Gabriel Rufián ha reaccionado a la publicación de los 40 documentos oficiales sobre la crisis migratoria de Ceuta con una acusación directa contra el funcionamiento interno del Estado. El portavoz de ERC en el Congreso considera que la información desclasificada demuestra que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había transmitido advertencias antes de la entrada masiva del 30 de julio y concluye que existe una parte del aparato estatal que actúa al margen del control efectivo del Ejecutivo.
“Hay una parte del Estado que va en contra del Gobierno, en este caso, el CNI”, afirmó este miércoles en los pasillos del Congreso. Para Gabriel Rufián, los documentos difundidos por La Moncloa respaldan la idea de que las autoridades recibieron información previa sobre movimientos que podían desembocar en intentos de entrada en Ceuta. “No lo digo yo, sino que están publicados”, aseguró.
El CNI alertó el 29 de julio de llamamientos para entrar en Ceuta
La documentación publicada por el Gobierno permite reconstruir parte de la información que circulaba entre diferentes organismos durante las semanas anteriores a la crisis. Entre los 40 documentos y comunicaciones aparecen informes de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Uno de los elementos más relevantes se encuentra el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva. Ese día, el CNI detectó en redes sociales llamamientos para intentar acceder a Ceuta por la valla y por mar coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos.
En una comunicación con la Delegación del Gobierno en Ceuta, el servicio de inteligencia señaló que había dos grupos que reunían aproximadamente 180.000 seguidores. La cifra se refiere al alcance potencial de esas comunidades digitales y no al número de personas que tuvieran intención efectiva de participar en una entrada.
El CNI también trasladó información a la Guardia Civil y remitió una nota urgente a los servicios de inteligencia marroquíes, la DGST y la DGED. Son precisamente estas comunicaciones las que Gabriel Rufián utiliza para cuestionar el relato sobre cuánto sabía el Gobierno antes de la crisis.
Rufián: “Gobierna sí, pero no manda”
La interpretación del portavoz de ERC va mucho más allá de determinar si hubo o no una advertencia previa. Gabriel Rufián sostiene que el episodio demuestra un problema de control dentro de las propias estructuras del Estado.
“El Gobierno no controla una parte de su Estado”, afirmó antes de resumir su posición con otra frase: “Gobierna sí, pero no manda”. El dirigente republicano sitúa así el foco sobre la relación entre el Ejecutivo y el CNI después de semanas de controversia sobre qué información estuvo disponible y hasta dónde llegó dentro de la cadena institucional.
Sin embargo, los documentos no establecen que el CNI actuara contra el Gobierno. Esa es la conclusión política expresada por Rufián. Lo que sí permiten acreditar es que existieron comunicaciones previas sobre un aumento de la presión migratoria y sobre convocatorias concretas difundidas a través de redes sociales.
El Gobierno insiste en que nadie anticipó la magnitud de la crisis
La cuestión central está precisamente en la diferencia entre advertir de un posible intento de entrada y prever lo que finalmente ocurrió. El Gobierno mantiene que ninguno de los informes disponibles anticipó una llegada de las dimensiones registradas los días 30 y 31 de julio.
El propio CNI ha reconocido que su información previa no permitió anticipar “la magnitud y naturaleza” de los acontecimientos. El Ejecutivo utiliza esa diferencia para defender que existieron avisos sobre movimientos migratorios, pero no una alerta que permitiera prever el escenario extraordinario que terminó produciéndose.
El delegado del Gobierno en Ceuta también ha señalado que no tuvo conocimiento directo de algunos de los mensajes intercambiados entre un miembro de su gabinete y el CNI. Además, sostiene que aquellas comunicaciones no tenían la consideración formal de una alerta que anticipara una entrada masiva.
IU pide investigar cómo circuló la información
La publicación de los documentos también ha provocado dudas entre otros socios parlamentarios del Ejecutivo. Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso, ha señalado que existían “indicios”, aunque asegura no haber encontrado ningún informe que anticipara un movimiento de personas de la magnitud que finalmente se produjo.
Santiago ha pedido estudiar cómo funcionó la cadena de transmisión de la información y determinar si los avisos fueron interpretados correctamente y llegaron a quienes debían recibirlos. También ha vuelto a denunciar una supuesta estrategia impulsada desde sectores vinculados al expresidente José María Aznar para dificultar el funcionamiento de la Administración, una acusación política que no aparece acreditada en los documentos publicados.
Los 40 documentos abren una nueva batalla política
La Moncloa difundió este miércoles los informes después de que Pedro Sánchez se comprometiera ante el Congreso, el pasado 3 de septiembre, a hacer pública la información disponible antes y durante la crisis de Ceuta.
La desclasificación no ha cerrado la controversia. Al contrario, ha trasladado la discusión hacia qué se sabía exactamente, cuándo se supo y cómo fue interpretada la información. Los documentos muestran que existieron alertas y comunicaciones antes del 30 de julio, pero también que los organismos implicados no dimensionaron correctamente el alcance de lo que estaba a punto de suceder.
Para Gabriel Rufián, la conclusión es distinta y mucho más política: el problema no estaría únicamente en la capacidad para anticipar la crisis, sino en el control del Gobierno sobre determinadas estructuras del Estado. La publicación de los informes, lejos de cerrar el caso, acaba de abrir una nueva batalla sobre las responsabilidades de una de las mayores crisis vividas en Ceuta.
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