El sector independentista tendrá que esperar para que se materialice su euforia. El Tribunal Constitucional (TC) no podrá pronunciarse sobre el recurso de amparo de Carles Puigdemont hasta octubre, según fuentes del propio Tribunal. “Aún no hay plazos, hay algunos amparos pendientes de resolver y seguro que se llevarán por los respectivos ponentes a primeros de octubre“, afirman.
Así, el debate definitivo sobre el regreso del prófugo se pospondrá al próximo otoño judicial, dejando al líder de Junts, Carles Puigdemont, con la orden de detención nacional todavía activa. “De momento, las reacciones dentro del TC han sido escasas”, afirma un magistrado del Tribunal. “Pero se da por sentado que estaremos divididos nuevamente entre conservadores y progresistas”. Una división que no ven equilibrada: “Con toda probabilidad, Pumpido -presidente del TC- estimará los recursos de los prófugos y los huidos volverán”, aseguran.
Una marcada división
El órgano de garantías llegará a la cita de octubre con una composición marcadamente dividida por bloques, un patrón que se repitió durante toda la tramitación de la ley. En junio de 2025, el pleno ya avaló la Ley de Amnistía por seis votos frente a cuatro: la mayoría progresista, liderada por el presidente Cándido Conde-Pumpido y la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, sostuvo entonces que la norma perseguía una finalidad legítima de normalización política y no vulneraba ni la igualdad ni la separación de poderes.
Frente a ellos, el bloque conservador —integrado por Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez— quedó en minoría y firmó votos particulares para dejar constancia de su desacuerdo, denunciando incluso que las deliberaciones se habían convertido en una sucesión de discursos aislados más que en un debate real.
Esa misma fractura reaparecerá ahora con más intensidad, porque lo que queda pendiente no es la constitucionalidad general de la ley, sino su aplicación concreta al caso de malversación que afecta a Puigdemont, Oriol Junqueras y otros dirigentes del procés. El sector conservador ha reclamado en el pasado plantear cuestiones prejudiciales adicionales ante Luxemburgo antes de resolver, mientras que Conde-Pumpido ha insistido en zanjar primero los recursos internos. La mayoría progresista decidió esperar deliberadamente al fallo del TJUE antes de dar el paso final, con el objetivo de blindar jurídicamente su decisión y reducir el margen de maniobra del Tribunal Supremo, que hasta ahora ha rechazado aplicar la amnistía a la malversación del procés al considerar que hubo enriquecimiento personal en el desvío de fondos del 1 de octubre.
El fallo del TJUE refuerza la posición progresista
El fallo europeo, que avala la ley de amnistía frente al derecho comunitario, refuerza la posición de la mayoría progresista del Constitucional, pero no cierra el debate interno. El bloque conservador previsiblemente insistirá en que persisten dudas sobre si el criterio del TJUE resuelve realmente el fondo del asunto o si el Supremo actuó dentro de su margen interpretativo al excluir la malversación agravada del perdón legal.
El calendario tampoco es inocuo: la resolución del Constitucional no cerrará el caso, ya que después corresponderá al Tribunal Supremo aplicar la doctrina que fije el Tribunal de Garantías, lo que podría demorar la decisión final hasta bien entrado el invierno. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el regreso de Puigdemont sigue condicionando la agenda política catalana, en un contexto en el que Junts mantiene la amnistía como línea roja en su relación con el Gobierno de Sánchez. “Mientras Pumpido sea presidente bajo Gobierno de Sánchez no habrá nada nuevo bajo el sol”, aseguran.
Sociedad Civil Catalana acusa al Gobierno de blanquear la malversación
Por su parte, Sociedad Civil Catalana ha publicado un comunicado en el que sostiene que la sentencia no descarta la malversación, sino que “sólo concluye que no afectó a los intereses financieros de la UE”, dejando abierta la vía para que el Tribunal de Cuentas declare responsabilidades internas. Según la organización, el fallo también cuestiona la tutela judicial efectiva de la norma y aclara que su aplicación no puede ser automática, sino sujeta a valoración judicial. Ahora corresponderá al Constitucional y al Supremo resolver los recursos pendientes.
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