La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este martes la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) como un “punto de inflexión” en la respuesta institucional frente a la violencia contra niños y niñas.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha protagonizado uno de los momentos más destacados de la comparecencia al pedir perdón de forma expresa a la infancia. “España tiene una deuda con parte de sus infancias”, ha afirmado, antes de reconocer que “durante años se ha dudado de su palabra y se ha criminalizado a las madres protectoras”. En ese contexto, ha añadido: “Lo primero que tenemos que hacer como sociedad es reconocerlo, asumirlo y pedir perdón”, dirigiéndose directamente a los menores: “Disculpas a todos los niños y niñas que no han sido escuchados”.
La titular de Infancia ha enmarcado este gesto en la necesidad de corregir fallos estructurales del sistema y reforzar las garantías para evitar la revictimización de niños y niñas.
Refuerza el interés superior del menor
En este sentido, ha explicado que la reforma de la LOPIVI refuerza el interés superior del menor, que deberá ser acreditado y motivado en todas las resoluciones judiciales y administrativas. Según ha detallado, este principio deja de ser una noción abstracta y se concreta en criterios como la prioridad de que los menores crezcan en entornos “libres de violencia y alejados de sus presuntos agresores”.
Aunque la norma no regula directamente el régimen de visitas, Rego ha señalado que sí introduce elementos que condicionarán su aplicación. Entre ellos, la obligación de escuchar a niños y niñas, el reconocimiento de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género como víctimas también y la necesidad de justificar cualquier decisión que afecte a su bienestar físico, emocional y psicológico.
A la espera de la ley de violencia vicaria
Asimismo, ha vinculado estos cambios con la futura regulación de la violencia vicaria, donde se abordará de forma más específica el régimen de visitas en contextos de violencia.
La reforma incluye también la prohibición expresa del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), un concepto que la ministra ha calificado como “pseudocientífico” y que, según ha señalado, ha servido para “desacreditar y criminalizar a las madres protectoras y a las infancias”. Según ha indicado, las resoluciones que recurran a este tipo de argumentos podrán ser impugnadas.
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