El Ministerio del Interior prepara una reforma del sistema de destinos de la Guardia Civil que concederá al ministro Fernando Grande-Marlaska una nueva capacidad para prolongar la permanencia de determinados agentes y mandos más allá de los límites ordinarios fijados por el reglamento.
La medida aparece incluida en un proyecto de real decreto que todavía se encuentra en fase de tramitación. El texto modifica el Reglamento de Destinos aprobado en 2019 y forma parte de un paquete más amplio de cambios sobre vacantes, concursos, incorporaciones urgentes y gestión de personal.
La novedad más controvertida se concentra en el artículo 67. El borrador mantiene los periodos máximos actuales, pero introduce una excepción que permitirá al titular de Interior ampliarlos directamente. La norma no señala cuánto podría durar esa prórroga ni enumera las circunstancias concretas que justificarían su aplicación.
Qué permite exactamente la reforma de Marlaska
El proyecto establece que los destinos correspondientes a oficiales generales y oficiales de la Guardia Civil se asignarán durante un periodo mínimo de un año y máximo de dos. Para el resto de los empleos, la permanencia mínima será igualmente de un año, aunque el límite ordinario se elevará hasta los cuatro.
La modificación aparece inmediatamente después de estos plazos. “No obstante, con carácter excepcional, el Ministro del Interior podrá prorrogar los tiempos máximos de permanencia referidos en el párrafo anterior”, señala literalmente el borrador.
La frase concede a Marlaska la posibilidad de mantener en su puesto a un oficial general cuando alcance los dos años previstos o prolongar también la permanencia de otros efectivos una vez superado el máximo de cuatro.
La competencia no queda reservada exclusivamente a la cúpula del instituto armado. Aunque afecta de forma especialmente relevante a los mandos, la redacción incluye todos los empleos comprendidos en el apartado.
Una excepción sin plazo adicional definido
El principal interrogante reside en los límites de esta nueva facultad. El proyecto utiliza la expresión “con carácter excepcional”, pero no desarrolla qué situaciones tendrán esa consideración.
Tampoco establece un máximo adicional de meses o años. El articulado no precisa si una prórroga podrá aprobarse una sola vez, si podrá renovarse sucesivamente ni qué informes deberán acompañar la decisión del ministro.
Esa ausencia de criterios abre la puerta a que la aplicación práctica dependa de la motivación incluida en cada resolución. Como cualquier decisión administrativa, deberá respetar la legalidad y podrá ser recurrida, pero el reglamento no incorpora una lista cerrada de causas que limite previamente la discrecionalidad política.
La medida podría justificarse por la necesidad de completar una operación, garantizar la continuidad en una unidad sensible o evitar una vacante en un momento de especial complejidad. Sin embargo, ninguno de esos escenarios aparece expresamente recogido en el borrador.
Por qué afecta especialmente a los mandos
Los destinos de los oficiales generales y oficiales tienen un componente estratégico dentro de la Guardia Civil. Entre ellos se encuentran puestos de dirección, mando territorial, coordinación operativa y responsabilidad en unidades especializadas.
El límite de dos años favorece la rotación y evita que determinados cargos permanezcan indefinidamente ligados a una misma responsabilidad. La nueva excepción permitiría conservar a un mando más allá de ese periodo cuando Interior considere que existen razones suficientes.
La posibilidad tiene una doble lectura. Por un lado, puede aportar estabilidad y evitar relevos inoportunos en operaciones complejas. Por otro, concentra en el ministro la capacidad de prolongar puestos especialmente sensibles sin que el reglamento detalle criterios objetivos y homogéneos.
La polémica no deriva tanto de la existencia de una prórroga como de la amplitud con la que está redactada. El texto otorga la facultad, pero deja para cada decisión posterior la explicación de sus motivos y duración.
La reforma va mucho más allá del artículo 67
Interior presenta el proyecto como una actualización general del sistema de destinos. El Ministerio sostiene que la experiencia acumulada desde 2019 aconseja introducir cambios para acelerar los procedimientos, cubrir vacantes con mayor eficacia y adaptar la normativa a las necesidades actuales del servicio.
Entre las novedades figura la ampliación de las llamadas “vacantes cero”, aquellas que surgen como consecuencia de otros movimientos de personal. También se modificará el orden de adjudicación para agrupar concursos de méritos y destinos por antigüedad.
El borrador permitirá además que determinados agentes de nuevo acceso reciban destino sin una nueva publicación previa cuando existan razones operativas u organizativas debidamente motivadas y las plazas hayan quedado desiertas en convocatorias anteriores.
También se introduce una incorporación urgente a ciertos destinos, con un plazo mínimo de cinco días hábiles, y una modalidad temporal para puestos de especialistas que requieren una titulación civil previa.
Interior defiende más eficacia, transparencia y conciliación
El Ministerio afirma que la reforma busca reforzar la equidad, la objetividad y la transparencia en la asignación de destinos de la Guardia Civil. El proyecto incorpora medidas relacionadas con la conciliación familiar y amplía los derechos preferentes para integrantes de unidades sometidas a especiales condiciones de responsabilidad o penosidad.
La Unidad Especial de Intervención se suma, por ejemplo, a las unidades cuyos miembros podrán obtener determinadas preferencias después de cinco años de servicio continuado. También se crean coeficientes para valorar de forma distinta el tiempo trabajado en territorios donde existan dificultades para cubrir puestos.
El llamado “decretazo” de Marlaska es, por ahora, solamente un proyecto. La facultad excepcional no podrá utilizarse hasta que el real decreto sea aprobado, publicado y entre en vigor, algo que el propio borrador sitúa veinte días después de su publicación en el BOE.
Hasta entonces, la discusión se centrará en si la continuidad operativa justifica una excepción tan abierta o si Interior debería concretar mejor las causas, los plazos y los controles antes de reservar al ministro la última palabra sobre la permanencia de los mandos.