El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros la ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que incluirá la prohibición expresa del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría sin aval científico. La reforma impedirá además el uso de informes basados en estos planteamientos y permitirá impugnar las resoluciones que los utilicen.
La medida llega en un contexto en el que, pese a no estar reconocido, este tipo de razonamientos sigue apareciendo en resoluciones judiciales, informes periciales y discursos profesionales bajo distintas denominaciones.
Las palabras del juez Maman
Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad. El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, David Mamán, realizó unas polémicas afirmaciones durante una jornada formativa celebrada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, dirigida a profesionales del ámbito jurídico. En esa intervención, sostuvo que “ese niño, pues poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente”.
Ese tipo de planteamientos no suele aparecer de forma explícita en las resoluciones ni en los informes. En la práctica, el término ha ido desapareciendo del lenguaje jurídico y técnico, pero no así el esquema que lo sustenta. En su lugar, se recurre a una serie de fórmulas que permiten expresar la misma idea con otros términos.
“Manipulación”, “interferencias parentales”, “conflicto de lealtades”
Entre las más habituales figuran conceptos como “manipulación”, “interferencias parentales”, “conflicto de lealtades” o “influencia materna”. También se utilizan expresiones como “instrumentalización del menor”, “condicionamiento emocional” o “alteración del vínculo”. En el ámbito pericial, estas categorías se traducen a menudo en diagnósticos como “rechazo injustificado”, “rechazo patológico” o “rechazo desmotivado”.
Todas estas fórmulas comparten un elemento común: parten de la premisa de que el rechazo de la persona menor de edad tiene su origen en una influencia externa, atribuida a la madre. Así, el comportamiento del menor se interpreta como resultado de una supuesta manipulación, en lugar de analizar sus causas. Este enfoque desplaza el análisis de situaciones de conflicto, violencia o malestar y lo sustituye por una lectura basada en la idea de interferencia.
El uso de este tipo de lenguaje no es meramente terminológico. Tiene efectos en la forma en que se interpretan los hechos y, en consecuencia, en las decisiones que se adoptan. Cuando el rechazo se encuadra como resultado de una supuesta manipulación, la respuesta tiende a orientarse hacia la restauración del vínculo con el progenitor rechazado, lo que puede influir en medidas como cambios de custodia, ampliación de visitas o intervenciones dirigidas a revertir esa relación.
Lo defienden psiquiatras e institutos de medicina legal
Ese mismo enfoque aparece también en el ámbito técnico. El jefe de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, Julio Antonio Guija Villa, defendió en una charla en el Colegio de Abogados de Sevilla que el SAP “no está recogido en las clasificaciones internacionales”, pero sostuvo que el fenómeno que describe “permanece”. Para justificarlo, lo encuadró en categorías del DSM-5 como los “problemas de relación entre padres e hijos”, asegurando que se trata, en esencia, de lo mismo “solo que con otras palabras”.
En los informes periciales, esa continuidad se refleja en la utilización de categorías que, sin mencionar el SAP, reproducen su lógica. Así, el rechazo del menor se presenta como un fenómeno que debe ser corregido, más que analizado en su contexto, y se vincula a dinámicas familiares en las que uno de los progenitores influye de manera determinante en la relación con el otro.
La legislación vigente ya trataba de limitar este tipo de planteamientos. La LOPIVI establece que “no podrán utilizarse planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta”. Sin embargo, al no mencionar de forma expresa el SAP, la norma ha dejado margen a su reformulación a través de este tipo de expresiones.
A la espera de la redacción de la prohibición
La ampliación que el Gobierno aprobará este martes busca cerrar esa vía. El nuevo texto prohíbe de forma explícita el SAP y cualquier reformulación equivalente, lo que apunta directamente a este conjunto de categorías que han permitido su continuidad bajo distintos nombres.
El objetivo no es solo eliminar una etiqueta, sino impedir que un mismo enfoque siga operando en los procedimientos judiciales a través de un lenguaje diferente. En ese sentido, la reforma trata de responder a una práctica consolidada: la de un concepto que, sin ser reconocido, ha seguido presente en la forma de interpretar los conflictos familiares.
Sin embargo, la clave estará en la propia redacción de la prohibición. La experiencia de los últimos años muestra que la ausencia del término no ha impedido la persistencia de su lógica, reformulada a través de expresiones como “manipulación”, “interferencias” o “rechazo injustificado”.
La duda es si esa nueva redacción será capaz de anticipar esas reformulaciones o si, como ha ocurrido hasta ahora, ese marco interpretativo encontrará nuevas formas de expresarse en el lenguaje técnico y jurídico.