La magistrada Victoria Rosell lleva décadas en la carrera judicial. También fue delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Conoce el sistema. Pero una cosa es entenderlo y otra sentarse cada día en un juzgado de violencia sobre la mujer. Desde el 9 de febrero trabaja en uno de ellos, en Las Palmas de Gran Canaria. Para llegar ahí, ha tenido que pasar por el proceso de especialización que exige el propio sistema. Ese es el punto de partida.
Un curso de diez días
La primera sorpresa tiene que ver con la duración del curso: apenas diez días hábiles —quince sobre el papel, si se cuentan los fines de semana—. En ese tiempo se concentra todo, la teoría y la práctica. Por la mañana, acompañar a una magistrada en el juzgado, ver cómo trabaja y cómo se desarrollan las vistas; después, la formación teórica, online. En el caso de Rosell, esa parte le fue convalidada por su formación previa.
Meses de formación en otras especialidades
“No hay una auténtica especialización en violencia de género”, sostiene. Lo dice en contraste con otras materias donde sí existe formación prolongada —mercantil, contencioso-administrativo o menores—, e incluso con cursos específicos que se extienden durante meses, pone como ejemplo uno de cinco meses en familia y discapacidad.
Pero el problema no termina en la duración. También apunta a la falta de reciclaje. Hay profesionales que llevan años en estos juzgados sin volver a formarse pese a los cambios normativos introducidos en los últimos años, como la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. Si no te pones al día, advierte, el riesgo es aplicar criterios que ya no encajan con lo que establece la ley.
Esa carencia, añade, no es aislada. Forma parte de un modelo en el que la especialización existe más en el nombre que en la práctica y en el que no se exige una preparación continuada acorde con la complejidad de los casos que se abordan.
Incluso con esa preparación —esos diez días— pueden imponerse prejuicios o estereotipos. Y ahí introduce una distinción que considera clave: la perspectiva de género no es una interpretación ni una corriente ideológica, sino derecho vigente. “No es ideología, es ley”, insiste. La normativa, recuerda, establece criterios concretos en casos de violencia: desde la limitación de custodias compartidas hasta la suspensión del régimen de visitas, salvo supuestos excepcionales y debidamente motivados. Ignorar ese marco, sostiene, no es neutralidad, sino apartarse de lo que marca la ley.
Lo dice a propósito del debate generado por el juez Maman, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que en una charla llegó a afirmar que las mujeres tienen “tantas ventajas para denunciar” o que durante los procesos “la madre lava el coco al niño”.
“Analizar una situación de violencia, atender a un menor o valorar el riesgo exige horas”
Rosell señala otro elemento que, a su juicio, condiciona lo que ocurre después en sala. El sistema no mide el tiempo que se dedica a cada asunto, sino cuántos se resuelven. “Se premia cerrar casos”. No cuánto se investiga, ni cuánto se escucha, ni la complejidad de lo que hay detrás.
Ese criterio tiene efectos directos. Analizar una situación de violencia, atender a un menor o valorar el riesgo exige horas. No puede hacerse en un cuarto de hora. Sin embargo, ese tiempo no cuenta de la misma manera.
A ello se suma la ausencia de mecanismos eficaces para evaluar cómo se resuelven estos casos. No se revisa la calidad de las decisiones ni el grado de cumplimiento de la normativa vigente. Todo queda amparado bajo el principio de independencia judicial, sin que exista una supervisión real sobre la aplicación de la ley en la práctica.
Sin unidad de valoración forense, ni oficina de atención a víctimas
Plantea introducir algún tipo de auditoría. “No estaría de más hacer una auditoría, aunque fuera anonimizada, de casos similares: ver qué decisiones se están tomando”, señala. “Siempre decimos que cada caso es un mundo, pero también lo es en medicina y hay pautas”. La idea es observar qué ocurre en la práctica: cuánto tiempo se dedica, cómo se valora el riesgo, qué respuestas se dan.
Esa mirada a lo que ocurre en la práctica se cruza con las condiciones en las que se trabaja. En la Sección de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria, donde ocupa la plaza número 4, no hay una unidad de valoración forense integral ni oficina de atención a víctimas del delito. En toda Canarias, añade, ni siquiera existe una sola oficina física de este tipo. “A veces les pido los informes a los centros donde están ellas en atención… estoy tensionando, saturando el trabajo de profesionales que sí son especializadas y a quienes nadie paga por ese informe”, explica.
Todo eso, sostiene, forma parte del mismo problema: una formación limitada, un sistema que premia la rapidez sobre el tiempo de análisis, la falta de mecanismos de control y unos recursos que no siempre llegan. Es ahí cuando, dice, se entiende cómo funcionan en la práctica los juzgados de violencia sobre la mujer.