“Riesgo extremo e inmediato”, “llamamiento masivo”… hasta 18 informes alertaron al Gobierno del asalto a Ceuta entre el 3 y el 29 de julio. Buena parte los firman organismos de Inteligencia y migraciones que dependen del propio Ministerio del Interior que lidera Fernando Grande-Marlaska, el ministro que más se ha distinguido, con Pedro Sánchez, en el argumento de que no estaban advertidos. El mismo día 30 de julio que empezó la avalancha Grande-Marlaska agradecía a Marruecos su colaboración y “los esfuerzos realizados”, como informa Artículo14, mientras el Ejército advertía de “pasividad” y “negligencia” del país vecino. Pues bien, estos informes, a lo que se sumarán los no desclasificados, abren la puerta a una imputación de Pedro Sánchez y sus ministros por prevaricación, en la causa que instruye la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional.
En concreto, por prevaricación administrativa, según fuentes jurídicas consultadas por Artículo14. El cauce sería que lo instiguen las acusaciones populares, dado que no se prevé que la Fiscalía lo haga. La jueza investiga la entrada masiva irregular de personas migrantes a Ceuta tras la denuncia de Iustitia Europa del 30 de julio, que le recayó por estar de guardia, a la que se han sumado PP, Vox y Hazte Oír.
En el caso de que prospere y fueran imputados miembros del Gobierno, pasarían a manos del Tribunal Supremo como aforados.
Otros procesos judiciales
Precisamente este lunes Vox ha presentado una querella en el Supremo contra Sánchez, Grande-Marlaska y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, por prevaricación, colaboración con el terrorismo, omisión del deber de socorro, homicidio y lesiones. Este partido también quiere activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Pedro Sánchez y otros miembros del Ejecutivo por traición, para lo que se necesita al menos una cuarta parte del Congreso (88 diputados) y que el Pleno lo apruebe por mayoría absoluta (176 votos).
En paralelo, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta se ha presentado una querella de Manos Limpias a la que se ha adherido Hazte Oír que atribuye al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.
La causa en la Audiencia Nacional
La jueza Tardón cree que hubo una “conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país”. En la entrada irregular, en la que murieron en torno a 140 personas (83 en aguas españolas), la magistrada ve indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y organización criminal.
La magistrada de la Audiencia Nacional ha aceptado este miércoles la solicitud de la Abogacía del Estado de personarse en esta investigación dada su condición de “perjudicado” ante unos hechos que pueden suponer un “ataque” a la soberanía nacional, según un auto en el que afirma que no solo la ciudad autónoma de Ceuta y sus habitantes pudieron ser “víctima directa e inmediata” de lo sucedido, sino también el “propio reino de España”.
La personación del Estado y de Ceuta
El Estado se suma así a la propia ciudad autónoma de Ceuta como acusación, si bien la magistrada avisa que no cabe su personación “expresa” en la pieza separada de diligencias de investigación reservada, pues esta solo es “instrumental”, con el único objetivo de ordenar y facilitar “la más adecuada preservación del secreto” de actuaciones que se decreten confidenciales.
La denuncia de Iustitua Europa del mismo 30 de julio sostiene que la entrada masiva y coordinada de miles de personas desde territorio marroquí hacia Ceuta no puede analizarse como un fenómeno migratorio espontáneo, sino que presenta características que justifican una investigación penal para determinar la posible existencia de una actuación organizada, coordinada y con capacidad para comprometer la seguridad nacional y la integridad de la frontera española. El escrito recuerda que no es la primera vez que España afronta una situación de estas características y pone de relieve los antecedentes de la crisis migratoria de Ceuta de mayo de 2021, solicitando que se investigue si los hechos actualmente producidos responden nuevamente a una instrumentalización de los flujos migratorios como mecanismo de presión contra España.
Asimismo, Iustitia Europa interesa que se esclarezca la posible existencia de una organización criminal transnacional dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal, la utilización de redes sociales y aplicaciones de mensajería para coordinar las entradas irregulares y, en su caso, las responsabilidades de quienes hubieran participado, colaborado o facilitado estos hechos. La denuncia también solicita que se investigue si la respuesta de las autoridades competentes fue adecuada ante una situación que afectó directamente a la seguridad de la frontera exterior española y de la Unión Europea, interesando la práctica de diligencias urgentes dirigidas al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia, al Departamento de Seguridad Nacional, al Ministerio de Defensa y a la Guardia Civil.
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