“En política las decisiones se toman cuando estás al borde del precipicio, nunca en la zona de seguridad”. Una figura clave en uno de los Ministerios del Gobierno resume así la decisión anunciada sin previo aviso por la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El lunes, Saiz vendió un acuerdo con sus socios de coalición, desvelado sin haber cerrado las negociaciones, para aprobar en julio un nuevo real decreto ley con medidas de vivienda todavía por concreta. Entre ellas prevén incluir una nueva prórroga de los contratos de alquiler, en línea con la norma que aprobaron hace meses, para después verla estrellarse ante la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
En la misma comparecencia ante los medios, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anticipó que el Gobierno presentará la primera piedra de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, la senda de déficit, el próximo 23 de junio. Una cita parlamentaria de peso, y fuera del periodo ordinario de sesiones.
A su vez, confirmó la aprobación de un nuevo decreto ley de medidas frente al impacto de la guerra en Irán, que sí estaba previsto. Fuentes del PSOE apuntaron a que en la misma fecha en la que llegará a la Cámara Baja también aterrizará en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de integridad pública. Recoge las medidas anunciadas en julio de 2025 por Pedro Sánchez, y aún debe pasar por segunda vuelta en el Consejo de Ministros.
Buena parte de estas medidas se someterán a votación en el Congreso en los plenos extraordinarios del 14 y el 23 de junio. Y, por si fuera poco, el martes Sánchez presentará el plan de integración y ciudadanía, una iniciativa que llevan desarrollando durante un año.
Lo hará pocas horas antes de contar con el dato definitivo sobre el número de personas que se han acogido a la regularización extraordinaria de personas migrantes, otra de sus medias estrella y caballo de batalla electoral.
Con decenas de iniciativas congeladas en la Cámara Baja, el Ejecutivo prioriza y empieza a enseñar sus cartas, de cara al cierre de curso y a la vuelta de las vacaciones. Fuentes del Consejo de Ministros admiten la “complejidad” de “aunar voluntades” entre los distintos partidos, en materias tan sensibles como la vivienda, aunque aseguran que quemarán hasta el último cartucho.
Tras el verano llegarán los últimos compases de su legislatura más difícil, marcada por la ruptura con Junts per Catalunya (noviembre de 2025) y por los casos de presunta corrupción que les impiden recuperar el control de la agenda política. De hecho, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes es la única de las últimas semanas en la que las preguntas de los medios de comunicación no versaron casi en exclusiva sobre los escándalos, y sí sobre las medidas del Ejecutivo.
Poco después, se conoció la imputación de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Belén Gualda, y la de otras 24 personas, por presunto amaño de contratos en empresas públicas, en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional por el caso Leire Díez. El Gobierno salió a defenderla.
Más allá de su compromiso con el PNV para convocar elecciones si no logra aprobar los Presupuestos, que en sus filas anticipan “expansivos”, Sánchez no ha dado muchas pistas sobre cuándo pulsará el botón nuclear. Pero sí ha dispuesto el retorno a la palestra de algunas iniciativas que considera ganadoras entre sus potenciales votantes. Y en paralelo a la llegada de unos Presupuestos que, incluso entre sus aliados, ven prácticamente imposibles.
Sin avances con el IVA franquiciado, reclamado por Junts
Apenas cuatro días después de que la mayoría de la Cámara Baja le asestara un nuevo revés, el Gobierno decidió recuperar la prórroga de los alquileres, una iniciativa que ya le tumbaron en abril. El jueves, el Congreso aprobó una moción del PP, una iniciativa simbólica, para pedirle a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, una potestad exclusiva del presidente.
El Ejecutivo decidió obviarla, y ya mira a otra fecha marcada en rojo en el calendario: el 16 de julio, día en el que se prevé que el Tribunal de Justicia de la UE decida sobre la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. En el partido del expresidente aguardan con nerviosismo -y optimistas- esta jornada.
Por el momento, y pese al anuncio de ese real decreto ley de medidas sobre vivienda, en el Ejecutivo reconocen que no han avanzado hacia el entendimiento con Junts. Junto a PP y Vox, los neoconvergentes tumbaron en abril el decreto ley para prorrogar los contratos de alquiler de vivienda. La exención de recaudar IVA a los autónomos que ingresan menos de 85.000 euros anuales fue entonces reclamada por Junts a cambio de sus votos, pero los socialistas se cerraron en banda.
Dentro del PSOE, y con sus aliados hubo conversaciones sobre en qué nivel de renta podría fijarse la exención, pero el socio minoritario del Gobierno acusó a los socialistas de impedir el pacto con Junts.
El nuevo decreto, cuya fecha de aprobación en Consejo de Ministros aún no se conoce, se estructurará en dos bloques: el primero busca contribuir a la reducción de los precios, dar estabilidad a los contratos y combatir fraudes. Aquí se incluirá la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, comprometida casi desde el arranque de la legislatura, hace tres años.
También la prórroga de contratos o nuevas bonificaciones en el IRPF a los caseros que bajen los precios. El segundo bloque busca movilizar vivienda asequible, y se construirá sobre medidas como el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos.
Sumar recela: “Hay que esperar a ver qué proponen”
PSOE y Sumar anunciaron casi en paralelo el acuerdo sobre medidas en vivienda. Fuentes de Sumar aseguraron que la decisión de dar a conocer este pacto perseguía lograr que los socialistas no se “echasen para atrás”. Lo hicieron sin que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, estuviera siquiera presente en la comparecencia en La Moncloa.
Las diferencias sobre cómo abordar la crisis del acceso a la vivienda han generado importantes tensiones en la coalición de Sánchez. Ni en el ala socialista ni en las filas del socio minoritario aclaran por qué han escogido este momento político concreto para mover ficha, más allá de insistir en la enorme presión que soportan para actuar. En Sumar esgriemen que en esto se juegan cualquier opción de revalidar el Gobierno.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que lidera Pablo Bustinduy, se mostraron “satisfechos” con el compromiso logrado con sus socios. Bustinduy lleva meses ejerciendo como una suerte de contraministro de Vivienda frente a Rodríguez. Y, más allá de que en Sumar celebren este avance con prudencia, otro interlocutor del Ejecutivo pide no echar las campanas al vuelo. Simplemente no se fía del PSOE en materia de vivienda: “Hay que esperar a ver qué proponen”.
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