Once cuerpos de mujeres han sido encontrados desde julio en Ekurhuleni, un municipio situado al este de Johannesburgo. Los hallazgos, concentrados especialmente durante las últimas semanas, han disparado el miedo entre la población y han obligado al presidente Cyril Ramaphosa a anunciar nuevas medidas contra la violencia de género.
La última víctima fue localizada el domingo en Springs. La identidad de algunas de las mujeres todavía no ha podido establecerse y varias fueron encontradas desnudas o con indicios de haber sufrido violencia sexual. La mayoría de las víctimas identificadas tenían entre 20 y 30 años. Pese a la proximidad geográfica y temporal de los crímenes, la Policía sostiene que por ahora no existen pruebas suficientes para atribuirlos a un asesino en serie y mantiene abiertas distintas líneas de investigación.
Sudáfrica arrastra desde hace años cifras extremadamente elevadas de violencia contra las mujeres y las promesas gubernamentales no han conseguido contener el problema.
Ramaphosa reconoció esta realidad durante un discurso televisado a la nación el martes por la noche. Calificó la violencia ejercida contra las sudafricanas como una fuente de “profundo dolor y vergüenza nacional” y admitió que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes. El propio presidente recordó que hace siete años ya había comparecido ante el país para abordar la misma crisis.
“Los nombres de las víctimas son nuevos. El crimen no lo es”, afirmó.
Una respuesta con plazos
El Ejecutivo ha anunciado ahora cuatro actuaciones inmediatas. La primera será una revisión nacional de casos sin resolver relacionados con asesinatos, intentos de homicidio, violaciones y delitos sexuales graves contra mujeres y menores. En un plazo de 60 días deberán identificarse los expedientes paralizados, aquellos que esperan resultados forenses y los casos en los que existe un sospechoso identificado que todavía no ha sido detenido. Para los considerados prioritarios deberán existir planes concretos de actuación antes de 90 días.
El segundo frente será precisamente el sistema forense. El Gobierno exige un plan para reducir los retrasos en el procesamiento de pruebas y pretende dar prioridad a las muestras relacionadas con violaciones y asesinatos de mujeres y niños.
Además, todos los municipios tendrán que realizar auditorías sobre la seguridad de las mujeres e identificar espacios especialmente peligrosos: calles con iluminación deficiente, edificios abandonados, parques inseguros, zonas descuidadas o rutas de transporte que puedan aumentar su vulnerabilidad. Los problemas más urgentes deberán solucionarse o contar con financiación y un calendario para hacerlo.
La cuarta actuación busca reducir la violencia relacionada con el consumo perjudicial de alcohol mediante medidas legislativas y de control. Ramaphosa insistió, no obstante, en que el alcohol no provoca la violencia de género ni sirve como justificación. La responsabilidad, subrayó, corresponde siempre al agresor.
Más de 400 llamadas de auxilio al día
Entre el 1 y el 16 de septiembre, el centro nacional de atención a víctimas de violencia de género recibió 6.782 llamadas, una media de 424 diarias. La cifra supone un incremento del 21% respecto al mismo periodo de agosto. Solo el 16 de septiembre fueron atendidas 589 llamadas.
La crisis se desarrolla, además, dentro de país plagado de criminalidad. Sudáfrica registra una de las tasas de homicidio por habitante más altas del mundo y sus cuerpos policiales afrontan problemas de recursos y corrupción. Tan solo uno de cada diez asesinatos llegan a esclarecerse.
En Ekurhuleni, mientras tanto, las investigaciones continúan. Ya se han producido detenciones relacionadas con varios de los crímenes, aunque las autoridades no han establecido que exista un único responsable detrás de las once muertes. Ramaphosa ha prometido que los expedientes no quedarán abandonados.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.