Los martes. Los jueves. Los fines de semana alternos. La mitad de las vacaciones escolares.
Así mide el tiempo Teresa (nombre ficticio) desde hace años. No por los meses del calendario, sino por los días en los que su hija está con su padre. En verano, la espera deja de contarse en jornadas y pasa a medirse en semanas. Este año, la víspera de marcharse durante un mes, la adolescente se desplomó cuando iba a preparar la maleta. Teresa la llevó a Urgencias con golpes en la cara y en un brazo. Los médicos no encontraron una causa para el desmayo.
“Está mal, resignada”, explica la madre. Su hija tiene ahora 14 años. Cuando comenzó todo no había cumplido los dos.
Una niña de 16 meses
El 5 de marzo de 2013, durante el baño, la pequeña cogió un termómetro e intentó introducírselo en la vagina. Teresa grabó la conducta para enseñársela a dos psicólogas. Ambas consideraron que se trataba de un afán exploratorio muy precoz para su edad y le recomendaron buscar asesoramiento especializado. La madre acudió voluntariamente a los servicios sociales para solicitar una derivación al Centro de Atención a la Infancia y llevó a la niña a Urgencias del Hospital Niño Jesús.
Durante los meses siguientes, según la cronología aportada por Teresa, la niña siguió acercándose objetos a la zona vaginal. Aparecieron también encopresis, enuresis, rechazo a la comida, pérdida de peso, agresividad y problemas para dormir que llegaron a requerir medicación. Su pediatra la derivó a Psicología en mayo de 2013, pero el padre se opuso a que recibiera aquella atención e inició un procedimiento judicial en el que solicitó que se retiraran a Teresa la custodia, las visitas y la patria potestad por haberla llevado a consulta.
En julio, tras varios días con dolores genitales que impedían incluso que la lavaran, el Hospital 12 de Octubre activó por primera vez el protocolo por sospecha de abuso sexual. El diagnóstico atribuyó el dolor a una causa psicológica y Teresa no denunció.
Después llegaron las vulvovaginitis. En septiembre y octubre de 2013 la niña fue atendida varias veces en el Hospital San Rafael y por su pediatra. Los cultivos resultaron negativos para los patógenos analizados, aunque las consultas coincidían con episodios de inflamación y otros síntomas genitales. Teresa asegura que seguía sin denunciar porque la amenazaban con quitarle a su hija.
El primer parte al juzgado
El 8 de diciembre de 2013, el Hospital San Rafael emitió un informe con el diagnóstico “sospecha de ASI”, las siglas de abuso sexual infantil. La pediatra llamó al juzgado de guardia, recomendó acudir a una comisaría y remitió un parte judicial. En el Servicio de Atención a la Mujer se abrió una denuncia y la niña fue derivada por primera vez a un centro especializado en abuso sexual infantil.
El forense de guardia no llegó a examinarla. Según la cronología, consideró por teléfono que los síntomas descritos en el parte podían corresponder a una candidiasis, pese a que los análisis anteriores no habían detectado esa infección. Al día siguiente, otra pediatra volvió a descartarla.
La Policía recomendó a Teresa que pidiera medidas urgentes para proteger a la niña. El juzgado especializado en violencia sobre la mujer entendió que la cuestión debía resolverse en la jurisdicción penal. El juzgado penal, en cambio, interpretó que la petición podía responder al conflicto abierto por el padre para retirarle la custodia. Ninguno suspendió las visitas.
Un mes después, el 7 de enero de 2014, el Hospital 12 de Octubre recogió en un informe que la niña refería que su padre “le hace daño con la barba en los genitales”. El diagnóstico fue “vaginitis. Sospecha de abuso sexual”. Se remitió un nuevo parte al juzgado y la pequeña fue derivada al Hospital La Paz, donde intervinieron Ginecología, la Policía y una forense y se recogieron muestras para cultivos y análisis de ADN.
Teresa volvió a solicitar protección. La petición fue denegada porque el juzgado dudaba de que una niña de dos años pudiera utilizar la palabra “genitales”. “Ella no dijo genitales”, explica ahora la madre. “La médica puso genitales porque la niña se los estaba señalando”.
En febrero de 2014, otro juzgado rechazó realizar la pericial psicológica que había solicitado la acusación particular y archivó el procedimiento. Consideró que las declaraciones de la madre y los informes sobre las vaginitis reiteradas no constituían indicios suficientes para continuar investigando.
Nuevas lesiones, nuevas negativas
Los episodios continuaron. En agosto de 2014, una analítica detectó sangre en la orina sin que se encontrara infección. Teresa pidió otra orden de protección. El juzgado la denegó recordando los procedimientos anteriores ya archivados.
En noviembre, llevó a la niña al Hospital Niño Jesús por lesiones visibles en la zona genital y anal. El centro no activó el protocolo. Al día siguiente, su pediatra examinó las imágenes y consideró que el informe hospitalario no reflejaba el estado que presentaba la pequeña.
El 8 de diciembre, el Hospital 12 de Octubre anotó “eritema en región vulvar”, dos pequeñas erosiones y restos de secreción en la ropa interior. El juicio clínico fue “sospecha de abuso”. La médica añadió a mano las palabras “sexual infantil” para que no pudiera discutirse el significado de las siglas y dejó expresamente consignado el envío del parte al juzgado.
Al día siguiente, Teresa volvió a solicitar protección. Un informe forense señaló que los cultivos negativos dejaban abierta la posibilidad de un origen mecánico, manual o por introducción de objetos. Después atribuyó las lesiones probablemente al rascado por picor. La orden volvió a denegarse.
La sucesión de consultas, partes médicos y procedimientos continuó durante los años siguientes. Teresa cifra en más de una decena los partes de lesiones y en alrededor de quince los procedimientos o denuncias, aunque aclara que muchas no las presentó ella, sino los propios hospitales.
La madre acaba condenada
En 2021, Teresa fue condenada por denuncia falsa y daños. Ella no oculta esa resolución. “A mí sí me condenaron”, repite. Desde entonces, asegura que dejó prácticamente de denunciar por miedo a entrar en prisión y comenzó a confiar en que los partes de los profesionales sanitarios hablaran por ella.
“Yo tengo miedo de denunciar, pero miedo, pánico. En la última denuncia dije a los médicos que yo no quería denunciar y fueron ellos los que llamaron a la Policía”.
Ese mismo año se produjo uno de los episodios más relevantes del historial. El 22 de noviembre, la niña contó que su padre y otra persona le habían hecho daño. Teresa la llevó a su centro de salud con la ropa interior manchada. La pediatra emitió un parte de violencia y la derivó al Hospital 12 de Octubre.
La exploración detectó “hiperemia en el introito vaginal”. Como la niña apenas hablaba, una médica le dio un papel para que pudiera expresarse por escrito. La pequeña escribió: “Había un amigo de mi padre y me tocaron la vulva”. La doctora escaneó el texto, lo remitió al juzgado y contactó con la Policía. Después, la niña fue trasladada al Hospital La Paz, donde una forense supervisó la recogida de muestras. Los dos hospitales emitieron partes por sospecha de abuso sexual infantil.
Teresa fue citada para declarar ante el juzgado, pero cuando acudió con su abogado no le tomaron declaración. Días después supo por un mensaje del padre que el procedimiento había sido archivado. Asegura que ni ella ni su letrado recibieron la notificación formal.
Tres años de seguimiento
Desde noviembre de 2021, la adolescente comenzó a ser atendida en Pediatría Social del Hospital La Paz. Los registros clínicos, según la documentación aportada, describen mutismo selectivo, actitud hierática y bloqueo emocional. Cuando se le preguntaba por su padre, podía quedarse rígida, dejar de responder o desconectarse. En otros momentos llegó a decir que “es malo”, que “le hace cosas malas” y que no quería estar con él.
“Todas las entrevistas eran iguales”, cuenta Teresa. “Hablaba de sus cosas y, cuando le preguntaban por él, se quedaba hierática. Terminaban la entrevista para no revictimizarla. Saben que no puede hablar y ahora lo supeditan todo a que hable”.
En noviembre de 2024, después de que el padre acudiera a una consulta en ese servicio, la niña regresó de pasar el fin de semana con él, se encerró durante horas en el baño y apareció con una herida en el labio. Al día siguiente, el instituto llamó a Teresa porque estaba llorando de manera inconsolable. El Hospital 12 de Octubre propuso que ambas pasaran allí la noche y emitió un parte judicial. Fiscalía de Alcalá comunicó que trasladaría el caso a Madrid. Teresa descubrió más tarde que había sido archivado sin que se lo notificaran.
Se volvió a activar el protocolo de agresión sexual
En enero de 2025, Pediatría Social le dio el alta sin esperar los resultados definitivos de unas pruebas realizadas dos días antes. Cuando esos análisis estuvieron disponibles, reflejaban una alteración de la flora vaginal. Ese hallazgo motivó una nueva valoración en Ginecología. Durante la consulta, la adolescente respondió que había vivido con su padre situaciones que no le gustaban y que quería que parasen. El Hospital 12 de Octubre volvió a activar el protocolo de agresión sexual y emitió otro parte judicial.
La investigación permanece pendiente. Un forense ha concluido que la niña no se encuentra en condiciones de declarar debido al mutismo selectivo y que necesita tratamiento. Teresa denuncia que el procedimiento ha quedado condicionado a que, dentro de unos meses, pueda hablar.
Mientras tanto, el calendario no se ha detenido. Doce años después del primer hospital, la niña continúa yéndose con su padre y Teresa sigue esperando que alguno de los informes que se acumulan en sus carpetas provoque, por fin, una respuesta distinta.
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