Hace apenas cinco días, 312 diputados votaron para que la ley de violencia vicaria siguiera adelante. El Congreso rechazaba así la enmienda a la totalidad presentada por Vox y permitía que una de las reformas más esperadas en materia de violencia machista continuara su tramitación. Este lunes, sin embargo, el adelanto electoral deja ese recorrido sin posibilidad de culminar.
La convocatoria anticipada de elecciones cierra una legislatura con varias reformas que afectan directamente a los derechos y la protección de mujeres, niños y niñas todavía pendientes. Y no todas estaban en el mismo punto. La ley de violencia vicaria y el blindaje constitucional del aborto se encontraban ya en el Congreso. La ley integral contra la trata y la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) ni siquiera habían llegado a las Cortes.
Con la disolución de las Cámaras, las dos primeras decaerán y tendrán que iniciar de nuevo su tramitación si se recuperan en la próxima legislatura. Las otras dos se quedan antes incluso de comenzar su recorrido parlamentario.
La violencia vicaria, a las puertas
La ley de violencia vicaria se encontraba en la Comisión de Igualdad, en fase de enmiendas. La reforma pretendía incorporar por primera vez una definición jurídica expresa de esta violencia a la Ley de Violencia de Género y llevarla también al Código Penal, incluyéndola expresamente dentro de la agravante por razón de género.
La definición iba más allá de los hijos e hijas e incluía también a otros familiares, personas allegadas o dependientes a quienes el agresor atacara con el propósito de causar sufrimiento a una mujer. Se reconocía así jurídicamente el uso de terceras personas como instrumento para ejercer violencia contra ella.
Pero algunos de los cambios con mayores consecuencias prácticas afectaban a la patria potestad, la custodia y las visitas. El proyecto contemplaba la privación de la patria potestad tras determinadas condenas por delitos graves cometidos contra los hijos o contra la mujer y reforzaba las restricciones cuando existiera violencia.
También establecía que la seguridad y el bienestar físico, psicológico y emocional de niños y niñas debían prevalecer en las decisiones sobre custodia compartida. Se trataba de trasladar el reconocimiento de la violencia vicaria a las decisiones que afectan directamente a la relación de los agresores con sus hijos.
El aborto se queda fuera de la Constitución
También había iniciado ya su tramitación parlamentaria el proyecto para blindar constitucionalmente el aborto. El Gobierno planteaba modificar el artículo 43 de la Constitución para establecer que los poderes públicos debían garantizar el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo “en condiciones de igualdad real y efectiva” y asegurar las prestaciones y servicios necesarios para hacerlo posible.
La iniciativa había superado uno de sus principales obstáculos. PP y Vox presentaron enmiendas para devolver el proyecto al Gobierno, pero el Congreso las rechazó el 30 de abril: 177 diputados votaron contra la devolución y 171 a favor. El texto continuaba desde entonces en la Comisión Constitucional.
El final de la legislatura no afecta a la actual regulación del aborto, que continúa vigente. Lo que queda sin aprobar es su protección constitucional. El objetivo de la reforma era reforzar este derecho frente a posibles retrocesos futuros y garantizar su ejercicio efectivo con independencia del lugar de residencia.
El Gobierno había puesto precisamente el foco en las diferencias entre comunidades autónomas en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública. Ese blindaje constitucional tendrá que volver a plantearse desde el principio si se quiere recuperar en la próxima legislatura.
La protección frente al porno tampoco llegará a aprobarse
También estaba ya en el Congreso el proyecto de ley para la protección de niños y niñas en los entornos digitales, que se encontraba en la Comisión de Justicia. La norma pretendía reforzar la protección de la infancia frente a contenidos perjudiciales en internet y uno de sus principales objetivos era dificultar el acceso de niños y adolescentes a la pornografía.
Para ello, contemplaba sistemas de verificación de edad que permitieran comprobar que quien accede a contenidos pornográficos es una persona adulta sin revelar su identidad. La ley abordaba además otros riesgos del entorno digital y reforzaba las obligaciones de protección de niños y niñas frente a contenidos y prácticas perjudiciales.
Con la disolución de las Cortes, este proyecto también decae y tendrá que comenzar de nuevo su tramitación parlamentaria si se recupera en la próxima legislatura.
La ley de trata vuelve a quedarse por el camino
Distinta era la situación de la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. Esta ni siquiera había llegado al Congreso. Seguía siendo un anteproyecto que debía completar su tramitación dentro del Gobierno antes de convertirse en proyecto de ley y ser remitido a las Cortes.
La norma pretendía construir una respuesta integral frente a todas las formas de trata y explotación, incluida la explotación sexual. El planteamiento no se limitaba a la persecución penal de los responsables: incorporaba medidas de prevención y detección, así como asistencia, protección y reparación para las víctimas.
Una de sus claves era precisamente desvincular la protección de la denuncia. El acceso a derechos y servicios especializados no debía depender de que las víctimas denunciaran a sus explotadores o colaboraran en un procedimiento penal. La protección debía comenzar desde la detección y no estar condicionada al recorrido judicial del caso.
El anteproyecto incorporaba además una perspectiva específica de género y de infancia y prestaba especial atención a las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, una de las formas de trata que afecta de manera desproporcionada a las mujeres.
La historia de esta ley, además, viene de lejos. El Gobierno recuperó en 2024 un anteproyecto que ya se había quedado sin aprobar al terminar la legislatura anterior. Este segundo intento tampoco ha conseguido alcanzar las Cortes.
La reforma de la LOPIVI tampoco llegó al Congreso
También seguía en fase de anteproyecto la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Aquí la distinción es importante: la LOPIVI aprobada en 2021 continúa plenamente vigente. Lo que queda sin aprobar es la reforma que el Gobierno había comenzado a tramitar este año.
El Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto en primera vuelta el 5 de mayo de 2026. Posteriormente pasó por el periodo de audiencia pública, pero no llegó a convertirse en proyecto de ley ni, por tanto, a entrar en las Cortes.
Entre sus principales cambios estaba garantizar que niños y niñas fueran escuchados en los procedimientos judiciales y administrativos que les afectaran independientemente de su edad. La reforma buscaba además reforzar su protección cuando existiera violencia dentro de la familia y establecía que su interés superior debía incluir el alejamiento de la persona que ejerce violencia.
Otro de sus ejes era reforzar la prohibición del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) y de sus reformulaciones. El anteproyecto pretendía impedir la utilización en procedimientos judiciales y administrativos de informes basados en este supuesto síndrome, empleado en algunos procesos de familia para atribuir a las madres una manipulación de sus hijos contra el padre.
La reforma incluía además una medida especialmente relevante para niños y niñas víctimas de violencia: permitir que recibieran atención psicológica con la autorización de un solo progenitor, evitando que la negativa del otro pudiera impedir el tratamiento.
La Paridad sí llegó al BOE
Frente a todas estas reformas pendientes, la Ley de Paridad sí consiguió completar su recorrido. Aprobada en 2024, estableció, entre otras medidas, las listas electorales paritarias y amplió las obligaciones de presencia equilibrada de mujeres y hombres en diferentes ámbitos de decisión política y económica.
El final anticipado de la legislatura deja así una fotografía clara: la Paridad llegó al BOE; la violencia vicaria y el blindaje constitucional del aborto se quedaron dentro del Congreso; la trata y la reforma de la LOPIVI ni siquiera consiguieron entrar.
Ninguna de estas reformas queda definitivamente enterrada. El próximo Gobierno podrá recuperarlas y las nuevas Cortes volver a debatirlas, pero su futuro dependerá de las mayorías que salgan de las urnas. Las que ya habían comenzado su tramitación parlamentaria no podrán retomarla donde la dejaron: habrá que empezar de nuevo.
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- Ana Redondo
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