A las 13.30 horas de este miércoles, un agente de la Guardia Civil entró en un cuartel de Llanes (Asturias) y abrió fuego contra su expareja, también agente del cuerpo. Ella murió tiroteada. Un teniente que acudió en su auxilio resultó herido en una pierna. El agresor fue tiroteado por otros compañeros cuando intentaba salir del acuartelamiento y, según la información trasladada por la periodista Bea Osa, finalmente también falleció.
El caso vuelve a poner el foco sobre una situación especialmente delicada: qué ocurre cuando el agresor conoce desde dentro el funcionamiento del cuerpo encargado de proteger a las víctimas. Pero también sobre qué medidas se adoptan cuando existen antecedentes de violencia de género y el denunciado tiene acceso a armas.
Una víctima dentro de VioGén
La mujer asesinada, de alrededor de 50 años, figuraba en el sistema VioGén y tenía tres hijos con el agresor: uno de 18 años y dos gemelas de 14. Según la información aportada por la periodista Bea Osa, el ataque se produjo sobre las 13.30 horas, cuando el agente entró en el cuartel y abrió fuego contra su expareja, que murió tiroteada.
Un teniente que acudió en su auxilio recibió un disparo en una pierna, aunque no corre peligro, mientras que el agresor fue tiroteado por otros agentes cuando intentaba abandonar las instalaciones y posteriormente falleció.
Según la información recopilada, al hombre se le había comunicado días antes la “separación de servicio y retirada del arma reglamentaria” por una falta muy grave tras un expediente relacionado con VioGén abierto en 2025. Sin embargo, el arma empleada en el crimen no era la suya: habría sustraído el arma reglamentaria de otro compañero, aunque todavía no se ha determinado si fue de la taquilla de un agente destinado en Zamora.
Además, no accedió al cuartel por la entrada principal, sino por una puerta trasera que conocía perfectamente por haber estado destinado allí.
Son detalles que abren una pregunta inevitable sobre los mecanismos de protección cuando el agresor pertenece a un cuerpo armado y conoce las instalaciones, los procedimientos y las rutinas de sus compañeros.
Para Carmen Ferrer, psicóloga y voluntaria de MUM Mujeres Unidas contra el Maltrato, el miedo que ya acompaña a cualquier víctima puede multiplicarse en estos casos. “Ya de por sí, una mujer que vive en una situación de maltrato siente miedo”, explica. Pero si su pareja o agresor “es policía y tiene acceso a armas”, considera que la situación se vuelve todavía más delicada.
El caso plantea así una cuestión que va más allá de la actuación concreta de un agente: cómo anticiparse a un agresor que conoce el entorno policial y que, incluso después de que se le retire su arma reglamentaria, puede tener acceso a otra.
Ferrer considera que la retirada del arma debe ser una de las primeras medidas cuando existen circunstancias que puedan poner en riesgo a una víctima. Sostiene que, aunque este caso demuestra que la medida por sí sola tampoco garantiza la seguridad si el agresor puede acceder a otro arma.
No se trata de señalar a todos los agentes
El caso también obliga a hacer una distinción importante. Que un agresor pertenezca a la Guardia Civil no significa que el colectivo constituya un riesgo. El problema, en estos casos, es qué ocurre cuando una persona que ejerce violencia tiene además acceso a recursos, conocimientos o instalaciones que pueden facilitar una agresión.
La cuestión no es, por tanto, criminalizar a policías o guardias civiles, sino determinar si deben existir protocolos específicos cuando un agente está implicado en un procedimiento de violencia de género. Para Ferrer, el problema se encuentra en cómo se prioriza la protección. “Muchas veces se tiene más en cuenta al maltratador que a la posible víctima”, denuncia.
Corea del Sur y una posible medida para España
Mientras España afronta este tipo de casos, Corea del Sur acaba de introducir una herramienta que podría abrir otro debate sobre la protección de las víctimas. Una aplicación permite a las mujeres sometidas a medidas de protección conocer en tiempo real la ubicación de sus acosadores cuando estos llevan dispositivos de vigilancia electrónica.
El sistema muestra en un mapa dónde se encuentra el agresor y puede enviar una alerta a un centro de control cuando se aproxima a una distancia determinada. Desde allí se avisa a la Policía o al agente encargado de la vigilancia.
La tecnología no es una solución definitiva y también ha generado críticas en Corea del Sur, especialmente porque solo puede utilizarse con agresores sometidos a vigilancia electrónica. Pero plantea una posibilidad que podría estudiarse en España: que la víctima y los servicios de protección puedan saber con mayor rapidez cuándo un agresor vigilado se aproxima a ella.
Proteger antes de que sea demasiado tarde
El asesinato de Llanes deja de nuevo una pregunta incómoda: si los sistemas de protección conocen el riesgo, ¿qué medidas deben activarse para impedir que el agresor pueda acercarse a la víctima?
En el caso de un agente de la autoridad, la respuesta adquiere todavía más importancia por el acceso a armas y por el conocimiento del propio sistema de protección. Para Carmen Ferrer, lo ocurrido demuestra que todavía queda mucho por cambiar: “Es triste que sigamos como estamos”.
La cuestión, por tanto, no es únicamente qué ocurrió antes del asesinato, sino qué pudo haberse hecho para evitarlo. Y, sobre todo, si las herramientas disponibles son suficientes cuando quien amenaza a una mujer conoce desde dentro precisamente el sistema diseñado para protegerla.
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