Pamplona volverá a amanecer este 7 de julio con las calles llenas, el ruido de los Sanfermines y miles de personas celebrando una de las fiestas más conocidas del país. Pero para una familia esa fecha quedó detenida hace dieciocho años. Esa madrugada de 2008, Nagore Laffage salió de casa para disfrutar de las fiestas y no volvió.
Tenía 20 años, estudiaba Enfermería y estaba en Pamplona durante los Sanfermines. Aquella noche conoció a José Diego Yllanes, entonces médico residente de Psiquiatría. Fueron al domicilio de él. Allí, según quedó acreditado en el juicio, Yllanes intentó agredirla sexualmente. Nagore se resistió. Él la golpeó hasta causarle la muerte, la estranguló e intentó ocultar su cuerpo después en un paraje de Olóndriz, a unos kilómetros de Pamplona.
La autopsia documentó decenas de lesiones, fracturas en la mandíbula y el cráneo y signos de una violencia extrema. Sin embargo, cuando el caso llegó a juicio, el jurado popular no alcanzó la mayoría necesaria para condenar por asesinato. Seis miembros consideraron que hubo asesinato y tres homicidio. Hacía falta un séptimo voto para que prosperara la primera opción.
José Diego Yllanes fue condenado por homicidio con abuso de superioridad a doce años y medio de prisión. Las acusaciones defendían que existía alevosía y que la muerte de Nagore debía ser considerada asesinato. La sentencia dejó una herida profunda en su familia y en una parte importante de la sociedad navarra, que entendió que la respuesta judicial no reflejaba la violencia que había sufrido la joven.
Antes de La Manada
Ocho años antes de que cinco hombres fueran juzgados por la agresión sexual a una joven durante los Sanfermines de 2016, el caso de Nagore ya había colocado en Pamplona algunas de las preguntas que después atravesarían el debate público: qué ocurre cuando una mujer se resiste, cómo se interpreta esa resistencia, qué peso se da a la violencia sexual en un proceso judicial y por qué tantas víctimas siguen siendo sometidas a sospecha.
No son casos iguales. La agresión a Nagore terminó con su asesinato. El caso de La Manada fue una agresión sexual múltiple. Pero ambos ocurrieron en el mismo contexto festivo y revelaron una misma realidad: las fiestas no suspenden la violencia machista ni convierten el consentimiento en algo secundario.
En 2008, la historia de Nagore no provocó una movilización estatal comparable a la que años después despertó La Manada, pero la sociedad se movilizó, fue quizá el germen de todo lo que vino después. Su nombre quedó ligado en Navarra a una exigencia que con el tiempo se haría colectiva, que una mujer no tenga que demostrar hasta dónde se resistió para que se reconozca la violencia que sufrió.
La memoria de Nagore
Desde el asesinato, su madre, Asun Casasola, ha sostenido una lucha pública para que Nagore no sea olvidada. Ha participado en homenajes, concentraciones y actos feministas, y ha acompañado la difusión del documental Nagore, dirigido por Helena Taberna, que reconstruyó el crimen y el juicio.
Su presencia convirtió un duelo privado en una demanda de memoria y justicia. Durante años, Casasola ha insistido en que su hija no puede quedar reducida a una víctima más de los Sanfermines ni a una noticia antigua. Su nombre sigue apareciendo cada 7 de julio, en pancartas, actos de recuerdo y concentraciones contra la violencia machista.
Dieciocho años después, Pamplona vuelve a celebrar Sanfermines sin Nagore Laffage. Su asesinato permanece como una de las heridas más profundas asociadas a la fiesta. También como el antecedente de una conversación que España tardó demasiado en escuchar: la violencia sexual no empieza cuando una mujer aparece muerta ni termina cuando un tribunal dicta sentencia.
Nagore tenía 20 años. Salió de casa una noche de Sanfermines y se encontró con un hombre que decidió que su negativa no importaba y que ya está libre. Recordarla hoy es también recordar que, mucho antes de La Manada, ya había una joven en Pamplona cuya historia obligaba a hablar de consentimiento, de violencia y de justicia.
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