Cuando un candidato político entra en un mitin, la elección musical nunca es inocente. Los altavoces llenan el silencio, pero también proyectan una emoción prestada. Un himno de rock puede sugerir épica obrera; una balada, esperanza; un clásico reconocible, nostalgia, patriotismo o rebeldía. La campaña intenta absorber algo que la canción ya tenía antes de llegar al escenario: una memoria compartida, una comunidad de oyentes y la credibilidad del artista.
El problema llega cuando el artista responde que esa emoción no estaba disponible para cualquiera. En el clima político actual, el uso de una canción en campaña puede terminar con un comunicado público, una disputa legal o una batalla simbólica. Lo que antes quizá se resolvía como una incomodidad entre managers y abogados ahora se discute en directo, con capturas, indignación y titulares.
Ocurrió en agosto de 2024, cuando el equipo de Donald Trump y JD Vance utilizó en un mitin de Bozeman, Montana, un vídeo de Céline Dion interpretando “My Heart Will Go On”. La respuesta del entorno de la cantante fue rápida y venenosa. El uso no estaba autorizado, Dion no avalaba al candidato y, además, quedaba la pregunta obvia: “¿De verdad, esa canción?”. La ironía era demasiado fácil. El tema de Titanic, usado para impulsar una campaña, parecía ofrecer su propio comentario.
El episodio formaba parte de una historia larga. La política estadounidense lleva décadas intentando apropiarse de canciones populares, a menudo con lecturas bastante torpes. En los ochenta, Ronald Reagan trató de acercarse al aura de Bruce Springsteen en plena fiebre de “Born in the U.S.A.”, una canción que muchos escuchaban como himno patriótico pese a su retrato amargo de un veterano abandonado. Con Trump, el choque se ha vuelto casi rutinario. Los Rolling Stones, Adele, R.E.M., Aerosmith, el legado de Prince y muchos otros han pedido en distintos momentos que su música dejara de sonar en actos vinculados al expresidente.
Algunos artistas han ido más lejos que la queja. Cuando Foo Fighters supieron que “My Hero” había sonado en un mitin de Trump para recibir a Robert F. Kennedy Jr., el grupo aclaró que no había dado permiso y anunció que donaría los royalties derivados de ese uso a la campaña de Kamala Harris y Tim Walz. The White Stripes llegaron a presentar una demanda federal por el uso de “Seven Nation Army” en un vídeo de campaña, aunque después la retiraron sin cerrar del todo la puerta a retomarla.
La fricción nace de una zona legal más compleja de lo que parece. En Estados Unidos, una campaña puede necesitar licencias de comunicación pública gestionadas por entidades como ASCAP o BMI, y el uso de una canción en vídeos o anuncios exige permisos distintos. Aun así, el conflicto rara vez se agota en el copyright. Muchos artistas no discuten solo si una campaña pagó o no por usar una canción. Discuten qué sugiere ese uso. Si un tema suena una y otra vez como entrada de un candidato, parte del público puede leerlo como un apoyo implícito, una afinidad o una bendición cultural.
Ahí aparece la verdadera pelea. Para el oyente, una canción no es un simple archivo de audio. Está cargada de biografía, recuerdos, valores y afectos. Cuando suena en un mitin, esos significados se desplazan. El político intenta convertirlos en capital propio. El artista intenta impedir que su obra sea realineada a la fuerza.
Pero hoy una canción ni siquiera necesita sonar en un mitin para entrar en una guerra cultural. También basta un repost, una historia de Instagram, una camiseta o una celebración deportiva. Las polémicas de Rosalía y Patti Smith tras la final del Mundial entre España y Argentina lo mostraron con una claridad casi absurda. Rosalía compartió un vídeo de Mia Khalifa celebrando la victoria española con “La Perla” de fondo y un texto que muchos usuarios argentinos leyeron como una burla. La cantante borró la publicación y pidió disculpas, asegurando que la había compartido por la canción y que no había leído bien el mensaje. Aun así, hubo llamadas al boicot de sus conciertos en Buenos Aires y se canceló en Córdoba un concierto homenaje independiente a su obra.
A Patti Smith le ocurrió algo parecido después de celebrar a España como “los buenos”. Muchos usuarios argentinos interpretaron la frase como un ataque a su selección y la artista terminó borrando la publicación. Después compartió una imagen de Lionel Messi y explicó que nunca había querido faltar al respeto a Argentina. La escena roza la caricatura, pero dice mucho del momento: incluso una victoria deportiva puede convertir a un músico en sospechoso de haber elegido mal su bando.
Las elecciones estadounidenses de 2024 llevaron esa fusión entre pop y política a otro nivel. La campaña de Kamala Harris abrazó la estética Brat después del tuit viral de Charli xcx, que escribió “kamala IS brat” sin intención de lanzar una gran tesis política. La frase bastó para que una candidatura presidencial se tiñera de verde lima durante unos días y para que comentaristas adultos intentaran explicar, con desigual fortuna, qué significaba exactamente ser brat. Harris también utilizó “Freedom”, de Beyoncé, con autorización de la artista, una elección que conectaba su campaña con una idea de emancipación, energía y avance colectivo.
Trump, en cambio, ha seguido apoyándose en una banda sonora de patriotismo, nostalgia y espectáculo popular. “God Bless the U.S.A.”, de Lee Greenwood, funciona como himno explícito del excepcionalismo estadounidense. “Y.M.C.A.”, de Village People, ocupa un lugar más extraño. La canción ha sido adoptada durante décadas por la cultura LGTBIQ+, aunque su coautor y cantante, Victor Willis, rechaza que fuera escrita como himno gay. Tras quejas y amenazas de retirada, Willis acabó permitiendo su uso por Trump y reconoció que la exposición había beneficiado comercialmente al tema. El caso resume muy bien la contradicción: una canción puede ser apropiada por públicos distintos, disputar su propio significado y ganar dinero precisamente por la polémica que genera.
La música popular siempre ha tenido una dimensión política, incluso cuando se presentaba como pura evasión. Lo que ha cambiado es la velocidad del juicio. Una canción usada en un vídeo de trece segundos, una entrada a un mitin, un apoyo deportivo o un tuit ligero pueden convertirse en prueba de cargo antes de que termine el primer estribillo. El público ya no escucha solo qué suena, sino quién lo usa, contra quién, con permiso de quién y qué silencio deja detrás.
Por eso la neutralidad empieza a parecer una fantasía difícil de sostener. Para los artistas, la batalla consiste en conservar cierto control sobre el significado público de su obra. Para los políticos, la música ofrece un atajo hacia el corazón del votante. Para los fans, cada gesto se interpreta como señal de pertenencia, traición o coherencia. La banda sonora de la vida pública ya no queda al fondo. Suena en primer plano, amplificada por la sospecha, el deseo de identificación y la velocidad de las redes. En ese ruido, puede que la música ya no vuelva a sonar neutral.