“No hay transparencia en la Ley de Nietos. ¿A qué podrá acceder INECO?”

La polémica ley de Nietos, a través de la que 2,4 millones de personas han iniciado los trámites para adquirir la nacionalidad, está levantando ampollas en el ámbito político y diplomático.

Tanto PP como Vox piden al Ejecutivo más transparencia. El partido de Abascal, además, ha exigido al Gobierno que responda en el Congreso a una serie de preguntas en las que aclare si el Ejecutivo ha recurrido a “esfuerzos extra” para tramitar las nuevas nacionalidades. Como lo sería haber contratado a la empresa pública Ineco, dado el colapso que sufren las administraciones ante el exceso de solicitudes por adquirir la nacionalidad. El Ministerio de Asuntos Exteriores dispone de 20 días para contestar a las preguntas, sino solicita una prórroga, tal y como informa Elespañol. 

Este medio ha contactado con el ministerio dirigido por José Manuel Albares, sin obtener respuesta. Por el contrario, desde la Asociación de Diplomáticos sí se traslada cierto malestar. “No hay transparencia, no hay información”, afirman. “No parece que se haya contratado ya a INECO, porque no ha salido en el BOE”. Y añaden: “Sería interesante saber para qué se la contrata y a qué podrá acceder INECO”.

La polémica que envuelve la Ley de Nietos

La polémica que envuelve a la Ley de Nietos gira entorno a la sospecha por parte de los partidos políticos, en cuanto a que las modificaciones emprendidas por el Ejecutivo responden a una intención de ganar votos en las próximas elecciones generales. Dicha ley está comprendida dentro de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, e inicialmente integraba a aquellos hijos o nietos de españoles de origen que perdieron la nacionalidad “como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. Unos días después, el Gobierno publicó en el BOE una instrucción que reinterpretaba el alcance de la norma: “Se presumirá la condición de exiliado para todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. En definitiva, no hay que justificar una persecución, sino que basta con ser descendiente de un español de origen.

“No ha habido una planificación de los recursos humanos y de las capacidades existentes para que la red consular pudiera afrontar la disposición adicional de la ley de Memoria Democrática que supone la solicitud de nacionalidad a más de 2 millones de ciudadanos que están repartidos por el mundo, sobre todo en determinados países de América Latina”, asegura Alberto Virella, presidente de la ADE.

Y critica que entrara en vigor sin que se aplicara la vacatio legis –período temporal que transcurre desde la publicación oficial de una norma jurídica hasta su entrada en vigor, para garantizar la seguridad jurídica que permita a la ciudadanía y los organismos adaptarse a la nueva regulación- sino que entró directamente en el BOE. “La Ley de Memoria Histórica dio un año para poner en marcha toda la maquinaria, sin que diera tiempo a preparar la adopción de medidas, instrumentos y mecanismos”.

“No conocemos el texto de propuesta de contrato con INECO”

Pero no se trata sólo de la tramitación, a juicio de esta asociación mayoritaria de diplomáticos, que integra a 740 inscritos, incluidos jubilados. “No conocemos el texto de la propuesta de contrato con INECO”, asegura. “Suponemos que lo que se trata de encargar a esta entidad es la revisión y ordenación de la documentación que las personas solicitantes”, explica. “Pensamos que ese expediente es entregado a los consulados de Argentina, que se supone que es donde INECO va a prestar esa asistencia”. Serán los consulados los que revisen si se cumplen los requisitos y hagan la tramitación de concesión de la nacionalidad e inscripción en el registro civil, así como la matrícula consular.

Por este motivo, afirma: “A efectos electorales el censo de electores residentes en el extranjero. Suponemos que INECO sólo tendrá una parte del trabajo, lo demás sigue siendo competencia de los consulares y ahí tenemos la misma limitación de recursos humanos.

Argentina, el país con mayor impacto

Argentina es uno de los países donde la Ley de Nietos tiene mayor impacto, debido a su enorme comunidad de origen español, fruto de la emigración masiva de finales del XIX y mediados del XX. Esto se traduce en varios efectos para España. El censo de españoles residentes en Argentina ha crecido con fuerza, ampliando el voto exterior (CERA), lo que la oposición denuncia como un posible rédito electoral para el Gobierno. En los consulados argentinos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, han sufrido una saturación de solicitudes, con largas listas de espera y necesidad de refuerzo de personal y digitalización.

Fuentes diplomáticas que han servido en Argentina cuestionan la finalidad real de esta ley. “Argentina es un país que desciende de españoles e italianos. Sin haber realizado un estudio riguroso previo para poder aplicarla, todo parece indicar que el Ejecutivo busca sacar rédito electoral”.

Argentina encabeza el ranking global de solicitudes con 366.579 expedientes iniciados en los cinco consulados del país, el 42% de las gestiones internacionales, aunque cifras posteriores del Gobierno elevan esa cantidad: en Buenos Aires se acumulan alrededor de 645.000 solicitudes. El cuello de botella es severo: según el propio cónsul general en Buenos Aires, José María Ridao, al ritmo actual haría falta más de un siglo para resolver todas las solicitudes acumuladas.

Voto desde el exterior tras conseguir el DNI

En el Real Decreto de la digitalización del DNI, se desprende: «Las personas con nacionalidad española que se encuentren en el exterior podrán solicitar que se les expida el Documento Nacional de Identidad en las embajadas y consulados en los que la Dirección General de la Policía cuente con los recursos técnicos y humanos necesarios para su expedición. Las condiciones en las que la Dirección General de la Policía prestará este servicio se establecerán previo acuerdo del Ministerio del Interior con el Ministerio de Asuntos Exteriores».