“Todos mis amigos tienen TikTok”. “Soy la única de clase que no puede”. “Cinco minutos más”. “No me mires el móvil”. En muchos hogares buena parte de la adolescencia transcurre en una continua negociación en torno al uso de las pantallas. Hasta qué hora, qué aplicaciones no, qué vídeos, con quién habla, cuándo apagarlo y, sobre todo, a qué edad dejar de decir que no.
Europa quiere zanjar ahora la disputa familiar. Ursula von der Leyen propone impedir las redes sociales a los menores de 13 años y permitir entre los 13 y los 14 únicamente cuentas supervisadas. España quiere fijar la frontera en los 16. ¿Realmente prohibir es la solución? Trasladamos la pregunta a los expertos.
Para Miguel Ángel Rizaldos, psicólogo clínico, establecer edades tiene sentido siempre que el Estado no sustituya a los padres. Su propuesta coincide casi exactamente con el modelo escalonado europeo: “Nada de redes antes de los 13 años; entre los 13 y los 15, solo con supervisión parental real y funciones adaptadas; y a partir de los 16, acceso autónomo”.
Con los frenos a medio construir
Rizaldos explica esta prudencia recurriendo al desarrollo del cerebro adolescente. Explica que, durante esos años, los mecanismos relacionados con la recompensa social funcionan con enorme intensidad mientras las capacidades de control de impulsos y planificación continúan madurando. Lo resume con una imagen muy gráfica: “Un chaval de 13 años tiene el acelerador a fondo y los frenos a medio construir”.
De ahí que considere necesario regular a las plataformas en cuanto a sus algoritmos, la comprobación real de edad y las herramientas que utilizan para prolongar el tiempo de conexión. Ahora bien, si todas las decisiones llegan impuestas desde fuera, podría desaparecer también una parte de la educación que se produce durante los conflictos familiares. “Las peleas por el móvil son incómodas, pero ahí se negocian normas y se construye criterio”, dice. Cuando el adulto deja de acompañar y se limita a hacer cumplir una prohibición puede terminar convirtiéndose, en sus palabras, “de acompañante en policía: revisar, confiscar, perseguir”.
No basta con activar el control parental
Ariadna Vilalta, psicóloga experta en ciberseguridad y autora de Una vida siempre en línea, comparte la necesidad de imponer límites, pero desconfía de que una edad concreta pueda convertirse en la solución mágica. “Saber utilizar una aplicación no significa estar preparado para todo lo que ocurre dentro de ella”, explica. En su opinión, las cuentas supervisadas pueden ser útiles si sirven para aprender progresivamente. El problema aparece cuando supervisar consiste únicamente en instalar un control parental y considerar terminado el trabajo.
“La educación digital exige conversación: enseñar a reconocer una situación peligrosa, interpretar lo que provoca emocionalmente un contenido, comprender por qué aparece determinado vídeo y desarrollar criterio antes de disponer de libertad completa”, añade. Y ahí observa otra dificultad. Estamos pidiendo a padres y profesores que enseñen a moverse en un mundo que muchas veces tampoco ellos comprenden del todo.
Tanto Rizaldos como Vilalta desplazan parte de la responsabilidad hacia las empresas tecnológicas. “No puede depender únicamente de la capacidad de cada familia para vigilar”, señala la ciberpsicóloga. Las plataformas deberían responder también por la manera en que diseñan sus productos, los contenidos que recomiendan y las herramientas destinadas a conseguir que el usuario permanezca conectado.
¿15 o 16 años?
España pretende prohibir el acceso hasta los 16 y Europa plantea mayor autonomía a partir de los 15. ¿Puede un año cambiar tanto?
Vilalta cree que plantear la discusión únicamente en esos términos puede resultar engañoso. “Cumplir 15 o 16 años no garantiza, por sí solo, contar con las herramientas necesarias para desenvolverse en estos entornos”.
Opina que retrasar el acceso solo será útil si ese tiempo se aprovecha. “Un adolescente puede llegar a los 16 sin haber aprendido nada sobre privacidad, sexualización, manipulación, bulos, acoso o funcionamiento de los algoritmos”. También pide especial cuidado con la comprobación de edad. Verificar no debería significar entregar más información personal a las grandes tecnológicas. El objetivo, explica, tendría que limitarse a demostrar que alguien supera el umbral exigido “compartiendo los mínimos datos posibles y con garantías claras sobre quién accede a ellos y para qué”.
Rizaldos añade el riesgo de que los sistemas sean fáciles para las familias con recursos y conocimientos digitales y más difíciles para las que carecen de ellos. Una regulación concebida para proteger no debería generar una nueva desigualdad.
Al final, los dos expertos llegan por caminos distintos a una conclusión parecida. La ley puede cerrar una puerta durante unos años, puede obligar a TikTok o Instagram a comprobar edades, limitar algoritmos y facilitar herramientas a padres y profesores. “Lo que difícilmente podrá hacer es enseñar a un adolescente qué hacer el día que finalmente esa puerta se abra. Para eso seguirá haciendo falta adultos presentes, conversación y educación digital”.