La publicación de una alerta oficial con la primera gran estimación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha provocado el primer cese conocido dentro de la Administración central por la gestión informativa de la crisis. Moncloa ha apartado de su puesto a la funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional responsable de las comunicaciones del organismo después de que difundiera que 49.000 personas habían accedido irregularmente a la ciudad autónoma.
La decisión fue adoptada por la directora del Departamento de Seguridad Nacional, la general Loreto Gutiérrez Hurtado, y comunicada a la trabajadora cuando se encontraba de vacaciones. Según las informaciones conocidas, el relevo tuvo efectos inmediatos desde el 1 de agosto y la afectada únicamente pudo regresar posteriormente a su despacho para recoger sus pertenencias.
Según informa El Confidencial, Moncloa atribuye la medida a una “pérdida de confianza”. Sin embargo, el episodio ha abierto un debate sobre el control político de la información durante una emergencia, ya que el dato difundido procedía de Interior y terminó quedándose incluso por debajo de estimaciones posteriores.
La alerta que adelantó la magnitud de la crisis
El detonante fue una comunicación publicada durante la mañana del viernes 31 de julio en los canales oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. El texto señalaba que unas 49.000 personas habían entrado irregularmente en Ceuta a través del entorno del Tarajal durante las horas anteriores.
La alerta atribuía expresamente la cifra al Ministerio del Interior. Su aparición supuso la primera confirmación procedente de un organismo estatal de que la crisis había alcanzado una dimensión muy superior a la inicialmente reconocida por las autoridades.
Agencias nacionales e internacionales recogieron rápidamente la información. Reuters, entre otros medios, incorporó el balance a sus noticias antes de las diez de la mañana. Poco después, el contenido desapareció de la página del Departamento de Seguridad Nacional.
La retirada no impidió que la cifra se extendiera. Durante el resto de la jornada, otros balances oficiales elevaron todavía más el número de entradas, lo que confirmó que el problema no estaba necesariamente en la exactitud del dato, sino en su publicación antes de que existiera una posición coordinada del Gobierno.
Una información considerada prematura por Moncloa
Las fuentes que explican en ABC el cese sostienen que los responsables políticos consideraron precipitada la difusión de una cifra provisional de semejante magnitud. La funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional habría publicado un dato procedente de un informe interno sin contar con la autorización necesaria para convertirlo en una comunicación pública.
En una crisis de seguridad nacional, los datos atraviesan diferentes niveles de validación antes de ser divulgados. No solo se comprueba su fiabilidad. También se coordinan los mensajes entre Interior, Presidencia, Exteriores y las administraciones directamente implicadas.
El adelanto rompió esa secuencia y dejó al Ejecutivo reaccionando ante una cifra publicada por uno de sus propios organismos. La información mostraba además que la frontera había quedado desbordada y que la entrada era ya varias veces superior a la crisis vivida en mayo de 2021.
La explicación oficial conocida se limita a la pérdida de confianza. Por ahora no se ha hecho público un expediente disciplinario ni una investigación administrativa que determine si existió una infracción concreta de los protocolos internos.
No ha perdido su condición de funcionaria
El término despido necesita una precisión. La afectada no ha sido expulsada de la función pública, sino cesada en el puesto que ocupaba temporalmente en Presidencia del Gobierno. Como empleada civil vinculada al Ministerio de Defensa, conserva su plaza y debería reincorporarse a su Administración de origen.
Lo extraordinario reside en la forma. Según las fuentes consultadas por distintos medios, lo habitual cuando un funcionario abandona un destino en Moncloa es acordar previamente su regreso, establecer los plazos y coordinar la incorporación con el ministerio correspondiente.
En este caso, el cese se habría producido mediante una llamada telefónica durante sus vacaciones y sin que Defensa hubiese organizado previamente su nuevo destino. La consecuencia inmediata sería una situación administrativa provisional y una pérdida de las retribuciones asociadas al puesto en el DSN.
Tampoco consta públicamente que la trabajadora haya tenido la oportunidad de ofrecer su versión antes de ser relevada. Esta circunstancia alimenta las críticas sobre la rapidez de la decisión y sobre la ausencia de un procedimiento contradictorio conocido.
Qué es el Departamento de Seguridad Nacional
El Departamento de Seguridad Nacional depende del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y asesora al jefe del Ejecutivo en materias relacionadas con riesgos, amenazas y gestión de crisis. También elabora informes de situación y distribuye alertas informativas sobre acontecimientos relevantes.
Su trabajo exige manejar datos procedentes de ministerios, Fuerzas de Seguridad, servicios de inteligencia y organismos internacionales. La dirección corresponde desde 2023 a Loreto Gutiérrez Hurtado, general de brigada del Ejército del Aire y del Espacio.
Precisamente por su posición dentro de Moncloa, una comunicación del DSN posee un valor institucional superior al de una estimación difundida de manera informal. La alerta sobre Ceuta fue interpretada como el reconocimiento oficial de que la crisis se había descontrolado.
Una nueva controversia sobre la gestión de Ceuta
El cese se incorpora a las discrepancias que rodean la respuesta del Gobierno. Durante los primeros días circularon balances diferentes sobre las entradas, los retornos, los fallecidos y las advertencias recibidas antes de que comenzara la avalancha.
La portavoz del Ejecutivo ha sostenido que ningún informe de inteligencia anticipó la verdadera dimensión de la crisis, mientras otras informaciones señalan que diferentes organismos habían advertido de un riesgo creciente. Esa falta de una versión única ha aumentado la atención sobre la manera en que Moncloa gestionó los datos.
La salida de la funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional no resuelve esas dudas. Al contrario, plantea una cuestión más incómoda: si fue relevada por publicar una cifra falsa, por divulgar información reservada o simplemente por hacer pública demasiado pronto una realidad que el Gobierno todavía no estaba preparado para reconocer.
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