En los últimos meses, José Manuel Albares ha impulsado su agenda de política exterior feminista con varios hitos. Presentó el III Plan Nacional de Acción Mujeres, Paz y Seguridad 2025-2030, y en enero lanzó la primera Estrategia de Cooperación Feminista española, centrada en participación política, derechos sexuales y reproductivos, y economías del cuidado.
El gran evento fue la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, celebrada en Madrid el 2 y 3 de junio, con cerca de 700 asistentes y 60 delegaciones, donde reivindicó el feminismo como vía para un mundo “pacífico, justo y democrático”. Asimismo, este día 22 el ex ministro se ha se reunido con entidades LGTBI+ (Federación Estatal LGTBI+, Fundación Triángulo, Fundación 26 de Diciembre, entre otras) para recoger sus demandas de acción exterior. Por el Orgullo 2026, Exteriores desplegó banderas arcoíris e iluminó sus sedes con los colores LGTBI+. Esto se suma a la creación previa, en 2025, del Embajador en Misión Especial para los derechos LGTBIQ+.
La otra cara de la moneda
A través de diferentes artículos, este medio se ha hecho eco de voces de, principalmente mujeres, denuncian estos gestos institucionales mientras que no se resuelven los problemas que sufren las familias destinadas en acción exterior. “Quizá la mejor definición de la actual diplomacia feminista española sea precisamente esa: una política que reconoce los problemas en sus reglamentos, los celebra en sus discursos, pero sigue sin resolverlos en la práctica”, concluye una mujer de diplomático en una misiva que ha enviado a la Asociación de Familias de Diplomáticos y Funcionarios del Servicio Exterior (AFD). Unas líneas sin firma, ya que como han explicado en distintas ocasiones a este medio, temen las represalias a la hora de alzar la voz.
¿Qué critican y qué solicitan?
“Detrás de la retórica oficial existe una realidad que el MAEC -Ministerio de Asuntos Exteriores- ha ignorado desde siempre”, dice la carta. “Cuando una familia del servicio exterior es destinada al extranjero, quien asume el coste profesional y emocional de esa movilidad sigue siendo la mujer”. Y lo explica: “Son ellas quienes, en una proporción abrumadoramente superior, interrumpen carreras profesionales, renuncian a ascensos, abandonan empleos estables o aceptan largos periodos de inactividad laboral para acompañar a sus familias”. Y afirma con ironía: “Es verdad que cada vez más hombres chocan con esta realidad de abandono institucional, pero justamente de igualdad va la cosa”.
¿Por qué denuncian esta situación? Los tiempos han cambiado y, si antiguamente el papel reservado a la mujer de diplomático era el ser una buena anfitriona, y educada en el buen manejo de las relaciones públicas, en la actualidad la mujer de diplomático, o el marido de diplomática, ha estudiado, tiene una carrera y quiere trabajar, cotizar y tener su independencia económica, y no sólo por el desarrollo de su carrera e independencia, sino también de cara a un posible divorcio. Esta situación ha hecho que otros países europeos, el más cercano, el portugués, hayan actualizado sus regularizaciones al respecto.
Otros países que sí han abordado iniciativas
En otros países el Estado “es más protector”, han afirmado a este medio. Es el caso de Portugal. Entre otras cosas, facilitan trabajo en las embajadas, lo que aseguran no sucede en España y sí se hace, “te acusan de enchufismo”. La solución para muchas personas estaría en regularizar el teletrabajo. “El régimen de teletrabajo y todo eso es libre. Yo he podido teletrabajar, pero he estado en un limbo jurídico“, lamenta una mujer. Las empresas, además, temen ser considerados un establecimiento permanente y les obliguen a tributar allí, por lo que asegura conocer casos de personas que tributan en negro.
Según estipula la ley, los diplomáticos y cónyuges de diplomáticos son residentes fiscales en España. “¿Pero qué pasa si tengo residencia habitual en el extranjero, si me doy de alta en el registro consular del país donde vivo, por ejemplo?”, se preguntan. “No está claro y eso desde la Asociación de Familias (AFD) lo hemos hablado con abogados y no lo tienen claro, pues hay que diferenciar el régimen si eres un empleado de una empresa, no tienes una relación laboral, cómo cotiza esa empresa por ti, las prestaciones sanitarias, las cotizaciones…”
Se preguntan por qué el MAEC no toma medidas
En la misiva, esta mujer afirma: “Si la igualdad o el feminismo consisten en garantizar que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos vitales en condiciones de libertad e independencia económica, resulta legítimo preguntarse por qué esta realidad permanece prácticamente ausente de la agenda política e institucional del MAEC en un país que se presenta como referente en esta materia”.
Estas circunstancias, afirma, “Difícilmente encajan con la imagen de una administración que aspira a convertirse en referente internacional de las políticas de igualdad”.
El acceso a la Sanidad
Otra de las desventajas que afirman padecer para lanzarse a vivir en el exterior es el tema de los seguros médicos. “Esta situación obliga a contratar costosos seguros médicos internacionales con recursos propios, profundizando aún más la dependencia económica que supuestamente se pretende combatir”.
“La póliza sólo se amplía al cónyuge si es dependiente. En caso contrario, no eres beneficiario”, asegura una mujer de diplomático enviado al exterior. Motivo por el cual, ella dejó de trabajar después de hacer números con su marido. Calculan que un 70% de los cónyuges no trabajan, “Y toda esa gente va a tener una pensión no contributiva como la de cualquier inmigrante que llegue a España”. La falta de ayudas desde el año 2000 implica que “El Estado te da una ayuda, pero no se actualizan desde el año 2000, y el importe no cubre ni el gasto medio que se hace en España por un alumno en la escolarización pública”. Un asunto que, desde la AFD se ha llevado al Defensor del Pueblo.
Las consecuencias
Así, la firmante de la carta afirma que va destinada a quienes, “mientras contribuyen indirectamente al servicio de nuestro país, soportan con demasiada frecuencia la indiferencia y el abandono de unas instituciones que deberían reconocer y proteger mejor su esfuerzo”. Su contribución, afirma, “Rara vez aparece en los discursos oficiales, pero sin ellos muchas de esas misiones simplemente no serían posibles”.
Las consecuencias no sólo son económicas, pensiones bajas y carreras perdidas. “Estas situaciones de dependencia económica dificultan incluso denunciar relaciones abusivas o romper vínculos personales insostenibles”.
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