La compensación económica por el despliegue extraordinario en Ceuta abre un nuevo frente dentro del dispositivo de seguridad. Las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas reclaman que los militares que llevan más de un mes participando en las calles de la ciudad autónoma reciban un reconocimiento económico equivalente al concedido a policías nacionales y guardias civiles.
La petición llega después de que Interior concretara una gratificación extraordinaria para los agentes movilizados durante la crisis iniciada el 30 de julio. En el caso de la Guardia Civil, las asociaciones han sido informadas de un complemento de 100 euros diarios para quienes realizan tareas operativas y 45 euros para funciones administrativas.
Defensa ya cuenta, además, con dinero reservado para retribuir el esfuerzo militar. El último paquete aprobado por el Gobierno incluye más de 30 millones de euros específicamente destinados a productividad y gratificaciones del personal.
Más de 30 millones para gratificaciones y productividad militar
El Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros para responder a la crisis de Ceuta reserva 74,03 millones de euros adicionales al Ministerio de Defensa.
La mayor parte servirá para asumir los costes extraordinarios provocados por el despliegue: combustible, alimentación, vestuario, comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, inversiones militares y otras necesidades logísticas.
Pero dos partidas tienen especial importancia para las Fuerzas Armadas: 9 millones de euros para productividad y otros 21,53 millones para gratificaciones.
El propio Gobierno reconoce en la norma que los militares han desarrollado actuaciones extraordinarias desde el inicio de la emergencia y que ese esfuerzo requiere financiación adicional para compensar al personal.
Los militares quieren las mismas condiciones
La cuestión pendiente es cómo se repartirá ese dinero.
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) lleva desde agosto reclamando a la ministra Margarita Robles que los efectivos destinados o desplegados en Ceuta sean compensados “en igualdad de condiciones” con Policía Nacional y Guardia Civil.
La asociación considera que no estaría justificado establecer diferencias entre profesionales que han participado simultáneamente en un dispositivo extraordinario y bajo unas condiciones especialmente exigentes.
“Los militares han desempeñado y desempeñan un papel esencial en la defensa de la integridad territorial, el control de fronteras y el apoyo a las instituciones del Estado en Ceuta”, sostiene AUME.
Policías y guardias civiles ya conocen su gratificación
Interior también ha recibido fondos extraordinarios. El BOE reserva exactamente 7,138 millones de euros para gratificaciones de la Policía Nacional y 4,836 millones para las de la Guardia Civil.
En el caso del instituto armado, las asociaciones profesionales han informado de un modelo con dos niveles: 100 euros diarios para el personal encargado de labores operativas y 45 euros para quienes trabajan en funciones burocráticas o administrativas relacionadas con el dispositivo.
Las asociaciones de las Fuerzas Armadas quieren ahora conocer si Defensa aplicará un sistema similar y qué efectivos tendrán derecho a recibir las cantidades habilitadas por el Gobierno.
El BOE garantiza el dinero, pero no determina cuánto cobrará individualmente cada militar.
Más de 3.000 militares han participado en Ceuta
El despliegue militar comenzó durante la tarde del 30 de julio después de que la Delegación del Gobierno solicitara colaboración a Defensa.
Margarita Robles confirmó posteriormente en el Congreso que más de 3.000 militares estaban desplegados en Ceuta, principalmente pertenecientes a la propia Comandancia General, reforzada además por unidades procedentes de Canarias y Baleares.
Sus funciones han incluido patrullas de vigilancia y presencia, apoyo a la Guardia Civil en el perímetro fronterizo, prevención de asentamientos y colaboración en la organización y conducción de grupos de migrantes.
El dispositivo se ha prolongado durante todo agosto y continúa activo en septiembre.
Las agresiones elevan la presión sobre Defensa
La reivindicación económica coincide además con varios episodios de violencia contra patrullas de las Fuerzas Armadas.
A finales de agosto, un grupo de entre 30 y 40 personas atacó con piedras un vehículo militar en Benzú. Cinco militares resultaron heridos y doce personas fueron detenidas.
Dos días después se produjo un nuevo incidente en El Chorrillo que terminó con cuatro detenidos y otro militar herido leve.
Asociaciones como ATME han utilizado estos episodios para reclamar más protección jurídica, mejores medios materiales y apoyo psicológico para los militares sometidos durante semanas a un entorno de elevada tensión.
El siguiente paso depende ahora de Defensa
El problema, por tanto, ha cambiado respecto a las primeras semanas de la crisis. Ya no se trata de determinar si habrá dinero para reconocer económicamente el despliegue militar: el Gobierno ha reservado más de 30,5 millones entre productividad y gratificaciones.
La incógnita es cómo distribuirá Defensa esas cantidades, qué personal tendrá derecho a percibirlas y si el Ministerio utilizará criterios comparables a los establecidos para Policía Nacional y Guardia Civil.
Ese es ahora el centro de la reclamación. Las asociaciones militares consideran que quienes han patrullado las mismas calles, soportado la misma situación excepcional y participado en el mismo operativo no deberían recibir un reconocimiento inferior únicamente por pertenecer a las Fuerzas Armadas.