El Gobierno lleva este martes al Consejo de Ministros la ley de violencia vicaria, con la que pretende reforzar la respuesta frente a los maltratadores que utilizan a sus hijos e hijas para dañar a las madres. El anteproyecto llega tras semanas de debate y después de que juristas y asociaciones plantearan cambios para reforzar la protección de la infancia y evitar que esta forma de violencia machista pierda su perspectiva de género.
El texto llega después de semanas de debate y de las alegaciones presentadas por juristas especializadas y asociaciones feministas, víctimas y de infancia, que advirtieron de que algunos aspectos del borrador debían modificarse para garantizar una mayor protección de niños, niñas y adolescentes. El Ejecutivo anunció cambios antes de su aprobación, aunque habrá que esperar al texto definitivo para comprobar hasta qué punto incorpora esas demandas.
Mientras tanto, las principales reivindicaciones permiten anticipar qué esperan las expertas de una ley que aspira a convertirse en un nuevo paso en la lucha contra la violencia vicaria.
Mantener la violencia vicaria dentro de la violencia de género
Una de las principales reclamaciones ha sido evitar que la violencia vicaria pueda interpretarse como un delito neutro o como un conflicto familiar. Juristas como María Naredo advirtieron de que la instrumentalización de los hijos e hijas para dañar a la madre constituye una manifestación específica de la violencia machista y reclamaron que la futura ley lo recoja de forma expresa.
Las asociaciones defienden que ese enfoque debe impregnar toda la norma para impedir interpretaciones que desvinculen esta violencia de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres.
Reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes
Otro de los ejes de las alegaciones se centra en reforzar la protección de la infancia y la adolescencia.
Las organizaciones piden que la futura ley limite al máximo la posibilidad de mantener el régimen de visitas, las estancias, las comunicaciones o incluso la patria potestad cuando exista un riesgo para los hijos e hijas. Consideran que el interés superior de la infancia debe prevalecer siempre frente al derecho de relación del progenitor investigado por violencia de género.
También reclaman que niños, niñas y adolescentes sean escuchados mediante procedimientos adaptados a su edad y madurez, en entornos seguros y por profesionales especializados, y que esa escucha tenga una incidencia real en las decisiones judiciales.
Blindar derechos que ya existen
Una parte importante de las propuestas no pasa por crear nuevos derechos, sino por garantizar que se apliquen los ya reconocidos por la legislación.
Desde 2015, los hijos e hijas de las víctimas están reconocidos como víctimas directas de la violencia de género. Posteriormente, la reforma del artículo 94 del Código Civil estableció como regla general la suspensión del régimen de visitas en determinados supuestos y la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) prohibió expresamente el denominado síndrome de alienación parental (SAP).
Sin embargo, juristas y asociaciones sostienen que esas herramientas no siempre se aplican de forma homogénea. Por ello reclaman que la nueva ley reduzca el margen de interpretación judicial y blinde una protección que, a su juicio, todavía depende en exceso del criterio de cada órgano judicial.
Cerrar la puerta al SAP y otras formas de violencia
Las alegaciones también insisten en impedir que reaparezcan teorías similares al SAP bajo otras denominaciones. Las asociaciones sostienen que conceptos como la “interferencia parental” o expresiones dirigidas a desacreditar a las madres protectoras siguen utilizándose en algunos procedimientos pese a que la LOPIVI prohíbe expresamente el síndrome de alienación parental.
Al mismo tiempo, algunas organizaciones reclaman que la ley reconozca otras formas de violencia vicaria más allá de la agresión física contra los hijos e hijas. Entre ellas incluyen la utilización abusiva de los procedimientos judiciales para prolongar el control sobre la mujer, la violencia económica o determinadas actuaciones institucionales que, según denuncian, pueden perpetuar el daño.
Más especialización y coordinación
Las asociaciones también consideran imprescindible reforzar la formación especializada de jueces, fiscales, equipos psicosociales, forenses y del resto de profesionales que intervienen en estos procedimientos.
Junto a ello, piden mejorar la coordinación entre los juzgados de violencia sobre la mujer, los juzgados de familia, la jurisdicción civil y los servicios de protección de la infancia para evitar resoluciones contradictorias que puedan dejar desprotegidos a niños, niñas y adolescentes.
Un debate que continuará en el Parlamento
La aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros marcará el inicio de la tramitación parlamentaria, donde el texto todavía podrá modificarse mediante enmiendas.
Ese recorrido será observado con atención por las asociaciones que han participado en el debate durante los últimos meses. Su objetivo, sostienen, no pasa únicamente por incorporar nuevos delitos al ordenamiento jurídico, sino por conseguir que la protección de los hijos e hijas frente a la violencia vicaria deje de depender de interpretaciones desiguales y quede plenamente garantizada.
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