Todo comenzó con la denuncia de una mujer por violencia de género. Tras el juicio, el hombre fue condenado a un año, nueve meses y un día de prisión por un delito de maltrato habitual. Sin embargo, el juez acordó suspender su ingreso en la cárcel durante dos años siempre que cumpliera una serie de condiciones.
Entre ellas figuraban no volver a delinquir, respetar la orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima, participar en un programa específico para agresores de violencia de género y completar 18 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito leve continuado de injurias y vejaciones.
Se negó a cumplir las condiciones
Pero el condenado decidió no cumplir dos de esas obligaciones. Según ha adelantado Diario Vasco, rechazó tanto participar en el programa de intervención para agresores como realizar los trabajos en beneficio de la comunidad. El Juzgado de lo Penal número 4 de San Sebastián entendió que ese incumplimiento era lo suficientemente grave como para revocar la suspensión de la pena y ordenar su ingreso en prisión, una decisión que ahora ha confirmado la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.
El hombre recurrió esa decisión alegando que el incumplimiento no había sido voluntario. La defensa sostuvo que, al ser de origen extranjero, no comprendía suficientemente el castellano y que nunca llegó a entender el alcance de las obligaciones que había asumido. También defendió que no había vuelto a delinquir y que el juzgado debería haber optado por medidas menos severas, como reforzar el seguimiento, adaptar el programa o prorrogar la suspensión.
La Audiencia rechaza sus argumentos
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa, sin embargo, descarta esa versión. Los magistrados recuerdan que durante toda la investigación y el juicio el condenado declaró asistido por un abogado sin necesidad de intérprete y sin manifestar dificultades para entender el idioma. Además, aceptó la conformidad alcanzada en el procedimiento y las condiciones impuestas para suspender la pena sin plantear objeción alguna.
La resolución añade que el Servicio Vasco de Gestión de Penas tampoco detectó problemas de comprensión cuando elaboró el plan de ejecución, adaptado a sus circunstancias personales, laborales y familiares. Por el contrario, el informe recoge que fue el propio condenado quien manifestó expresamente su negativa a realizar tanto el programa de intervención para agresores de violencia de género como las 18 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. Para la Audiencia, ese incumplimiento fue suficiente para revocar la suspensión de la condena y ejecutar finalmente la pena de prisión.
Así son los programas para maltratadores
Los cursos forman parte de las medidas que los jueces pueden imponer a los condenados por violencia de género para evitar su ingreso en prisión o como parte de su condena. El objetivo no es castigar de nuevo al agresor, sino reducir el riesgo de reincidencia trabajando las conductas, creencias y mecanismos que sostienen la violencia.
Eso es precisamente lo que hace Soledad Romero Maya, educadora social de la Asociación ALMA. Antes de incorporarse a un grupo, entrevista de forma individual a cada participante. Después comienza el trabajo colectivo, normalmente con grupos de entre diez y doce hombres de edades muy diferentes. La primera sesión, explica, suele ser previsible. “Todos son inocentes”. Unos sostienen que la denuncia es falsa, otros aseguran que las leyes están hechas contra los hombres y algunos afirman que el feminismo ha ido demasiado lejos. También reconoce que muchos la reciben con desconfianza y la identifican desde el primer momento con la imagen de una “feminista radical”.
A partir de ahí empieza un proceso que poco tiene que ver con una charla o una clase magistral. El primer objetivo es que asuman una responsabilidad ética por lo ocurrido. Solo después trabajan aspectos como la gestión de las emociones, los celos, la dependencia emocional, la agresividad o las creencias sobre las relaciones de pareja que han servido para justificar la violencia. “No puedes cambiar una conducta si antes no eres capaz de reconocerla”, resume.
“Van a volver a la sociedad y van a volver a relacionarse con mujeres”
Romero explica que uno de los mayores obstáculos es que muchos hombres ni siquiera identifican como violencia comportamientos por los que han sido condenados. El control constante sobre la pareja, las humillaciones, el aislamiento, la violencia psicológica o incluso obligar a mantener relaciones sexuales son conductas que algunos continúan justificando o minimizando cuando llegan al programa. Por eso las sesiones se apoyan en dinámicas participativas, debates y casos prácticos que les obligan a ponerse frente a su propia conducta y a las consecuencias que ha tenido para las víctimas y para sus hijos.
Uno de los momentos que más recuerda es la proyección del documental sobre Ana Orantes. Cuenta que, incluso entre hombres que habían llegado negando cualquier responsabilidad, aquella historia consigue romper muchas resistencias y generar empatía con la víctima. Es entonces cuando algunos empiezan a cuestionar por primera vez comportamientos que hasta ese momento habían considerado normales.
La educadora insiste en que estos programas no buscan mejorar la vida de los agresores, sino proteger a las mujeres con las que volverán a relacionarse cuando recuperen la libertad. “No pienso en la calidad de vida de estos hombres, pienso en salvar a mujeres. Van a volver a la sociedad y van a volver a relacionarse con mujeres”. Y lanza una reflexión: si solo se interviene con las víctimas y no con quienes ejercen la violencia, “¿qué hacemos con el origen del problema?”
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.