La visita del Papa León XIV a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio, movilizará a más de 13.000 efectivos de seguridad en uno de los mayores despliegues de los últimos años. Según las primeras estimaciones del Ministerio del Interior, el dispositivo contará con cerca de 11.000 agentes de la Policía Nacional y más de 2.200 guardias civiles, a los que se sumarán cuerpos autonómicos y policías locales en función de las necesidades de cada territorio.
El plan especial, coordinado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, se ha diseñado para dar respuesta a un escenario complejo, marcado por la movilidad del pontífice entre distintas comunidades autónomas y por la concentración de actos multitudinarios en un corto espacio de tiempo. A diferencia de visitas papales anteriores, el recorrido de León XIV se desarrollará en Madrid, Barcelona y Canarias, lo que obliga a adaptar el dispositivo a contextos urbanos y logísticos muy distintos, incluidos territorios insulares.
El principal riesgo que manejan las autoridades es el terrorista, en un contexto en el que España mantiene activado el nivel 4 reforzado del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista. A esta variable se suman otros factores que Interior considera clave: la posibilidad de movilizaciones de colectivos sociales y el impacto de la afluencia masiva de fieles en los distintos actos programados.
“Se trata de un conjunto de actividades públicas y privadas muy importantes, con una gran concentración de personas y una continuidad en el tiempo que exige un esfuerzo adicional en materia de seguridad”, ha señalado Grande-Marlaska tras la reunión de coordinación celebrada en el Centro Tecnológico de Seguridad. El ministro ha insistido en que el objetivo es garantizar el desarrollo normal de la visita sin afectar a la vida cotidiana de los ciudadanos ni a otros eventos previstos en las mismas fechas.
El dispositivo se articula en varias fases que permiten adaptar las medidas al nivel de riesgo. En estos momentos se desarrolla la fase preventiva, centrada en la recopilación de información y en la planificación de los operativos. A partir del 1 de junio se activará la fase de alerta, en la que se reforzará la seguridad de los espacios clave —itinerarios, alojamientos e infraestructuras—, mientras que la fase crítica se desplegará coincidiendo con la presencia del pontífice en cada una de las sedes.
Madrid abrirá este periodo entre el 6 y el 9 de junio, seguida de Barcelona hasta el día 11 y, finalmente, Canarias, donde concluirá la visita. Durante estos días, el plan alcanzará su máximo nivel de activación, con especial atención a los actos multitudinarios y a los desplazamientos del Papa.
Uno de los elementos centrales del operativo será la creación de centros de coordinación (CECOR) en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Desde estos puntos se supervisará en tiempo real el desarrollo de los eventos y se gestionará la respuesta ante cualquier incidencia, en coordinación con todas las fuerzas implicadas.
La dimensión del dispositivo se refleja también en la participación institucional. A la reunión de coordinación han asistido representantes de distintos ministerios, de la Casa Real, de la Conferencia Episcopal y de organismos clave en materia de transporte y logística, como AENA, ADIF, RENFE o ENAIRE. También han participado responsables de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, así como delegaciones del Gobierno y administraciones autonómicas y locales.
El reto se ve incrementado por la coincidencia con otros eventos de gran afluencia, como los conciertos previstos en Madrid en esas fechas, especialmente el de Bad Bunny. Interior ha subrayado que la visita papal tendrá carácter prioritario, pero sin interferir en el desarrollo del resto de actividades ni en los derechos de los ciudadanos, incluidos los de manifestación.
A falta de concretar algunos detalles de la agenda, el dispositivo continúa ajustándose en reuniones técnicas sucesivas. La coordinación con los equipos de seguridad del Vaticano ya ha comenzado, aunque todavía quedan por definir aspectos clave de los desplazamientos y la logística, especialmente en Cataluña y Canarias.