El Gobierno se resiste a reconocer formalmente que, tampoco este año, será capaz de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE 2025) en el Congreso de los Diputados. En el último Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, esquivó la pregunta. ¿Asume el Gobierno oficialmente que no habrá presupuestos este año? “Sobre los presupuestos, ya saben que a nosotros nos gusta jugar hasta el último minuto del partido. Jugamos siempre la partida hasta el final y siendo perfectamente conscientes de cuál es nuestra realidad parlamentaria. Nos gusta sudar la camiseta hasta el final”.
Amparado en el bloqueo presupuestario, el PSOE mantiene paralizada la agenda social de su socio de Gobierno. “Hay que cuidar al Gobierno de coalición y apostar por un giro social, sin distracciones, fuera del ruido y de las cloacas”, afirmó ayer Yolanda Díaz en declaraciones a Al Rojo Vivo. En ese giro social, además de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, hay dos medidas incluidas en el acuerdo de coalición que siguen sin cumplirse: la ampliación del permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y los permisos parentales retribuidos de un mínimo de cuatro semanas para el cuidado de menores de 8 años.
Vamos a garantizar que las jornadas laborales se cumplen y las horas extras se pagan.
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 5 de junio de 2025, 14:31
Voluntad política
¿Qué pasa con estas medidas si no hay presupuestos? Díaz lo tiene claro: “Sí, es una cuestión de voluntad política y Sumar lo tiene claro. La gente quiere más derechos y, aunque no haya presupuestos, se pueden hacer políticas públicas”. En este contexto, la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas es la iniciativa que parece más difícil de sacar adelante en este momento.
En el polo opuesto, los permisos parentales retribuidos de al menos cuatro semanas podrían ser la primera medida en ver la luz. A su favor cuenta con la presión de Bruselas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha abierto expediente a España por el incumplimiento de esta medida, una obligación prevista en la Directiva Europea de Conciliación.
Riesgo de una multa de 43.000 euros
Desde el 2 de agosto de 2024, cada día que pasa sin transponer esta medida, España se arriesga a una multa de 9.760 euros diarios. Ahora, esta sanción suma ya más de diez millones de euros. Sin embargo, la inacción del Ejecutivo anticipa que el coste de no trasladar la norma a la legislación nacional puede ser aún mayor. Según advirtió Yolanda Díaz, a partir de agosto “nos va a costar 43.000 euros diarios”.
La titular de Trabajo se refería así a la propuesta de sanción de la Comisión Europea, en caso de que finalmente haya una sentencia condenatoria, que se vería agravada con una multa coercitiva diaria de 43.920 euros por cada día de retraso en la transposición, contados desde la fecha en que se dicte la sentencia del TJUE hasta la completa transposición de la Directiva.
Mutis de Hacienda
Desde el Ministerio de María Jesús Montero, se guarda silencio en relación con cómo dar respuesta a estos compromisos pactados y si existe alguna negociación con Trabajo al respecto. Preguntado por este medio, fuentes de este departamento remitieron a las declaraciones de la ministra portavoz sobre los presupuestos. Para Trabajo, incluso dentro de un marco de prórroga presupuestaria —como se ha hecho para otras materias— hay posibilidades de establecer partidas que respalden “estos derechos que no podemos posponer durante más tiempo”.
Esta exigencia coincide con un crecimiento de la recaudación fiscal a doble dígito. Entre enero y abril, la recaudación tributaria aumentó un 10,1 %, hasta 107.177 millones de euros, frente a los 97.339 millones del mismo periodo en 2024. El grueso de este incremento provino de los ingresos homogéneos del IRPF, que representan casi el 50 % del total (49.773 millones). A su vez, el IVA —la otra gran fuente de ingresos del Estado— creció un 8,9 % en los mismos términos, hasta 40.672 millones, al igual que los impuestos especiales (7.275 millones, un 7,7 % más).
El IMV y la prestación por crianza
En la agenda social de Sumar —aunque no forma parte del pacto de Gobierno— está también la prestación universal por crianza. Díaz insistió ayer en que no tiran la toalla: “Vamos a seguir insistiendo en esta medida porque es una medida eficaz para reducir la desigualdad y la pobreza en España”. A su favor, el triste récord de España como el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. Según el informe de la European Anti-Poverty Network (EAPN), el 29,2 % de niñas, niños y adolescentes está en situación de pobreza, lo que supone 2,3 millones de menores vulnerables.
Cuando se cumplen cinco años de la implementación del Ingreso Mínimo Vital, el socio minoritario advierte que no está funcionando: “Llevamos muchos años diciéndolo en el Gobierno: hay que modificar este ingreso mínimo para eliminar estas barreras administrativas y facilitar su acceso. Esto forma parte del acuerdo de Gobierno”, aseguraba la vicepresidenta en un acto para presentar el Plan de Empleo para el pueblo gitano. Para reforzar el conocimiento de esta prestación y mejorar su alcance, el Ejecutivo estrenará el próximo lunes, 9 de junio, la campaña informativa Llegar.
Permiso de nacimiento
En este contexto, la ampliación del permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas es la medida que tiene menos opciones de prosperar este año. El permiso parental para cuidado de menor podría ser la primera en vez la luz. Y no solo gracias a Bruselas, sino también por la vía judicial. Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca ha dictado la primera sentencia firme en España que reconoce el derecho de una trabajadora al disfrute del permiso parental de ocho semanas retribuido.
¿Qué quedará en el cajón en 2025?