El Congreso ha cambiado el escenario político. Los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno han sido rechazados este viernes y Pedro Sánchez afronta ahora una decisión que puede marcar el final de la legislatura: intentar reconstruir una mayoría parlamentaria cada vez más difícil o convocar elecciones generales antes de que termine 2026.
La primera de las normas cayó por 172 votos a favor y 178 en contra, después de que PP, Vox, Junts y UPN sumaran sus fuerzas contra el decreto. El segundo texto fue rechazado por un margen todavía mayor: 166 diputados votaron a favor y 184 lo hicieron en contra. Dos derrotas consecutivas que han convertido una votación inicialmente centrada en la vivienda en una nueva prueba sobre la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante su agenda legislativa.
Ahora todas las miradas se dirigen a Moncloa. Según ha informado EFE, Sánchez ha abierto un periodo de reflexión durante el fin de semana para decidir si mantiene la legislatura o adelanta las elecciones generales. El presidente no tiene actos previstos hasta el lunes, jornada en la que está convocada además la Ejecutiva Federal del PSOE.
Y precisamente ese calendario explica por qué una fecha comienza a sobresalir sobre las demás: el domingo 29 de noviembre de 2026.
La cuenta atrás que conduce al 29 de noviembre
#ÚLTIMAHORA | Pedro Sánchez abre un periodo de reflexión para decidir si adelanta las elecciones. pic.twitter.com/BmF5uKAIQi
— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 2, 2026
La fecha no es arbitraria. Surge directamente de combinar el calendario político de los próximos días con los plazos establecidos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El artículo 42 de la LOREG determina que, cuando hay una disolución anticipada, las elecciones generales deben celebrarse el quincuagésimo cuarto día posterior a la convocatoria.
Si Sánchez utiliza el fin de semana para tomar una decisión y el lunes 5 de octubre formaliza la disolución de las Cortes, el decreto se publicaría en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente. El calendario electoral resultante desembocaría en el domingo 29 de noviembre, una jornada que además mantiene la costumbre de celebrar las elecciones nacionales en domingo.
Por eso el 29 de noviembre resulta ahora mucho más relevante que el 26 de noviembre que surgiría de una disolución inmediata este viernes. Jurídicamente, una convocatoria formalizada el 2 de octubre conduciría a votar un jueves. Pero el escenario político descrito tras la votación apunta a una decisión posterior al periodo de reflexión anunciado y a la reunión socialista del lunes.
El propio funcionamiento constitucional favorece esa secuencia. El artículo 115 de la Constitución establece que el presidente del Gobierno puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras previa deliberación del Consejo de Ministros. El rey decreta posteriormente la disolución y el documento fija la fecha de las elecciones. La Constitución también impide utilizar esta facultad cuando existe una moción de censura en trámite.
El precedente de Sánchez en 2023
Sánchez ya utilizó un calendario prácticamente idéntico cuando decidió adelantar las anteriores elecciones generales. El 29 de mayo de 2023 anunció la disolución de las Cortes después de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el día anterior. El real decreto fue expedido ese mismo lunes y apareció publicado en el BOE el martes 30 de mayo.
Las elecciones se fijaron entonces para el domingo 23 de julio. El decreto aplicó exactamente el plazo establecido en la LOREG y convirtió una decisión política tomada un lunes en una cita electoral celebrada 54 días después.
Ese precedente explica por qué el lunes vuelve a ser ahora una jornada decisiva. Si Sánchez comunicara tras el fin de semana que considera agotada la legislatura y activara formalmente la disolución, el 29 de noviembre encajaría de forma directa con los plazos electorales.
Perder los decretos no obliga a Sánchez a convocar
La derrota parlamentaria, en cualquier caso, no provoca automáticamente unas elecciones generales. Que el Congreso rechace dos decretos del Gobierno no equivale jurídicamente a retirar la confianza al presidente. La Constitución reserva esa consecuencia a mecanismos específicos como una cuestión de confianza perdida o una moción de censura aprobada.
Sánchez puede, por tanto, continuar en Moncloa e intentar alcanzar acuerdos diferentes para cada iniciativa. La cuestión es política: hasta qué punto el Ejecutivo considera posible prolongar una legislatura en la que necesita negociar cada votación y en la que Junts acaba de demostrar que puede unir sus votos a PP y Vox para bloquear iniciativas relevantes.
La votación de este viernes ha vuelto a mostrar que el Gobierno no dispone de una mayoría estable para sacar adelante todas sus medidas. Al mismo tiempo, tampoco existe ningún mecanismo automático que obligue al presidente a disolver las Cortes. La decisión sigue siendo suya. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya le ha reclamado públicamente que convoque elecciones después de la caída de los decretos, mientras distintas voces socialistas han defendido también la posibilidad del adelanto.
Por eso las próximas horas serán determinantes. Si Sánchez decide resistir, la legislatura continuará y el Gobierno tendrá que reconstruir sus alianzas parlamentarias voto a voto. Si considera que el bloqueo ha alcanzado un punto de difícil retorno y formaliza la convocatoria el lunes, el calendario ofrece una fecha muy concreta: domingo 29 de noviembre de 2026. A partir de ahora, esa es la fecha que concentra todas las miradas ante unas posibles elecciones generales anticipadas.
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