El Gobierno llevará mañana la ley de violencia vicaria al Consejo de Ministros

El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria. La reforma busca tipificar de forma específica una violencia en la que el agresor utiliza a los hijos e hijas —y también a otras personas significativas para la mujer— para dañarla, castigarla o mantener el control sobre ella.

La iniciativa responde a una reclamación sostenida durante años por asociaciones de víctimas, madres protectoras, juristas y profesionales especializadas. Pero llega después de meses de debate y con cambios respecto al primer texto conocido. Las entidades que han seguido su elaboración valoran que la violencia vicaria tenga un encaje penal propio, aunque mantienen dudas sobre si la norma protege de forma suficiente antes de que el daño escale.

Los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género ya son reconocidos legalmente como víctimas directas desde 2015. La violencia vicaria es otra cosa: aparece cuando el agresor los utiliza deliberadamente como instrumento para hacer daño a la madre. El asesinato vicario es su expresión más extrema, pero no la única. También puede adoptar la forma de amenazas, manipulación, retenciones, agresiones o del uso de las visitas y las decisiones sobre custodia para prolongar la violencia tras la separación.

La primera versión del anteproyecto formulaba la violencia vicaria como un delito neutro. Es decir, el tipo básico no incorporaba que esa violencia se ejerce, en muchos casos, dentro de una relación de violencia machista: un hombre que utiliza a hijos, hijas o personas cercanas para dañar a una mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación afectiva.

Ya estaba reconocida

Ese diseño generó una de las críticas más relevantes de la investigadora y jurista experta en violencias machistas María Naredo. La violencia vicaria ya estaba reconocida como una manifestación de la violencia de género en la Ley Orgánica 1/2004. Si el género quedaba relegado a una agravante, advertía, podía dejar de entenderse jurídicamente como violencia de género y pasar a tratarse como un daño familiar genérico.

El texto que llega este martes al Consejo de Ministros ha incorporado cambios para corregir esa objeción. La violencia vicaria se sitúa ahora expresamente dentro del marco de la violencia de género cuando un hombre utiliza a los hijos e hijas u otras personas cercanas para dañar a una mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación afectiva. El cambio evita que el carácter machista de esta violencia quede fuera del tipo principal.

La violencia empieza antes de la instrumentalización

La modificación no cierra todas las dudas. Para Naredo, la violencia vicaria es el tercer tramo de un recorrido más largo. Antes están los niños y niñas que viven expuestos a la violencia contra su madre y, también, el daño que el agresor ejerce sobre ella hasta debilitar su autonomía y su capacidad de protección.

El primer flujo es la exposición. Los menores no necesitan recibir una agresión directa para sufrir violencia: crecer en un hogar atravesado por el miedo, el control, las amenazas o la intimidación tiene consecuencias propias. Los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género están reconocidos como víctimas directas desde 2015, pero las asociaciones reclaman que ese reconocimiento tenga efectos reales en los procedimientos de familia y protección.

El segundo flujo es la violencia contra la madre como figura de referencia y cuidado. El agresor puede deteriorar su salud mental, aislarla, limitar sus recursos económicos o desgastarla durante años. Después, esas consecuencias pueden aparecer en los juzgados como una supuesta incapacidad para cuidar, como conflictividad o como falta de colaboración. Para Naredo, esa lectura deja a los niños y niñas aún más desprotegidos.

Solo el tercer flujo es violencia vicaria en sentido estricto: cuando el agresor utiliza deliberadamente a los hijos e hijas para hacer daño a la mujer. Puede hacerlo mediante amenazas, manipulación, incumplimientos, violencia psicológica, retenciones o agresiones. El asesinato vicario es el desenlace más extremo de esa estrategia, no el único.

La objeción de la jurista es que el anteproyecto se centra en ese último tramo, pero no refuerza con la misma claridad los mecanismos para impedir que los menores sigan expuestos a la violencia ni para evitar que la violencia sufrida por la madre se vuelva contra ella en los procedimientos judiciales.

Cuando la violencia se convierte en un conflicto familiar

Las asociaciones cuestionan que la protección de niños y niñas pueda depender de que se pruebe una y otra vez el daño que han sufrido. La legislación ya reconoce que la exposición a la violencia de género afecta a los menores. Sin embargo, advierten de que en muchos procedimientos se sigue tratando la violencia como un conflicto privado entre dos adultos.

Esa mirada coloca a madre y padre en un plano de igualdad que no existe cuando una de las partes ha sufrido control, amenazas, violencia psicológica o aislamiento. Las especialistas reclaman que esa desigualdad se incorpore a las decisiones sobre custodia, visitas y capacidades parentales, y que no se evalúe a las madres como si llegaran a los juzgados en las mismas condiciones que el agresor.

Visitas, custodia y escucha infantil

Este es uno de los puntos que más preocupación genera. España ya contempla la suspensión de visitas ante indicios de violencia de género, pero asociaciones de madres protectoras y entidades de infancia denuncian que esa medida sigue aplicándose de manera desigual y, con frecuencia, como una excepción.

La discusión no es solo qué permite la ley, sino qué obliga a hacer y con qué mecanismos de control. Las asociaciones reclaman que el contacto con el progenitor violento no se mantenga por inercia y que la protección de niños y niñas prevalezca sobre una idea automática del derecho de relación paterno-filial.

También cuestionan el tratamiento del derecho a ser escuchados. El anteproyecto plantea reforzar esa escucha, pero mantiene excepciones que pueden ampliar el margen para no oír a niños y niñas cuando se decide sobre su vida. Para las entidades, reconocer el derecho no basta si después se permite resolver custodias, visitas o medidas de protección sin conocer qué viven, qué temen o qué piden.

Lo que piden las asociaciones

Las alegaciones y reclamaciones de asociaciones de madres protectoras, entidades de infancia y juristas especializadas coinciden en varios puntos. Piden que la ley refuerce la suspensión de visitas, contactos y decisiones compartidas sobre los hijos e hijas cuando existan indicios fundados de violencia; que la escucha infantil tenga efectos reales; y que se impida que las denuncias de madres y menores sean reinterpretadas como manipulación.

También reclaman formación especializada para judicatura, fiscalías, equipos psicosociales, servicios sociales y profesionales que intervienen en procedimientos de familia. Y piden que la ley reconozca con claridad la violencia institucional, económica y psicológica que puede prolongar el control del agresor incluso después de la separación.

La cuestión de fondo no es si hace falta una ley de violencia vicaria. Las asociaciones llevan años reclamándola. La pregunta es si una norma que interviene cuando el agresor ya ha convertido a los hijos e hijas en una herramienta de daño puede impedir que la violencia llegue hasta ahí.

Para María Naredo, la protección no puede empezar en el desenlace. Tiene que activarse antes: cuando los niños y niñas viven expuestos a la violencia contra su madre, cuando esa violencia debilita a quien trata de protegerles y cuando los procedimientos judiciales siguen sin mirar el riesgo desde una perspectiva de género e infancia.

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