El Gobierno rebaja a una mera “obligación política” la exigencia constitucional de presentar anualmente un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo, que lleva desde finales de 2022 sin aprobar nuevas cuentas públicas -las vigentes son de la anterior legislatura-, enterró hace mes y medio su compromiso de presentar los Presupuestos para 2026 en el mes de marzo.
Antes ya había incumplido su promesa de llevarlos al Congreso de los Diputados, donde no tiene ni ha tenido garantizados los apoyos necesarios, antes de que acabase 2025. Esto es, tres meses después del plazo que impone la Constitución.
Pero el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue este martes un paso más allá. Refiriéndose a un debate académico celebrado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, adscrito a su Ministerio, rebajó el carácter obligatorio de esta disposición constitucional.
En las “muy interesantes” jornadas a las que se aferra Bolaños, “desde el punto de vista académico se valoraron todos los escenarios” sobre cómo debe interpretarse la obligatoriedad de presentar cuentas que plasma la Carta Magna. “La conclusión final es que obviamente es una obligación política”, sintetizó.
Es la primera vez que una figura del Ejecutivo se aferra en público a esta lectura de la Carta Magna para justificar no haber cumplido esta “obligación”, sin adjetivos, como la definió el propio Pedro Sánchez en octubre del pasado año. “Vamos a cumplir con nuestra obligación constitucional: los presentaremos y esperemos que sean unos mejores Presupuestos”, afirmó el presidente del Gobierno desde Copenhague.
“El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, reza el Artículo 134 de la Constitución. Hasta ahora, el Gobierno no había optado por reinterpretar estas palabras.
“Es una obligación política y tenemos voluntad de aprobar una ley de Presupuestos y llevarla al Parlamento, a tramitación parlamentaria, y trabajar duro para conseguir los apoyos. Ahora no es el momento porque tenemos unas incertidumbres económicas por la situación internacional que hacen muy difícil tener un cuadro macro preciso, pero esta situación pasará”, afirmó uno de los hombres fuertes del presidente desde la mesa del Consejo de Ministros.
Que el Gobierno reivindique la vigencia de las actuales cuentas, pensadas para 2023 y prorrogadas en tres ocasiones, no es nuevo. Tampoco que resten importancia a su incapacidad de fraguar una mayoría parlamentaria que les permita aprobar al menos un proyecto de ley de Presupuestos en esta legislatura. Pese a ello, el ministro presumió el martes de la “compleja pero razonable estabilidad parlamentaria” de la coalición.
Y llegó a sacar pecho porque las Cortes Generales son el parlamento español -contando con los autonómicos- que más normas aprobó el pasado año, con excepción de Les Corts de la Comunidad Valenciana (por la necesidad de actuar tras la Dana de 2024, siempre según sus cuentas).
“El PP estuvo 5 años incumpliendo el mandato constitucional de renovar el CGPJ”
Este mismo martes, más allá de la interpretación de Bolaños sobre lo que establece la Carta Magna, fuentes del Gobierno plantearon lo que consideran una suerte de precedente: que el PP “estuvo cinco años incumpliendo el mandato constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial”.
Se refieren al pacto que sellaron en 2024 con los conservadores para nombrar al nuevo CGPJ, cuyo mandato había caducado casi cinco años antes. “No hubo forma”, argumentan, de convencerles. Durante esos años, desde el Gobierno criticaron en innumerables ocasiones a los conservadores por no acatar el texto constitucional. Ahora, sin embargo, desde Moncloa sugieren que el Ejecutivo podría hacer lo propio en lo que se refiere a la obligación de presentar las cuentas.
El Gobierno obvia el calendario y no da por finiquitadas las cuentas para 2026
En 2024 y hasta mediados de 2025, Sánchez y sus ministros tuvieron que afrontar reiteradas críticas y preguntas por no amagar siquiera con llevar al Congreso un proyecto de ley de presupuestos. La promesa del presidente a mediados del pasado año, cuando afirmó que sí presentarían las cuentas -con o sin los apoyos- supuso un cambio de estrategia. Desde entonces no han dejado de dar largas.
La novedad hoy está en los giros y bandazos en su discurso. Si hace una semana fuentes del Gobierno asumían que el calendario hace difícil la aprobación de las cuentas para 2026, y deslizaban que podría tener más sentido pensar en las del próximo año, este martes negaron la mayor.
Las cuentas suelen requerir de entre mes y medio y dos meses para su tramitación en la Cámara Baja; difícilmente activarán la maquinaria presupuestaria antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, y julio es un mes inhábil -aunque se suele habilitar para algunos plenos-.
Incluso pisando al máximo el acelerador, y sólo si afinaran hoy el cuadro macro ante el posible impacto de la guerra en Irán, difícilmente podrían lograr luz verde para estas cuentas antes del inicio de julio. “Apretando mucho, llegamos a 2026 holgadamente”, sostienen, en contra de lo que esgrimían hace sólo una semana. Además, recuerdan que Mariano Rajoy logró aprobar sus últimos presupuestos a mitad de mayo, apenas un par de semanas antes del triunfo de la moción de censura que llevó a Sánchez al poder.
A punto de cumplirse ocho años de esta cita, el Ejecutivo apenas ha logrado aprobar tres presupuestos (2021, 2022, 2023). Y, con sólo un 36% de las normas del Plan Anual Normativo (PAN) para 2025 aprobadas hoy, y un 46% “en trámite”, Bolaños acaba de presentar su nueva estrategia legislativa y reglamentaria. Sostiene que aspiran a aprobar 179 iniciativas este año, de las que 10 son leyes orgánicas y 38 normas ordinarias. Las primeras requieren del ‘sí’ de Junts, que rompió relaciones en octubre.
Las segundas exigen que los neoconvergentes permitan, al menos, que estas normas cosechen más síes que noes, salvo un improbable giro de la legislatura que acerque a la coalición de Sánchez y al Partido Popular. El Gobierno apenas ha logrado aprobar unas 60 normas con rango de ley en dos años y medio de legislatura. Y ni siquiera ha llegado a amagar con llevar a la Cámara Baja un solo proyecto de ley presupuestaria.
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