El Pleno del Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha dado un giro contundente a la crisis que desde hace meses sacude a su principal filial en el ámbito de la sociología, la Associació Catalana de Sociologia (ACS). El IEC ha decidido destituir a la dirección de la filial al completo y convocar nuevas elecciones. Las actividades de la ACS estaban suspendidas desde diciembre de 2025.
La decisión responde a una investigación interna que ha concluido que la ACS estuvo durante años bajo el control del grupo CREA (Community of Research on Excellence for All), fundado por Ramón Flecha, el catedrático de la UB investigado ahora por la Fiscalía por coerción laboral y sexual. Según el análisis del IEC, entre 2017 y 2025 se produjo un “deterioro sostenido” del funcionamiento de la entidad, con prácticas consideradas incompatibles con su condición de sociedad filial, incluyendo dinámicas excluyentes, presión interna y comportamientos descritos como “sigilosamente coercitivos”.
El Pleno ha optado por una intervención estructural: ha cesado a todos los miembros de la Junta Directiva y ha acordado convocar elecciones para constituir una Junta Provisional. Este órgano tendrá el encargo de redactar unos nuevos estatutos en un plazo máximo de seis meses, tras lo cual se abrirá un nuevo proceso electoral para elegir una dirección definitiva bajo el nuevo marco normativo.
Más allá de la reorganización interna, el IEC ha tomado una decisión simbólicamente relevante: retirar el Premi Catalunya de Sociologia otorgado en 2019 a Flecha. La investigación concluye que la concesión del galardón estuvo condicionada por una modificación de las bases del jurado que favoreció su candidatura, en un contexto en el que la ACS estaba dirigida por personas vinculadas a su entorno.
El informe también es especialmente crítico con el papel desempeñado por CREA dentro de la asociación. Según el IEC, la ACS fue utilizada como “altavoz institucional” del grupo, que logró blindar la dirección frente a la crítica y limitar el pluralismo interno. Este control se habría extendido a decisiones clave, desde la orientación de contenidos institucionales hasta la configuración de premios y reconocimientos, consolidando una estructura cerrada y poco permeable a la discrepancia.
Todo ello se produce en un contexto especialmente delicado, marcado por la investigación judicial que afecta al propio Flecha. El catedrático de la Universitat de Barcelona está siendo investigado por la Fiscalía de Barcelona a raíz de denuncias de antiguos integrantes del grupo CREA por presuntas prácticas de coerción sexual, control psicológico y abuso de poder en entornos académicos jerárquicos.
Estas acusaciones han tenido ya consecuencias institucionales en distintos ámbitos, desde la universidad hasta asociaciones científicas internacionales, y han contribuido a acelerar la respuesta del IEC.
La actuación del Institut d’Estudis Catalans no se limita, por tanto, a una reforma administrativa. Supone un intento de recuperar el control institucional y restablecer los principios de pluralismo, transparencia y rigor académico. El levantamiento de la suspensión de la ACS se interpreta así como un nuevo comienzo, pero condicionado a una refundación completa de sus normas y de su gobernanza.
La investigación sobre el caso sigue abierta y avanza en paralelo en distintas instancias. La Fiscalía mantiene sus diligencias para esclarecer los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades penales. Al mismo tiempo, la Universitat de Barcelona ha dejado claro que no limitará su actuación a lo que concluya la vía judicial. La institución ha anunciado que investigará por su cuenta aquellos aspectos que no sean abordados por la Fiscalía. Este doble frente busca garantizar que no queden zonas sin analizar y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas dentro del entorno universitario.