertirse en uno de los rostros más mediáticos de las llamadas “cloacas” del poder. Y eso probablemente aceleró su caída.
El punto de inflexión judicial llegó en diciembre de 2025, cuando fue detenida junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso, propietario de Servinabar y vinculado al entorno de Santos Cerdán. Según la investigación, los tres habrían participado presuntamente en una trama de adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones relacionada con operaciones públicas valoradas en más de 130 millones de euros.
Entrada de la UCO en Ferraz
La investigación ha dado otro salto decisivo esta semana después de que la Audiencia Nacional ordenara a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudir a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para requerir documentación relacionada con una presunta “trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido o al Gobierno”.
El juez Santiago Pedraz ha reactivado las diligencias que afectan a exmilitante socialista ampliando la investigación hacia otras figuras relevantes del entorno socialista. Entre los implicados aparecen Santos Cerdán; la gerente del partido, Ana Fuentes; el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías; el empresario Javier Pérez Dolset; varios abogados; y un antiguo miembro de la UCO.
Según las fuentes jurídicas recogidas en la investigación, la Audiencia Nacional trata de determinar si existió una estructura organizada destinada a influir sobre procedimientos judiciales sensibles para el PSOE y para el Gobierno. Las pesquisas se centran especialmente en presuntas campañas de desinformación dirigidas contra jueces, fiscales y mandos policiales implicados en investigaciones incómodas para el entorno socialista.
La investigación actual no se limita únicamente a esos audios. El juez Pedraz analiza ahora si hubo financiación, coordinación política y utilización de recursos vinculados al partido para desarrollar actuaciones destinadas a obstaculizar investigaciones judiciales. Según las fuentes citadas, parte de los pagos realizados a Díez y a otras personas habrían sido ocultados presuntamente mediante facturas falsas. Por esa razón, la investigación alcanza también a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, a quien el magistrado atribuye indicios de posible participación en la emisión de documentación mercantil supuestamente irregular.
El caso se entrelaza además con la investigación abierta previamente sobre presuntas adjudicaciones irregulares que llevó a su detención en diciembre de 2025. Entre las operaciones bajo sospecha aparecen adjudicaciones y rescates relacionados con empresas públicas y sociedades participadas por el Estado, como ENUSA, Mercasa, Sepides o Tubos Reunidos. Se examina ahora si existió una “unidad de acción” entre distintos actores para proteger políticamente al partido y desacreditar investigaciones consideradas peligrosas para el Gobierno.
El PSOE ha intentado marcar distancias con Díez desde que estalló el escándalo. La portavoz socialista Montse Mínguez defendió tras la entrada de la UCO en Ferraz que el partido colaborará con la justicia y aseguró que “no existe destrucción de pruebas”. Mientras tanto, la oposición ha elevado la presión política y ha reclamado elecciones anticipadas.
Más allá de las consecuencias penales que pueda tener la causa, Díez se ha convertido ya en uno de los principales problemas políticos del PSOE. No solo por las acusaciones concretas que investiga la Audiencia Nacional, también porque ha situado bajo sospecha la existencia de mecanismos informales de presión y protección política alrededor del partido. La evolución de la investigación determinará hasta dónde llegan esas responsabilidades. Pero a día de hoy, es evidente que ya no se trata únicamente de una figura periférica vinculada a unos audios polémicos.
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