El PP y Vox llevan semanas jugando con la idea de que el Congreso de los Diputados pueda enfrentarse a la votación de un suplicatorio para enjuiciar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que le afectan. Y, en caso de ese eventual suplicatorio, no descartan maniobras del PSOE y sus socios o de la propia presidenta del Congreso, Francina Armengol, para intentar dilatar o directamente bloquear esta tramitación.
En sede parlamentaria, Alberto Núñez Feijóo, llegó a sugerir a los socios si iban a esperar a que llegue una eventual imputación del presidente del Gobierno para que estos le retiren su apoyo parlamentario. “¿A qué hay que esperar ahora? ¿A qué le llegue un suplicatorio al señor P.S?”, preguntó. Cabe recordar que el PP ha prometido una reforma del suplicatorio si llega a gobernar para que no implique el sobreseimiento o archivo de una causa judicial en caso de ser denegado por las Cortes Generales y así ningún político pueda “librarse de la justicia” ni “asegurarse la impunidad”.
Desde Vox, su portavoz Pepa Millán ha ido un paso más allá alertando de que, si llega ese suplicatorio, la Mesa del Congreso podría intentar frenarlo. Es por eso que han propuesto una reforma del suplicatorio dentro de la reforma del reglamento para obligar a que los suplicatorios se voten en todo caso y que la única forma de denegarlo sea mediante el voto expreso. Y es que, actualmente, según el artículo 14 del Reglamento del Congreso el suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se pronuncia en el plazo de 60 días.
Con la reforma de Vox, el suplicatorio quedaría concedido si la Cámara no se pronuncia en ese plazo de tiempo. Además, el partido de Santiago Abascal también quiere modificar el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento del Congreso –que regula los suplicatorios- con el objetivo de que en el caso de que el presidente del Congreso o cualquier miembro de la mesa incumpla con la obligación de tramitar el suplicatorio incurra en “responsabilidades penales”. Sin embargo, las enmiendas presentadas por Vox no han sido calificadas por la mesa del Congreso al entender que son “intrusas” al debate concreto.
Lo que dice el Reglamento
¿Puede de verdad Armengol frenar un eventual suplicatorio de Sánchez? Fuentes parlamentarias consultadas por este periódico lo ven “inviable”. “No tramitar un suplicatorio sería una crisis de Estado”, dicen integrantes del órgano de gobierno de la Camara. “No se puede sembrar dudas, es lo mismo que hacerlo sobre un pucherazo… Siempre que ha venido un suplicatorio al Congreso, se ha cumplido”, aportan estas fuentes.
De llegar un suplicatorio por parte del Tribunal Supremo al Congreso, Armengol debe remitirlo en un plazo de cinco días a la Comisión del Estatuto, presidida siempre por la oposición al Gobierno y que en un plazo de 30 días debe concluir su expediente.
Después, Armengol debería fijar el “primer pleno ordinario de la Cámara” para debatirlo. Pero en la oposición dudan sobre si la presidenta daría o no el paso, toda vez es ella la que ordena de los debates
En este punto, el artículo14 del Reglamento del Congreso actúa como una suerte de silencio administrativo, que podría servir para dar portazo a la petición del Supremo. Tal y como se refleja en este artículo, el suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se pronuncia al respecto en el plazo de 60 días naturales, computados durante el periodo de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.
Sin embargo, existe un resquicio legal que obligaría a Armengol a tener que motivar por qué no responde al suplicatorio. Así consta en los comentarios al Reglamento del Congreso sobre el artículo 14 realizados por la jurista Mónica Moreno Fernández Santa- Cruz, consultados por este diario. Según fundamenta, en cuanto al silencio negativo, habría que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha establecido que la denegación de un suplicatorio debe ser “en todo caso motivada por la Cámara”, con lo que “queda descartada dicha posibilidad”, la de que la Cámara deniegue un suplicatorio. Y añade la jurista, “tampoco parecería procedente, todo sea dicho”.
El precedente
En concreto, el Tribunal Constitucional sentó un precedente en el caso Barral. En el año 1983 anuló la decisión del Senado que había denegado el suplicatorio para procesar al senador del PSOE Carlos Barral Agesta por un delito anterior a adquirir la condición de parlamentario (STC 90/1985, de 22 de julio). Estableció así el Tribunal Constitucional que no puede impedirse un procesamiento cuando los hechos no tienen que ver con el ejercicio de la actividad parlamentaria, puesto que “habrá un abuso de la inmunidad cuando sea utilizada para fines que no le son propios”.
Lo cierto es que sería muy extraño que el Congreso denegara un suplicatorio a Sánchez. Con el del exministro José Luis Ábalos, en democracia se han aprobado 34 y se han rechazado 14. La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra por incluir sus fotos en carteles de Interior.
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