Desde la avalancha humana registrada la semana pasada en la frontera hispanoeuropea de Ceuta, la tensión no deja de aumentar entre veintidós Estados miembros de la Unión Europea y el Gobierno de Pedro Sánchez. El motivo es su política migratoria, que va a contracorriente de la seguida por la mayoría de los Estados europeos, y en particular la gestión de una regularización masiva y del “asedio” repentino de miles de personas contra la frontera entre la UE y Marruecos en Ceuta.
Aunque Sánchez finge ignorar los hechos, sus homólogos, informados por sus respectivos servicios de inteligencia, conocían lo que se estaba preparando desde Rabat. Una afluencia de tal magnitud de hombres, mujeres y niños no se improvisa. El CNI había advertido de ello y no fue escuchado.
Precisamente por esta razón, numerosas cancillerías europeas solicitaron una reunión urgente este martes para encontrar una solución diplomática y política a una cuestión migratoria que exige una respuesta común y no unilateral, como sostiene Sánchez. La crisis entre España y (casi) el resto de la UE tiene ya un nombre: Ceuta.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intenta rebajar la tensión mediante una carta dirigida a Sánchez, que previamente había sido leída y validada por los demás jefes de Gobierno en un contexto de tensiones exacerbadas. Esta carta responde a la que recibió el sábado por parte de Sánchez, en la que denunciaba los “prejuicios” y el egoísmo de sus homólogos europeos.
Al mismo tiempo, en otra carta coordinada por Giorgia Meloni y Mette Frederiksen (esta última perteneciente incluso a la misma familia política que Sánchez), veintidós dirigentes de Estados de la UE instaron a España a gestionar mejor la frontera exterior de la Unión y criticaron explícitamente la política favorable a la inmigración promovida por Sánchez.
Ante las imágenes de decenas de miles de personas entrando ilegalmente en este territorio desde Marruecos, varios Estados miembros, encabezados por Italia, Finlandia y Dinamarca, reclamaron rápidamente la suspensión de España del espacio Schengen. Una petición políticamente explosiva y jurídicamente imposible a la luz del Derecho europeo, que provocó la indignación de Madrid.
En los pasillos de Bruselas y de las distintas cancillerías europeas se interpretaron las intenciones electoralistas del presidente del Gobierno español: ampliar su base de nuevos votantes. La diplomacia europea de Ursula von der Leyen elogió, no obstante, la manera en que Pedro Sánchez había “gestionado de forma eficaz y eficiente” la llegada de 60.000 migrantes a Ceuta, aunque cabe preguntarse: ¿qué gestión? A la vez, subrayó que este episodio pone de manifiesto la necesidad de reforzar la política migratoria de la UE.
El equilibrismo de Von der Leyen
Tratando de encontrar un equilibrio con los demás Estados, Von der Leyen se hizo eco de las preocupaciones expresadas por los líderes nacionales, afirmando que esta crisis debe servir como catalizador para reforzar los controles migratorios dentro de la Unión. Destacó cinco ámbitos concretos de mejora: una cooperación más estrecha con las autoridades locales, el refuerzo de las fronteras exteriores de la UE, la implantación de sistemas de alerta temprana, el desmantelamiento de las redes de tráfico de personas y una expulsión más rápida de los migrantes.
Si la presidenta de la Comisión busca un equilibrio con los Estados miembros, también intenta mantenerlo con el régimen de Rabat, presentando a Marruecos como un socio estratégico de gran importancia, especialmente en la lucha contra el tráfico de migrantes y la inmigración irregular. La UE podría contemplar incluso un aumento de su “apoyo financiero” a Marruecos. No obstante, sin mencionar directamente a este país, también advirtió de que la Unión no aceptará que la migración sea utilizada como instrumento de presión contra un Estado miembro.
Este martes, los veintisiete intentarán extraer lecciones de la crisis de Ceuta y trabajar en una “respuesta europea común” frente a los desafíos de la inmigración irregular. Conviene reconocer que, en los últimos meses, Bruselas ya ha endurecido significativamente sus normas migratorias, autorizando entre otras medidas que los Estados miembros envíen a solicitantes de asilo rechazados a centros situados fuera de las fronteras de la Unión, los conocidos “centros de retorno“.
Von der Leyen subraya que la protección del conjunto de las fronteras exteriores de la UE constituye una responsabilidad europea “compartida”. Compartida entre la Unión y sus Estados miembros, y compartida también entre los propios Estados miembros, incluida la España de Sánchez.
Sin embargo, aunque puedan reprochársele muchas cosas a Sánchez, la Unión Europea también debe “hacer examen de conciencia”. En efecto, la externalización de la gestión fronteriza hacia determinados terceros Estados, promovida por la Comisión, expone a la UE y a sus Estados miembros a constantes presiones y chantajes políticos. En Marruecos, las ayudas financieras proporcionadas por la Unión a cambio de cooperación en materia de flujos migratorios contribuyen a sostener un régimen cuestionado por una parte de la juventud debido a la falta de reformas y de perspectivas de futuro.
España, Italia, Grecia y la propia Comisión evitan criticar abiertamente a los regímenes de Marruecos, Túnez y Libia por temor a represalias migratorias. Difícilmente puede considerarse esto una demostración de soberanía europea. La crisis de Ceuta se ha transformado en una crisis de la Unión Europea.